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  EL MOVIMIENTO OBRERO EN LATINOAMÉRICA*
 
Ricardo Melgar Bao
 
 
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN AL TEMA
 
 
 
 
En América latina de todas las influencias ideológicas del movimiento obrero y socialista europeo, las que mantuvieron  mayores vínculos con los núcleos metropolitanos  fueron los que proporcionaron  los proyectos de colonización  y las que intentaron erigirse  en filiales de la primera internacional. En la mayoría  de los casos fueron  experiencias  de inmigrantes  que no dejaron  mayor huella en las tradiciones  nacionales del movimiento obrero. Su importancia  radicó  en que tradujo las contradictorias  expectativas  y el quehacer divergentes  de la primera generación de internacionalistas en América Latina.
 
 
El utopista inglés Robert Owen, en fracasar en sus gestiones  ante el gobierno mexicano para hacer de Texas  el escenario de su utopía, decidió recurrir a  la compra de 30. 000 acres  de tierras en Indiana, territorio norteamericano. Allí fundó Owen  la comunidad de New Harmony. Este experimento utopista  devino en paradigmático; muy pronto muchos otros fundador también sus comunas den Nueva York, Ohio, Pensylvania y  Tennessee. Doce comunas a lo largo de tres años (1824-1826) lucharon estoicamente pero infructuosamente por sacar adelante  el sueño owenistas. Durante más de dos décadas, las dos americas no volvieron  a reeditar  experiencias  análogas, hasta que una nueva fiebre de utopismo colonizador sacudió  nuevamente el movimiento obrero  Europeo y repercutió en México, Brasil, Paraguay, así como en los Estados Unidos.
 
 
El florecimiento de los proyectos utopistas se logró hacia el medio  siglo anterior del movimiento obrero Europeo. Para ese tiempo ya era evidente la gradual supremacía  de la gran empresa  industrial  sobre la pequeña empresa y sobre la manufactura. La socialización de la producción  era un hecho  objetivamente reconocido, al igual  que el paro  forzoso  de un sector  del proletariado. Sobre estas premisas estructurales se comenzaron a discutir diversas expresiones políticas sobre la propiedad, la distribución  y la organización social.
 
 
En la segunda mitad del siglo XIX  las migraciones de trabajadores europeos hacia Australia. Estados Unidos. Argentina. Brasil y Uruguay se desarrollaron en oleadas progresivas y ascendentes. Las migraciones de este tipo fueron una especie de válvula de escape a las grandes tensiones sociales por el desarrollo capitalista pero también por la crisis económica y política europea. La expulsión inducida o coactiva de fuerza de trabajo excedente no podía dejar de generar contrapuestas de clase como las formuladas por este peculiar tipo de pioneros y utopistas obreros y campesinos a los que nos estamos refiriendo. Facilitó esta migración trasatlántica las leyes de colonización de estas repúblicas del nuevo continente u Oceanía  que adolecían de importantes vacíos demográficos.
 
 
Las motivaciones de los migrantes  eran bastante terrenales, deseban escapar de la miseria económica, el desempleo, la frustración social  y la represión política. Acrecentaban los estímulos de cooptación  gubernamental de los países latinoamericanos  el hecho de que se pudiesen  atraer fuerza de trabajo, blanca y calificada.
 
 
Para los gobiernos latinoamericanos no se trataba únicamente de poblar  los territorios vacíos, sino además, de mejorar la raza. Blanquear América fue unos de los objetivos de las oligarquías  criollas, influidas  por los prejuicios  de casta que legó la dominación colonial, pero remozados  y legitimados por ciertas variantes ideológicas de moda: el social-darwinismo y cierta vertiente del positivismo.
 
 
Para los utopistas, corriente política  que se afirma y justifica durante la gran marcha trasatlántica, operan como motivaciones específicas: la posibilidad  de que el nuevo mundo les ofreciera menos obstáculos al cambio de ideas, métodos y costumbres que en la vieja  Europa eran objeta de censura, si no de represión. Además, la posibilidad de cristalizar  sus proyectos comunitarios podrían jugar el papel de efecto-demostración  a distancia y orientar  a las buenas gentes  de sus países  de origen sobre el camino a seguir. Algunos utopistas creían fértil  para la formación  de comunas  en América la existencia de tradiciones indígenas para la formación de corte colectivista. Se había idealizado la experiencia  de los jesuitas en Paraguay, así como los callpullis mexicas y ayllus andino.
 
 
Por último, los utopistas eran concientes de que en América tendrían que jugar el rol  de pioneros en la lucha  por el  dominio  de la naturaleza, pero que la estrategia  de esta lucha podría  ser pautada  exitosamente  por sus propios proyectos  comunitarios. La propiedad en común  de los bienes de producción, el reparto igualitario de la riqueza producida, la libre educación  y el amor libre parecían  más viables  en los apartados lugares  para la colonización de las tierras americanas  que bajo el rígido  y represivo orden  económico y social europeo. Esta  viabilidad de la utopía en el corto plazo  les parecía más fascinante y menos intimidatoria que el incierto camino de la revolución social.
 
 
En 1840, el doctor Jean Benoit fundo en parís L’Union Industrielle con la finalidad de crear un falansterio en Brasil. Un año más tarde fundó la Colonia  Fourierista  de Palmetar en el estado de Santa Catarina. A este proyecto  se adscribieron 500 colonos, en su mayoría  obreros y artesanos inmigrantes, aunque se sumaron algunos profesionales (médicos e ingenieros) Esta colonia  agrícola fue una de las 23 que constituyeron  los inmigrantes europeos  y asiáticos  en el Brasil de 1835 a 1880.
 
 
En 18488, el mismo año de la publicación  del manifiesto comunista por Marx y Engels, un grupo de utopistas Etienne Cabet partió  de Francia  rumbo a los Estados Unidos para fundar Icaria  en la lejana e ignota Texas. El curso de la revolución de 1848 en ese país europeo estimuló esta especie de autoexilio  utopista. Texas, al igual que California  y Nuevo México, acababan de ser  objeto de anexión territorial, despojado  a México  de una extensa franja territorial.
 
 
Llegados los utopistas europeos a Norteamérica, decidieron cambiar de lugar de destino. De esta manera se dirigieron  y asentaron  en el antiguo centro mormón de Naurois, en el estado de Illinois. Icaria, como experiencia  comunal logró  mantenerse hasta el año de 1895. Hubo algunos altibajos y sustantivas modificaciones  con respecto al proyecto original. No obstante, Texas siguió siendo  un símbolo ideológico  del paraíso utopista  del movimiento obrero europeo; coadyuvó  a ello la publicación de ensayo de Etinne Cabet, Allons en Icarie  y el Victor Considerant, Au Texas.
 
 
El año de 1855, el geógrafo anarquista belga Eliseo Reclus viajó a Colombia. Desde allí propugnó a favor de un «proyecto de explotación agrícola» de tipo comunitario en la Sierra Nevada de Santa Martha, estribación andina de la Costa atlántica. Las difíciles  condiciones  políticas imperantes en dicho país, a menos  de un año del cruento derrocamiento de la comuna de Bogotá, frustraron su realización. En esa región  elegida  por Reclus, los militantes de las sociedades democráticas habían practicado  la confiscación de tierras  a los latifundistas  a favor de los campesinos. Lo valioso del proyecto de Reclus  radicó en que  su propuesta, a diferencia de las otras  iniciativas de los utopistas europeos, consideraba una membresía  que integrase a trabajadores  de todas las etnias  allí existentes (integrantes europeas, asiáticos,  así como indígenas) El euro-centrismo  racista de los utopistas europeos  apareció así impugnado ideológicamente  en el interior de su propio  movimiento.
 
 
Hubo también iniciativas  utópicas  de parte de los socialistas criollos. Merece recordarse  a Ramón Picarte Mújica, quién el año de 1866, en la población chilena de Chillán, aglutino aun grupo  de artesanos  en torno a un falansterio  de signo fourierista. Fracasado en su intento se abocó a la constitución de una cooperativa con fines de consumo y producción, sugerentemente  denominada Sociedad Trabajo Para Todos, pero que tampoco tuvo mejor suerte.
 
 
La historia del utopismo  en América latina  es todavía una historia por hacer, que no puede quedar reducida a los casos que hemos citado. Hay tenues referencias  de la existencia de colonias utopistas  en Brasil, paraguay, Venezuela y Perú que merecen ser rastreadas e investigadas. Muchas otras experiencias anónimas quedaron silenciadas y olvidadas. Pero todas estas comunas o proyectos de comunas en su conjunto traducen el espíritu  de una época tumultuosa. La imaginación y la creación comunal fueron importantes instrumentos de afirmación clasista, aunque dieran la apariencia de una desviación reformista para las corrientes más radicales, comprometidas en profundizar  revolucionariamente los antagonismos sociales.
 
 
No obstante, la imaginación y la creación comunal no marcharon siempre juntas en su itinerario latinoamericano. Prueba de ello es la aparición en México por el año de 1861 de la novela  utopista El monedero, del tipógrafo Nicolás Pizarro Suárez.
 
 
La utopía en esta novela denominada  la Nueva Filadelfia. El sitio elegido para levantarla fue ubicado  en el estado de jalisco, en una zona  cercana  a la serranía  del tigre y al pueblo de Atoyac. Su designación o nombre se legitima por su acepción griega: amor de hermanos. Su modelo está inspirado en Fourier  y en la historia idealizada  de las comunidades de indígenas que regentaron los jesuitas en el Paraguay.
 
 
El sistema concéntrico del asentamiento  utopista estaba amurallado y tenía cuatro accesos según los puntos cardinales. En el centro se ubicaban un templo cristiano, una escuela, una guardería de infantes, un refectorio y su cocina comunal, los talleres industriales  y un lugar de reunión  y esparcimiento. Luego  venían dos líneas concéntricas  de mayor tamaño, en cuyos trazos  se distribuían  las casas y terrenos comunales. Ciudad y campo aparecían reconciliados en la Nueva Filadelfia.
 
 
El quehacer cotidiano  combinaba el trabajo rural y el fabril mediante turnos de dos horas y media en la mañana y de hora y media  en la tarde. Se interpolan entre las prácticas  laborales actividades de estudio, culto,  alimentación y descanso. La recreación  colectiva  se llevaba a cabo después  de la cena en la gran  rotonda para disfrutar  de los «placeres honestos» Todos los niveles de la existencia pública y privada estaban  contemplados  en la Nueva Filadelfia, dirigida  por una junta de ancianos. El cristianismo socialista humanizaba el trabajo  y la vida; legitimaba además la existencia y finalmente sacralizaba la utopía.
 
 
La otra vertiente de inmigrantes internacionalista  portaría consigo el espíritu radical de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT ), principalmente  de su versión bakuninista . La organización  de sociedades de  y cajas de resistencia, la practica huelguista y ciertas formas de organización  mutual fueron difundidas y asimiladas  por los trabajadores, inmigrantes y nativos de América Latina.
 
 
A diferencia de la corriente del utopismo colonizador, los adherentes  a la Primera Intencional  carecieron de documentos guías. Los pocos escritos ideológico-políticos  fueron editados con posterioridad a su experiencia práctica, lograda a través de sus sociedades de resistencia, mutuales y asociaciones político-culturales. No por casualidad a mediados de diciembre de 1870, Francisco Mora, secretario del consejo federal Español de la AIT, da una carta enviada al consejo  general de Londres, refiriéndose al inicio de relaciones  epistolares con los argentinos Bartolomé Victorly, Suárez  y José María Méndez, de la sociedad tipográfica bonaerense, hizo el siguiente comentario «Hemos visto que son internacionales en el fondo, a juzgar por sus escritos, si bien desconocen el mecanismo y desarrollo de ella, es decir, de la internacional»
 
 
Entre los internacionalistas probakuninistas o filo-marxistas, el encuentro con la realidad latinoamericana, devino de su propia práctica de resistencia. En los países  de la Cuenca del plata, los internacionalistas mantuvieron  su cohesión  y expectativa  con la mirada puesta principalmente en sus países de origen, aunque dejaron  evidencias de haber comenzado  a atisbar  los contornos sociales  de los países en que afincaron su residencia. En México, el internacionalismo de la AIT llegó con la prédica  de algunos inmigrantes  y también  a través  de la correspondencia, logrando más rápidamente  su  aclimatamiento. No obstante, los años de guerra anticolonial  contra los franceses dejaron una estela chovinista  en el movimiento obrero  que intentó convertir, para beneplácito  de los patrones y los gobernantes, el fantasma  de los internacionalistas  en un  espectro que venía del extranjero. Los límites y mediaciones entre lo  nacional y lo popular  y el internacionalismo  de clase en las luchas de esta generación fueron algo más que  una preocupación  doctrinaria, fueron más  bien hechura histórica  y dramática  de sus propias luchas.
 
 
En la década de los años setenta florecieron a nivel  orgánico  algunas filiales de la AIT  en América Latina. De los núcleos existentes  en Argentina, chile, Uruguay, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, México y la Martinico, no todos  lograron irradiar y signar  al movimiento obrero  y popular que se gestaba en esos países. Sólo en México, Argentina y Uruguay alcanzaron cierta relevancia  en materia  de propaganda ideológica  y lucha reivindicativa.
 
 
En el caso mexicano, la conducción de la filial de la AIT recayó en manos de los líderes nativos  más que de los inmigrantes españoles. Experiencias similares sucedieron  en Chile y Ecuador, aunque sin alcanzar  la resonancia de la filial mexicana. En 1872, Eduardo de la Barra constituyó un núcleo chileno adherente  a la AIT, y en 1875 Juan Montalvo, en Quito, formó  la sociedad Republicana, que también se adhirió a la AIT. Estas adhesiones a una entidad internacional  de carácter federativo daba mucho  margen a iniciativas de las organizaciones  locales. En esta dirección, las autonomías de las filas acrecentaron los particularismos  de las tradiciones nacionales  de resistencia obrera.
 
 
La única filial  en América  Latina de orientación filo-marxista se construyó en Buenos Aires hacia 1870, con una base respetable de 273 afiliados. Los internacionalistas  más numerosos fueron de nacionalidad francesa y española y mantuvieron vínculos epistolares den el consejo general de la AIT  en Londres. Se  menciona que a partir del 31  de junio de 1871, el propio Federico Engels mantuvo cierto intercambio  de correspondencia  con el grupo francés radicado en Buenos Aires. Un año más tarde, la filial bonaerense fue reconocida e incorporada formalmente a la internacional.
 
 
La sección de Buenos Aires editó  una publicación de corta existencia: El trabajador, de la cual salieron siete u ocho números. Entre sus líderes se encontraban E. Flaesch, Napoleón Papini, Raymundo Wilmart, Desiderio Job, José Loumel, Julio Auberne, José Dujowr, Ernesto Deschamps y Julio Dubrois. El año de 1874 lograron  establecer un comité  de adherentes  en la ciudad de Córdoba.  Un año más tarde  fueron  reprimidos y encarcelados los líderes del grupo de Buenos Aires;  se les acusa  de haber  incendiado  la iglesia  del Salvador.
 
 
La orientación filo-marxista de la sección argentina  de la AIT se sustentaba en frágiles  soportes. La correspondencia  orgánica, aunque  episódica con el consejo general  de Londres y el reconocimiento  de la  necesidad de bregar por la instauración  de un gobierno de trabajadores y la lectura de algunos  artículos sobre la coyuntura política europea. Los esfuerzos de Raymond Wilmart, E Flaesch y A Aubert por elevar el nivel doctrinario  de la corriente hegemónica en dicha sección, no lograron su cometido.
 
 
La lucha entre filo-marxistas  y probakuninistas  en Argentina tendió  en perspectiva a inclinarse a favor de los segundos. Su posición se vio reforzada  con la llegada del internacionalista  español Serafín Álvarez y por un mayor acercamiento  político con el grupo  internacionalista  de Montevideo de orientación Bakuninista. Hacia el año de 1879, los probakuninistas se conformaron como circulo socialista internacional. Apareció  también  en el mismo año  el periódico la Vanguardia, que dirigió Eduardo Camaño.
 
 
En 1872 se constituyo la filial  uruguaya de la AIT. Sus adherentes  y fundadores se sentían más próximos a Bakunin que a Marx. Ese mismo año, A Juanes dirigente de la sección  uruguaya, inicio un viaje de propaganda bakunista a Buenos Aires. Por su lado, F Calceran, en una carta enviada  a los bakunistas mexicanos, les comunicaba que su sección  venía preparando la edición  de  un «un periódico  que se denominaría el obrero federalista, para combatir a los autoritarios que han sentado  reales en Buenos Aires» Un nuevo polo de irradiación bakunista en América Latina quedó así constituido. Lo que es difícil  saber hoy en día acerca del abanico de vínculos que en su tiempo logró sostener.
 
 
En el año de 1877 el comité federal  de Chaux-aux-fods (Suiza) comunica la aceptación  y reconocimiento  de la filial uruguaya. El núcleo  de Montevideo se hizo representar en congreso de la internacional  de  Voviers, a principios del mes  de septiembre de 1877, refrendando así  su militancia  internacionalista, así como su filiación ácrata. El año de 1878 bajo el nombre de federación  regional de la republica  oriental Uruguaya de la AIT, publicaron un manifiesto  de neto contenido ideológico. En él se condenaba  el «más feroz y salvaje individualismo, presa del monopolio y por consiguiente del privilegio y de la injusticia» así  como las leyes  económicas  que explotan al obrero. Esta declaración  propugna  la resistencia  al monopolio  del capital, el derecho de ser  propietario de los frutos del trabajo  realizado  por el individuo, la igualdad de medios y condiciones  para el desarrollo  de todos  los individuos  del género  humano. En este documento no hay referencia específica a la condición  de vida  y trabajo  de la clase obrera uruguaya, tampoco  se proponen  reivindicaciones  laborales o de otro tipo. Se trata de una declaración típicamente doctrinaria.
 
 
En la filial mexicana de la AIT, aunque recibió la influencia de los migrantes internacionalistas europeos, el eje de su actividad y membresía descansó  sobre los trabajadores mexicanos. A fines del año de 1869, una circular de la AIT, redactada tres años antes del congreso  de Ginebra, llego a manos de Santiago Villanueva, discípulo de Plotino Rhodakanaty, despertando su interés por fundar  una filial obrara de la AIT en México.
 
 
Esta iniciativa de Villanueva, a diferencia  de las experiencias argentinas y uruguayas, se encontró  con una tradición  socialista en proceso de desarrollo y radicalización, que sin embargo emergió de la iniciativa  de un inmigrante Europeo, Rhodakanaty, con vocación de echar raíces en el pueblo mexicano, desde su peculiar óptica ideológica.
 
 
Plotino Rhodakanaty, veterano de la revolución de 1848 en Francia, influido por la ideas de Proudhon y Fourier, se vinculó en parís hacia 1860 don un socialista mexicano  que lo entusiasmó  sobre las posibilidades  de fundar comunas agrarias en su país, al amparo de un proyecto de colonización que auspiciaba el presidente Comonfort.
 
 
En febrero de 1861, Rhodakanaty llegó a México  y se abocó a la tarea de divulgar sus ideas, publicando  para tal fin su ensayo  intitulado Cartilla socialista, en donde hizo una apología  del falansterio fourierista. Dos años más tarde formó el grupo de estudios socialistas, al cual se  Santiago Villanueva, Francisco Zalacosta y Hermenegildo Villavicencio, entre otros. Poco después se constituyo la organización semi-ácrata  LA SOCIAL (1868), en donde por primera vez en la historia gremial mexicana participarían  mujeres, que al igual que sus adherentes varones compartían la tesis fourerista sobre la emancipación de la mujer. Las ideas foureristas  de Rhodakanaty fueron remplazadas por las de corte Bakunista y proudhoniano, que se ajustaban más a las exigencias  del trabajo político con las masas obreras  y campesinas mediante las sociedades de resistencia  y mutuales.
 
 
El 10 de junio de 1865, ante las acciones  represivas de los dueños de las fábricas textiles de San Idelfonso  y la colmena (reducción salarial, despido de trabajadores,  y aumento de la jornada laboral), La SOCIAL declaro la huelga  en San idelfonso a través de la  sociedad mutualista  del Ramo de hilados  y tejidos del Valle de México, recientemente construido y liderada por Zalacosta  y Villanueva, miembros prominentes del núcleo social.
 
 
Reprimida militarmente  la huelga y desarticulada la organización  de los trabajadores textiles, los de la SOCIAL  decidieron apoyar a Rodhakanaty  en su nuevo proyecto de  crear una  escuela socialista  para los campesinos en Chalco.  De ella emergería como líder agrario  el socialista  Julio López Chávez al levantarse en armas y  reivindicar la confiscación  de haciendas para construir comunas agrarias. El movimiento de Julio  López Chávez se extendió  desde la periferia rural  de la capital  hasta los estados  de México, Morelos y puebla  durante los años  de 1868 y 1869.
 
 
El 16 de septiembre  de 1870, Santiago Villanueva fundó el Gran círculo de obreros  de México, le animaba la atención  de llevar adelante el espíritu  de organización  y lucha que orientaba la AIT, pero también  de profundizar  la huella socialista dejada por Rhodakanaty  y López Chávez. En 1871 comenzó a editarse el Socialista  y pronto se convirtió  en órgano oficial del Gran Círculo. En este periodo  se publicaron  los Estatutos generales de la AIT, que al parecer fueron  recibidos por el dirigente de los tipógrafos, Juan de Mata Rivera. En la presentación de este documento, que se imprimió por primera vez en castellano  en América Latina, se sostuvo que existía «poca diferencia» con el que normaba la vida orgánica de Gran Círculo de obreros de México.
 
 
En el seno de esta organización obrero pro AIT coexistían, sin embargo, tres corrientes competitivas. El republicano liberal representado por Juan Cano y el sastre Epifanio Romero, quien desempeñaba el cargo de vicepresidente del Gran Círculo de obreros de México,  esta corriente era directa mediadora de los puntos de vista  del gobierno de Benito Juárez, la corriente  Bakunista, cuyo porta voz fue el líder textil  Francisco Zalacosta, quien  mantuvo vínculos  epistolares con la federación del Jura. Finalmente. La corriente filo-marxista, cuyo vocero fue Juan de la Mata Rivera, primer secretario del Gran Círculo de obreros de México, el cual mantenía correspondencia con los núcleos marxistas de Londres y Nueva York.
 
 
Estas corrientes  no se convirtieron  en fuerzas centrifugas; supieron mantener sus divergencias en el seno de los que podríamos llamar, sin lugar a dudas, la primera federación obrera de carácter  representativo y de orientación clasista  en México y América Latina. La más coherente  de estas corrientes fue, sin embargo, la que promovió  Epifanio Romero. La burguesía mexicana  y el propio gobierno  coadyuvaron  a impulsar y  consolidar esta corriente reformista y7 más tarde claudicante.
 
 
Las otras corrientes  en sentido estricto fueron socialistas, sus ligas con el bakuninismo  y el marxismo  no lograron cristalizar  en perfiles ideológicos  diferenciados, además no lograron  decantar  el magisterio fourierista  y prohudoniano de Rhodakanaty, con el que siempre quedaron en deuda. En general, estas corrientes tan sólo marcaron  ciertas preferencias  obreristas y campesinas en el trabajo de las masas, así como divergentes expectativas y posiciones frente a las relaciones  entre el Gran Círculo de obreros de México y el Estado. Estas divergencias  han quedado impresas en diversos artículos de El socialista, el obrero  internacional, el hijo del trabajo y la internacional.
 
 
Tras la muerte de Villanueva, la línea colaboracionista  de Epifanio Romero ganó posiciones. Hacia fines de 1874 se estimaba que el Gran Círculo de obreros de México, contaba con ocho mil miembros. Romero, al quedar  como cabeza dirigente  del Gran Círculo de obreros de México, logro que se reformasen los estatutos con la finalidad  de obtener  un subsidio mensual del gobierno de Lerdo de Tejada. A este hecho se sumó la actitud  renuente y contraria de la acción  directa por parte de la dirección  del Gran Círculo de obreros de México. Los reformistas  terminaron mercenarizándose  y convirtiendo a la federación  obrera en una palanca de contención; al  arbitraje  laboral y al clientelismo  electoral  se convirtieron  en la base  de su quehacer  gremial. No obstante, las corrientes  obreristas radicales  mantuvieron  enconado su posición  y crítica. En esta dirección, LA SOCIAL  volvió a reconstruirse, había que recuperar  la hegemonía  en el seno del movimiento obrero.
 
 
En 1876 se llevó a cabo el I Congreso Obrero. Los delegados se encontraron más divididos  por las candidaturas que se postulaban a la presidencia de la republica  que por desacuerdos propios  a su organización y orientación  de clase. Así tenemos  que unos delegados  apoyaron la reelección  de Lerdo de Tejada, otros la candidatura de Porfirio Díaz o de José María iglesias. Por su lado, los sindicalistas de afiliación  socialista o anarquista reivindicaron  infructuosamente su oposición a todo clientelismo político  burgués.
 
 
El Gran Círculo de obreros de México llagaba a su fin. Luego vendrían las escisiones  y el surgimiento de nuevos proyectos orgánicos d orientación clasista. Los internacionalistas, a pesa de su derrota frente al reformismo  claudicante, mantuvieron  en alto sus banderas. En el año de 1884 publicarían  por vez primera El manifiesto Comunista, testimonio tardío de una definición inconclusa.
 
 
 
 
 
PARTE II
 
 
LA PRIMAVERA BLINDADA DE LA ANARQUÍA
 
 
 
 
Este capitulo  de la historia de América Latina coincidió  con la primavera de la corrientes libertarias  y socialistas en el movimiento obrero y sindical  latinoamericano. Pero tal valoración  perdería significación fuera del reconocimiento  de que el continente  inauguró una importante fase de modernización,  que afecto los modos de vida  y las propias  estructuras sociopolíticas y culturales. La afirmación de este proletario mixto marchó de manera simultánea a la configuración  del fenómeno oligárquico  e imperialista,  así como a la diferenciación  económica de las fracciones burguesas (capital industrial, bancario y comercial), que no  siempre  se correspondió  con sus linimientos políticos.  Una relectura del proceso histórico del movimiento obrero -sea en sus expresiones ideológicas, culturales o político sindical- nos lleva necesariamente a retornar  los elementos sincrónicos  que condicionan el movimiento  real de la sociedad, y por ende del sujeto especifico  que nos interesa.
 
 
El movimiento obrero y sindical de los años 1880 a 1818 aparece, con respecto al capítulo  anterior, marcando sus contrastes frente a las manifestaciones  y perfiles  precoses y fugaces de los primeros  contingentes  del proletariado urbano  industrial, en un contexto  predominante  artesanal. A pesar de ellos, el modelo clásico de pensar en la clase obrera  o en el proletariado  siempre  ha distado  mucho de corresponderse con la realidad latinoamericana. Las mediaciones sociales atravesaron  y asignaron la propia fisonomía y el carácter del movimiento obrero del continente. Subordinado  todavía por ciertos mecanismos de coerción extraeconómica, así como por sus diversas tradiciones  etnoclasistas, en el movimiento obrero latinoamericano  sólo pudo  revelar  sus particularidades  en el entorno histórico  y la matriz  social  que lo engendraron  y que, a su vez, motivaron y condicionaron  sus patrones  de resistencia, acomodo e impugnación.
 
 
Hemos escogido  como ejes  de análisis  particular  las tres expresiones  ideológicas-culturales más representativas  del nuevo tejido  de contradicciones  que en esos  tiempos polarizó  a las sociedades  latinoamericanas. No creemos habernos equivocado  al haber seleccionado  y analizado: la  función  rectora de la tradición martiana en la resistencia obrera anticolonial en Cuba; el sello cohesionador y orientador del anarquismo en países  de lata tasa de inmigración  y segmentación obrera, en la repúblicas  oligárquicas de argentina  y Brasil; finalmente, el haber ubicado los límites  del anarquismo en el contexto mexicano de desborde revolucionario.
 
 
En todos los casos la dependencia y el proyecto oligárquico aparecieron  cumpliendo una función  polarizante frente a la clase subterránea,  independientemente de su ubicación  geográfica y de sus particularismos socio-culturales. Y, desde el campo popular, las vanguardias  del movimiento obrero  organizado  bregaron  de diversos  modos por firmar los intereses  y expectativas  supuestos o reales  de las clases a las que pretendían pertenecer  y representar. Situadas así las cosas, nos llevan de nuevo a hurgar en el entorno.
 
 
El proyecto oligárquico de América latina tuvo como su propio sustento de poder el control  que ejerció sobre los recursos nacionales, el sistema agro-minero exportador y las relaciones subordinadas de carácter  comercial financiero y político, frente a las empresas monopolistas europeas y norteamericanas, así  como frente  a los gobiernos  de sus gobiernos  de sus países donde producían. Estos vínculos  entre la oligarquía y el imperialismo  han sido caracterizados  bajo el título  elocuente  de Pacto neo-colonial. Oscilando entre la dictadura  y la democracia  de participación restringida y consenso pasivo. El estado  latinoamericano  acusó, por lo general, una obstinada voluntad oligárquica en bloquear y reprimir toda iniciativa autonomista y desarrollista que partiese de las clases subalternas.
 
 
La fundación del Estado  oligárquico se inscribió a favor del mantenimiento y expansión de la disponibilidad de recursos extractivos  para la economía  agro-minera  de exportadora. La fiscalización  de la movilidad  y de la gestión  de la fuerza de trabajo  real  y potencial formaba parte de la gestión  del Estado oligárquico. La política  económica  y laboral  del Estado favoreció así  la acumulación  interna de capitales y la inversión extranjera. Buena parte de las obras públicas (urbanización y transporte) así como los nuevos servicios de control social, se inscribieron en esta lógica del desarrollo del capitalismo dependiente.
 
 
El periodo  que cubre de 1880 a 1818  esbozó la fisonomía  contemporánea  de América Latina. Las exportaciones del continente se triplicaron, aunque en algunos países como Argentina llegaron a duplicarse. Esto  favoreció  tendencialmente la balanza comercial  del continente, dejándole  un saldo positivo  en la cooptación de divisas. En vísperas de la primera  guerra mundial, América Latina  ya se había convertido en una de las principales  fuentes de materia prima para los países industrializados. Vista su participación  en las exportaciones  mundiales  de cereales, alcanzaba el 17,8 por 10; en la de productos  pecuarios el 11,5 por 100, en las de azúcar el 37,6 por 100, en las frutas y legumbres  el 14,2 por 100 en las de fibras vegetales  el 6,3 por cien, y pieles y cueros el 25,1 por cien.
 
 
La inserción en el mercado mundial tendió  a acentuar  los contrastes que género el desarrollo  dependiente de las economías  latinoamericanas. La especialización  productiva  había llevado a diferenciar  tres áreas geo-económica: las regiones  exportadoras  de productos agrícolas  de clima templado (trigo, maíz, lana, carne ovina y bovina), que correspondía  con los territorios  de Argentina, Uruguay el sur de Brasil; las regiones de clima tropical  exportadores de Cacao y azúcar y que nos remitan  a los territorios  de Panamá, Venezuela y países de América Central, así como  al caribe; finalmente, las regiones mineras exportadoras de plata, cobre, nitrato, estaño que involucran los territorios de México, Chile, Bolivia y Perú.
 
 
La modernidad del sector agrario fue relativa. El proceso de acumulación  originaria del capital por vía de la oligarquía  se cumplió a medías. La expansión de la superficie  agropecuario  destinada  a la exportación  iniciada  en el periodo  anterior alcanzó su cenit  en el que este capitulo  nos ocupa. En la Argentina, el sector  agropecuario  pasó de 9,7 millones de hectáreas en  1875, a 51,4 millones en 1908. En México 49 millones de hectáreas pasaron manos de latifundistas entre 1881 y 1906. En Brasil, 65.00 terratenientes, principalmente agricultores y cañeros, se repartieron  84 millones de hectáreas, y en chile, 600 terratenientes poseían el 52  por 100 de la tierra cultivable.
 
 
No sin  razón, el notable crecimiento económico durante este periodo ha sido  señalado como el síntoma más nítido de la vía oligárquica del capitalismo dependiente  de América Latina. La subordinación de esta última a las exigencias comerciales  y financieras británicas  se sustentó en una malla vulnerable incapaz  en el largo plazo  de contener  las diversas contradicciones que venía incubando  en el curso de su desarrollo. El incremento constante de exportaciones mercantiles e inversiones de capitales foráneos, el dominio del comercio  exterior  y del círculo  de circulación mercantil por los intereses  británicos, así como  la ampliación  y subordinación  de la producción bajo  dominio oligárquico  al principal eje metropolitano, signaron los tres rasgos  distintivos de la economía  latinoamericana de esos años.
 
 
Las estructuras políticas  que acompañaron  a este proceso se apoyaron  en intrincados sistemas de coerción  y  clientelaje  político internacional. No obstante, éstos  fueron  incapaces  de frenar la emergencia y engrosamiento  de las capas medias urbanas  y de novísimos, pero cada vez más  combativos, núcleos proletarios. Esta recomposición  popular en su conjunto al presionar  sobre  las viejas estructuras políticas hizo emerger  como  contradicción principal  el dilema de clases y nación. Desde entonces el proceso a la oligarquía  comenzó a desarrollarse  en los diferentes ámbitos de la vida social.
 
 
La expansión de las fronteras  agrícolas a favor de la agricultura de  exportación  fue acompañada de violentas campañas etnocidas y genocidas. Las poblaciones étnicas resistieron la mayoría de las veces  a través del radicalismo milenarista o el desarrollo de formas distintas de guerras  y movilizaciones campesinas.
 
 
La campaña del desierto o de la conquista de la pampa  húmeda en la Argentina, la pacificación del arauco en Chile, la colonización  de la región  cauchera en la amazonía  brasileña-peruana, las guerras de castas en el norte y el sur de México contra los yaquis y los mayas, etcétera, potenciaron  y desencadenaron  los últimos  furores indígenas y campesinos de América Latina en este periodo.
 
 
Pero volviendo  al desarrollo de esta forma precaria de acumulación  originaría del continente, diremos que esta tuvo  que ver con el creciente caudal de inversiones  anglo-norteamericanas. La tradición expoliadora  y genocida de las poblaciones  étnicas coloniales  por los capitales  anglo-americanos se consolido y legitimó en este periodo, con las  últimas inmolaciones heroicas de Siouxs y Apaches  en los Estado Unidos  entre 1880 y 1890, así como con el aplastamiento  militar que hicieron  las fuerzas británicas de ocupación  de todo  conato de resistencia anticolonial en Irlanda, Papúa y Nueva Guinea.
 
 
En América Latina, el embate contra las fuerzas civilizadoras fue en cierto sentido  una defensa  de las estructuras  comunales agrarias frente al desarrollo del camino latifundista e imperialista. En unos casos, la resistencia etnocampesina  tuvo en matiz antiliberal  y antioligárquico, que  energía  de su  propia cosmovisión  étnica, como aconteció con los indígenas de Matagalpa y Jinotega en Nicaragua, que se levantaron al grito elocuente de « ¡Muera la Gobierna! » en 1881.
 
 
En otros casos, esta ofensiva  oligárquica favoreció la convergencia y relativo ensamblamiento de las  ideologías ácratas  y socialistas urbanas  con la resistencia  campesina  e indígena. Las banderas a favor  de la reacumulación  de las tierras, le confirieron raíces propias a estas tradicionales ideológicas obreristas, sin hacerlas perder su identidad doctrinaria.
 
 
Estas variantes comunal-indígenas de las corrientes anarcosindicalistas señalaron  uno de los rasgos  de internalización  y asimilación  por la mentalidad  de las vanguardias  obreras  en las regiones  andina  y mesoamericana. En esta dirección, el anarquismo y el socialismo devinieron  en proyectos  ideológicos  de cohesión popular-nacional. En los casos de Brasil  y el Caribe, el énfasis puesto por estas corrientes en la igualdad de la raza humana, donde la tradición esclavista pervivía  en la forma de racismo  y discriminación, les tocó cumplir igualmente un rol  cohesionador súper-clasista, popular.
 
 
El florecimiento de las tesis comunal-indigenistas en 1906 permitió  el encuentro del Partido Liberal Mexicano (anarquista) y los grupos étnicos: Yaqui,  Popoluca, Zapoteca y Nahua del Istmo en las primeras  acciones armadas que asignaron los origines de la Revolución Mexicana. Algo similar  sucedió en  el Perú  con las rebeliones de Atusparia en 1885 y de Rumi Maqui  en 1915. En Brasil, Antonio Conselheiro mantuvo en pie desde 1890 hasta 1897 su guerra del fin del mundo.
 
 
En todas estas experiencias hubo  participación proletaria minoritaria, pero no pro ello menos significativa. Además, en todos estos casos ha sido documentada la influencia anarcosindicalista. Las presencias de estas corrientes  bajo las formas  atípicas que suscitaron  su traducción ideo-política  por las distintas  cosmovisiones  étnicas, no hicieron  más que expresar el cambio general  en la mentalidad de las diversas capas sociales  y fracciones  de  clase  de estas sociedades en transición  a la modernidad.
 
 
En otra dirección, esta convergencia  ideológica  de anteponer el bien público al privado y el trabajo colectivo al individual aproximo  a las vanguardias de las clases y minorías subalternas  y solventó a las  grandes definiciones doctrinales de los anarquistas Ricardo y Enrique Flores Magón en México y Manuel Gonzáles Prada en el Perú. El ideario de esos intelectuales  ácratas se vio reforzado  al «encontrar» en los ayllus andinos  y los callpullis aztecas las pruebas irremisibles de que  la acracia, la sociedad comunista, tenía raíces históricas  y vitales  en suelo  latinoamericano. Por ello, la  clase obrera, los trabajadores del campo y de la ciudad deberían sentir  confianza sobre el destino histórico de sus respectivos países y aun del continente.
 
 
Pronto, socialistas, anarquistas y sindicalistas vieron  como una mediación  necesaria  y terrena de sus abstractas  consideraciones sobre el internacionalismo  proletario, la unidad  de América Latina. Pero esta valoración tuvo como elemento polar dos aspectos  más visibles del desarrollo del fenómeno imperialista y el gradual  relevo de Inglaterra por los Estados Unidos en el dominio  neo-colonial del continente.
 
 
La romántica visión  de Domingo Faustino Sarmiento sobre el ejemplo  norteamericano del progreso, compartida  por los intelectuales  y artesanos  a mediados del siglo  XIX, fue relevada inmediatamente de la mentalidad de las vanguardias obreras y populares de este nuevo periodo  por aquella otra concepción que desde el socialismo, el anarquismo o el radicalismo  reivindicaba al lado  de su antiyanquismo, el binomio  no sólo  las nuevas orientaciones  del proceso civilizador, sino también  los preparativos  para la celebración  del centenario  del inicio de la independencia  de este continente.
 
 
En los diversos  escritos de José Martí (1882-1895) y en los ensayos  o artículos  de José Enrique, El Ariel (1900), de Manuel Urgarte, el peligro Yaqui,  de José María Vargas Vila, ante los bárbaros (1903), y de Manuel Gonzáles Prada, Mister Root (1906), ya se pueden atisbar las ideas  gérmenes  que solventron  la lucha contra  el emergente  imperialismo norteamericano. Pero estas  valoraciones  carecieron  de aptitud  teórica  para comprender  y registrar el complejo  proceso  de pugna  antiimperialista  por el control económico de América latina.
 
 
Estos autores  fueron impactados  principalmente  por la sucesión de intervenciones norteamericanas  a Cuba y Puerto Rico en 1898 y en Panamá en 1903. Luego vendrían nuevos desembarcos  de marines yanquis en nicaragua (1912), México (1914), Haití (1915) y Republica Dominicana (1916). La injerencia estadounidense en Nicaragua trajo  aparejada consigo  una serie de  cambios  sustantivos: la reorganización  de la administración  y las finanzas públicas, la liberalización  de las trabas aduaneras, fiscales y jurídicas para felicitar la inversión  de capital foráneo  y la constitución de cuerpos militares  de seguridad  y control político interno. Más allá de estas medidas, la conciencia  antiimperialistas  se afianzo  en las élites intelectuales  y vanguardias  políticas y sindicales de América Latina con los Estados Unidos, para seguir  las huellas de este último por la senda del progreso y la civilización.
 
 
Hubo sin embargo,  algunas posiciones, ideológicas en el seno de las vanguardias obreras de América Latina, que a pesar de que en lo general se declararon  en contra del capital  y de sus formas de opresión, al definirse  a favor de la salda  librecambista  para sus países  de origen  terminando por conciliar  con el orden neoliberal  que apuntalaba el pacto  neo-colonial. Antinomias  como ésta  pusieron  en evidencia la dificultas de esta clase subalterna para afirmarse  como clase nacional.
 
 
En la Argentina, por ejemplo, los socialistas analizaron  románticamente  los términos del intercambio  comercial. Pensaban que al libre cambismo le tocaría jugar un rol positivo, asegurándoles a los obreros  argentinos productos  industriales más baratos  que aquellos que les  pudiese ofrecer  la industria nacional, además de garantizarle al país  un amplio mercado  para su  agricultura y su ganadería  de exportación.  Juan B Justo, explicando más esta postura  decía  que considerando  prioritario el antagonismo  político  entre capitalistas y asalariados, las contradicciones entre proteccionistas y librecambistas  y entre terratenientes tradicionales  y burguesía rural explotadora, adquieren una nueva significación  popular. Finalmente sostenía Justo: «Que haya en buena hora  una industria argentina, pero no a costa del  debilitamiento de las principales fuentes  de riqueza  que tiene el país» «La gran propiedad territorial que será  para nuestro país  una razón de rápido desarrollo económico  y político»
 
 
Que esta ingenua valoración  del comercio exterior nada tenia que ver con la matriz  reformistas  del socialismo argentino  y si mucho con la ideología  oligárquica, lo evidencia el hecho de que fue compartida por los anarcosindicalistas.
 
 
El IX Congreso de la FORA (Federación Obrera Regional Argentina): «resuelve pronunciarse  contra el proteccionismo, por cuanto reconoce  que si bien el intercambio libre y universal puede, en ciertos casos, lesionar intereses  circunscritos  de determinados grupos industriales de  trabajadores, el proteccionismo  representa  una forma artificial de concurrencia  en la producción que sólo puede sustentarse a expensas  de las clases consumidoras, encareciendo el precio real de las mercaderías»
 
 
Facilitó la agresiva orientación  estadounidense  el descalabro de la marina española  en el Caribe en 1898 y el retiro  simultáneo  de3 la misma área de la flota británica. Ante los ojos  de los latinoamericanos, los Estado Unidos  revelaron  su condición  de gran potencia  al mismo tiempo que  su faz monroísta.
 
 
Habiéndose  multiplicado  el comercio  y las inversiones de los Estados Unidos de América Latina, esta potencia  asumió formas diversas de abierto  intervencionismo  imperial. En este período, Teodoro Roosevelt formuló su política  del gran garrote, es decir  de política panamericana, la cual fue desarrollada por el presidente Taft a través de los que eufemísticamente se llamó a la Diplomacia del dólar. Un sentimiento puntual de los acuerdos tomados  en los congresos panamericanos  puede ser un buen termómetro  para medir  los pasos del reordenamiento  económico  continental. A raíz del exitoso  atentado  dinamitero  anarquista contra el presidente Mac Kinley, el gobierno estadounidense,  en convivencia con los indignados y atemorizados  jefes  de gobierno  de las republicas oligárquicas de América Latina, llevó  a cabo  un congreso  panamericano  anti-anarquista  en la ciudad de México (1902 y 1903). El panamericano anti-ácrata preparo así el campo para el desenvolvimiento  del movimiento obrero. A nivel más general, el corolario  de este proceso  se cumplió la formulación  de la política intervencionista  en el área  por parte del presidente Woodrow Wilson, que declaro  de manera de  de prescripción  panamericana, que los gobiernos latinoamericanos sólo podían  ser reconocidos  en la medida que fuesen  considerándoos como democráticos y  regulares, según  y conforme su particular óptica  e interés diplomático.
 
 
La región de América central  y del Caribe  fue muy  sensible a la intervención  norteamericana. En los casos de cuba  y Puerto Rico, en curso de la guerra  Hispano-Norteamericana (1898), el movimiento obrero asumió como propio, aunque de manera divergente, el dilema de clase-nación. En el caso cubano  que analizamos  con algún detalle  en este capitulo, quedan claros los elementos  convergentes  de las reivindicaciones  obreras  en el interior  del movimiento  de liberación nacional, primero contra la dominación hispana y luego contra la ocupación  norteamericana. El legado de Martí permitió sellar ideológicamente y políticamente  las demandas y expectativas  obreras desde perspectivas  de la liberación nacional. 
 
 
En puerto Rico, la hegemonía  anarco-socialista  en el naciente movimiento obrero  dejó del lado la contradicción  entre la nación  y la metrópoli española, el anteponer  la visión  internacionalista  del proletariado  sin patria y sin fronteras  y de la lucha concentrada contra el capital, único enemigo del pueblo trabajador.  Esta visión  fue reforzada por la política  anti-obrera  de los grupos de poder local, algunos de los cuales  levantaron las banderas hispanistas  o independentista para recuperar los fueros  económicos  y políticos  que había perdido  tras la ocupación  estadounidense. Además, debemos  destacar el hecho  de que el liderazgo sindical  se encontraba en manos de inmigrantes extranjeros, interesados en lograr  vía la unidad de clase  su propia integración  en el país  de residencia.
 
 
Esa perspectiva  clasista  e internacional  posibilito  la integración relativa  de los contingentes  de trabajadores  inmigrantes  españoles  y puertorriqueños, e indirectamente  favoreció el acercamiento  hacia las vanguardias  sindicales estadounidenses, pero también, al cohesionar  a los trabajadores  en función  de sus reivindicaciones  de clase, potenció  a su capacidad  de negociación y  lucha. A la larga, esta visión pasó por alto el dominio colonial de las fuerzas norteamericanas y desarmo así a la clase obrera para ubicarse  con posición definida  en el marco de la cuestión  nacional. Fue evidente  que la elite  intelectual independiente en puerto Rico careció de una propuesta específica de arraigo en los medios laborales.
 
 
A la Federación Libre de Trabajadores de puerto Rico y al Partido obrero Socialista, liderados  por el inmigrante  español Santiago Iglesias, no les fue difícil  privilegiar los vínculos de unidad  de clase  con la FAT (federación americana del trabajo) de Samuel Gompers. Las reivindicaciones  obreras  fueron fácilmente  encuadradas  en un  programa «anexionistas» El paradigma  de la vanguardia  sindical  puertorriqueña  se convirtió  en la plataforma  reivindicativa  conquistada por la FAT en los Estados Unidos. La mayoría  de sindicalistas  puertorriqueños  tenían  la esperanza  que con el apoyo de los de esta poderosa central de trabajadores  estadounidenses, los derechos laborales  de este país  se hicieron extensivos  a los trabajadores de la isla caribeña. Demandas «anexionistas» fueron: la ley  de ocho horas de trabajo, la supresión del trabajo  de la mujer  durante el  periodo de embarazo, el seguro  contra los accidentes de trabajo,  la fijación del salario mínimo, la prohibición  del trabajo a menores de  quince años  y la creación de comedores escolares  y de un sistema educativo  similar al vigente en los Estados Unidos. 
 
 
Para tener una visión  más precisa  del impacto  del capital  extranjero  sobre las estructuras económicas y sociales del continente  debemos  detallar su generalidad las fases  de su expansión.  En indudablemente  que las inversiones  del capital  extranjero  a fines  del siglo XX se habían  acrecentado  grandemente  con respecto al periodo  anterior. El monto mayor de las inversiones  se siguió  orientando a la construcción de  vías férreas y a la modernización  de las instalaciones  portuarias, aunque  ya comenzaron a cobrar importancia  las inversiones  en las ramas extractivas, la agricultura  comercial y en mucho menor medida en el sector  industrial.
 
 
Los capitales británicos  en América  Latina  pasaron  de 246.6 millones de  libras esterlinas  en 1885 a  552.5 millones de 1895, es decir,  que en una década, las inversiones  británicas doblaron  sus montos. De ellas,  los ferrocarriles  representaron el 36,2 por 100 del total correspondientes  al año de 1895, mientras que las de carácter financiero  tan sólo alcanzaron  el 7,1 por 100. El desarrollo económico dependiente se vio ampliamente  estimulado  por la convergencia  de intereses de las oligarquías  criollas y los grandes inversionistas británicos.
 
 
Las inversiones británicas en 1900 ascendieron  a 540 millones de libras esterlinas; las de  Francia  a 3.000 millones de francos, las de Alemania a 3.000 millones de marcos, y los Estados Unidos a 308 millones de dólares. Durante los años de la primera guerra mundial, la injerencia financiera norteamericana se había convertido  ya en fuerza externa  de primer  orden; si en 1914 sus montos  de inversión  llegaron a  los 1.648 millones de dólares. Al ritmo diverso  de estas inversiones  del capital extranjero, el proletariado norteamericano  creció en volumen  y diversifico sus  categorías ocupacionales. Al mismo tiempo, la relación  capital foráneo  y fuerza de trabajo  nativo  sirvió  de soporte de desarrollo de ciertas  ideologías  nacionalistas y antiimperialistas en el proletariado latinoamericano como ya se vio antes.
 
 
No obstante  la férrea  defensa  de sus fueros económicos, los capitales  británicos comenzaron  a perder terreno  frente a la  creciente expansión  del capital  de los intereses  monopólicos  estadounidenses. Hacia  1913, las inversiones inglesas  ascendieron en el continente  a 5.000 millones, mientras  que los norteamericanos, un año más tarde , sólo sobrepasaron 1.6000  millones de dólares, pero en perspectivas duplicaron  su capacidad  de invención  en los quince años siguientes  en vísperas del derrumbe  de la bolsa de valores de Nueva York.
 
 
En su conjunto, las inversiones británicas  y norteamericanas se habían  repartido el control  de las arterias  básicas de la economía latinoamericana. Las primeras monopolizaciones  el  por 100 de las empresas ferroviarias  y el grueso del capital  especulativo  en las actividades comerciales, bancarias  y crediticias, dejándole un espacio marginal  a las inversiones  en actividades directamente  productivas. Por su lado, las inversiones  norteamericanas prefirieron  orientarse  hacia  los sectores  de minería, metalúrgica y petróleo, así como en ciertos renglones  de la agricultura  comercial.
 
 
En su disputa  por el control monopólico  de los circuitos mercantiles, los capitales norteamericanos  consolidaron  su flota mercante gracias a la apertura  y fiscalización del Canal de Panamá (1905) y opusieron a la red  ferroviaria británica las ventajas del sector automotriz  y la construcción  de carreteras.
 
 
Las grandes corporaciones monopólicas estadounidenses  no sólo  comenzaron  a operar en América Latina  concentrando grandes contingentes  de proletarios agrícolas, mineros y petroleros, sino que en algunos casos  el escenario económico  latinoamericano opero  simultáneamente  como vientre prestado  y comadrona  en el que  aparearon, a pesar suyo,  algunas  grandes  corporaciones  como la United Fruti (1898)  y la cerro de pasco corporation (1902). Bajo estas nuevas  condiciones  surgió, no sin dificultades, el sindicalismo de empresa. Generalmente  adoptó  la estructura federativa, dada la diversidad de categorías  ocupacionales  y la dispersión  geográfica de las numerosas unidades de producción  de las  compañías monopólicos.
 
 
Al mismo tiempo, las unidades productivas  modernas y tradicionales  presentaron  a pesar  de sus diferencias  un rasgo común: el de producir a muy bajo costo  gracias a la existencia de  mano de obra barata  y abundante. En general, sobre esta base  de sobreexplotación  de la fuerza de trabajo, las mercancías latinoamericanas fueron competitivas en el mercado internacional. Se podría añadir otra semejanza entre el sector moderno  y tradicional de la economía latinoamericana, nos referimos  a que se  basaron  en un solo producto, lo que las hizo más vulnerables a las oscilaciones de la demanda  internacional.
 
 
El inicio de la primera guerra mundial  generó  una brusca contracción  del mercado internacional  para los tradicionales  productos  de exportación  de América latina. Pero avanzando  el curso de la  conflagración  mundial, un nuevo impulso  favoreció  el comercio de la exportación  de este continente. Dislocando el monopolio  británico  del comercio  de importación-exportación  fue relevado  por los grupos  empresariales  estadounidenses. Esta reactivación  comercial se debió  tanto al aumento  de los precios  de los artículos  exportados como la nueva orientación  de los intercambios. Pero no todos los países  se beneficiaron  en igual  medida  por la ampliación  del mercado internacional. Los ubicados  en mejor posición  estratégica fueron  aquellos cuya  producción  tenía  que ver  con las particularidades  exigencias  del consumo de guerra. La perspectiva de desarrollo del comercio exterior  hizo olvidar  los efectos  comerciales  de los primeros años  de la guerra mundial. En 1920 el valor total de las exportaciones del continente llegó a doblar  el nivel del año de 1914.
 
 
Seria ingenuo, sin embargo,  presentar el contexto latinoamericano  como una disputa exclusiva entre capitales norteamericanos y británicos  por el control de sus recursos naturales  y la baratura  de su fuerza de trabajo. En  un renglón estratégico  como la lucha por el control de las vías de comunicación, vemos tomar  sorpresivamente la iniciativa a los capitales  franceses en la construcción del canal de Panamá.
 
 
Particular importancia  tuvo el proyecto neo-colonial  de la construcción  del Canal de Panamá  como vía interoceánica que permitiría, por un lado,  acortar los tiempos  de circulación mercantil, y por el otro, diversificar  las redes  de la dependencia  de las economías  agro minera-exportadoras  de América Latina respecto  a sus  propios  núcleos  monopolistas.
 
 
El vizconde  Ferdinad Lesseps, atifice de los recursos económicos, técnicos y humanos entre 1880 y 1889 con la finalidad de inaugurar el proyectado Canal de Panamá. Lesseps pensaba  que no había canal posible  después de la monumental  experiencia de Suez (1869). Años más tarde, su sueño de constructor y empresario de derrumbarían  como castillo de naipes, dejando  enterrados  tras si  a 21.000 franceses, en su mayoría letalmente  afectados por la fiebre amarilla. A esto  habría que sumar  el deceso de  16.000 jamaiquinos y 8.00 haitianos. En los años siguientes  y previos  a la transferencia  del canal inconcluso, de manos francesas a manos norteamericanas, fallecieron otros  3.00 trabajadores antillanos. La empresa de muerte, opresión y discriminación  étnico-racial  parecía  no tener fin.
 
 
Fracasado el proyecto  francés, bajo iniciativa norteamericana  durante 1903 a 1913, la monumental  obra llegó a su fin. La movilización de fueraza laboral  para esta segunda  fase  de construcción  del canal de Panamá  afecto a 45.107 trabajadores de diversos lugares del mundo, a los que  se sumaron  15.00 mujeres  que vinieron en calidad de esposas o acompañantes. Los campamentos de la compañía  presentaba el más abigarrado mosaico interétnico  que haya sido capaz de  configurar en América Latina empresa imperialista  alguna.
 
 
El total de trabajadores del canal de Panamá: 31.071 vinieron  de las islas del Caribe; 11.359 fueron reclutados en España, Italia, Grecia, Francia y Armenia. Los obreros restantes procedían de Costa Rica (244); Colombia (1,493); Panamá (357), y de los  diversos rincones del mundo (69).
 
 
Las líneas de color ocultaban  la pluralidad intraétnica, tanto de los  trabajadores negros  de las Antillas  como los obreros inmigrantes  blancos,  procedentes del viejo continente. Los Antillanos, en su mayoría  analfabetos, fueron asignados a tareas propias de los zapateros, picadores y lampeadores, con salarios equivalentes  a un tercio  del que percibían  los europeos por desempeñar    oficios artesanales  y técnicos de mucho  mayor calificación  laboral. A partir de 1907, los trabajadores de  planta  de la Panamá Canal Company  fueron divididos en dos categorías económico-raciales: la Gold-roll y la Silver-roll, respectivamente asignadas  a los norteamericanos o a los europeos  blancos  y a los latinoamericanos de color  (mestizos, indígenas y negros antillanos). Bajo estad condiciones  los actos masivos y espontáneos  de resistencia obrera en la zona del canal de panamá  fueron de producto del faccionalismo  étnico o de oficio.
 
 
Este flujo aluvial de trabajadores  extranjeros e Panamá se debió principalmente  a la  carencia  de mano de obra  en este país  construido en el marco  de las pugnas  interregionales  de Colombia y de los intereses geopolíticos y neo-coloniales de Francia y los Estados Unidos. En el Panamá    de 1904  no había más de 50.00 habitantes a lo largo  y ancho  de sus 78.570 kilómetros cuadrados de territorio.
 
 
Al impacto  demográfico de los sobrevivientes  de la  frustrada  empresa francesa  se sumó  el más reciente  de la empresa  norteamericana, que marco de manera definitiva  el perfil  de la cuestión  étnica-nacional  del panamá  contemporáneo. Si bien  este caso ilustra  en grado  extremo  los graves contornos  de la cuestión étnico-nacional suscitados por la acción  del capital financiero, no por ello dejó  de ejercer  una influencia  decisiva  en los demás países.
 
 
En este período, el sector industrial de América Latina, de manera espontánea, logró  una cierta  afirmación  y estabilidad, frente a la difícil  situación  que presentaron los primeros  proyectos  empresariales en las fases precedentes. Hacia fines del siglo  XIX, un buen numero de  de países  logró  proveerse  de una modesta estructura industrial.  En este sentido, fue excepcional la cota experiencia del gobierno  de Balmaceda  en Chile (1888-1891), que intento  afianzar  el proceso  de industrialización  con el amparo estatal.  La nacionalización  de los yacimientos de salitre  y la expropiación  de los ferrocarriles del norte chico colmaron  la paciencia de sectores  oligárquicos  y de las empresas angloamericanas  que se avocaron a la abierta  conspiración contra Balmaceda,  a quien derrocaron en 1891.
 
 
En vísperas de la primera guerra mundial, la industria  fue sostenida principalmente  por tres ramas pioneras: bebidas, alimentos y textiles. Las dos primeras, representaban  más de la mitad  de la producción global  y la rama textil fluctuaba significativamente entre el 20 y 25 por cien.
 
La industria  latinoamericana de bienes de consumo  logró desarrollar  a contracorriente  del modelo oligárquico  de crecimiento  económico  casado en la exportación. Tres factores coadyuvaron  a favor de la industria  naciente de esta continente: el progresivo deterioro de la balanza  de pago,  que generó la necesidad de sustituir  aquellos productos  de importación  vinculados  al consumo  popular  urbano  y cuyos requerimientos  técnicos  de calificación  laboral  y de insumo no fueran  muy costosos ni muy difícil de conseguir. El segundo fue el deterioro  creciente  del presupuesto estatal  que llevó a los gobiernos  a fijar e incrementar  los aranceles  aduaneros, con la siguiente repercusión  en el precio de los artículos  de importación  y que quedaran ya  fuera del alcance de las capas medias  y populares. Finalmente  se produjo una gradual depreciación  de las monedas de los países  latinoamericanos con respecto a la libra esterlina, proceso que determinó un  encarecimiento  suplementario  de los productos de importación  que reforzaron a su vez  el  ya estrecho  círculo de la demanda y  del consumo.
 
 
La nueva dinámica de desarrollo  industrial en América Latina agudizó  las contradicciones secundarias  que había mantenido frente a la economía artesanal  y manufacturera, otrora  desplazadas  por el agresivo papel desempeñado  por la burguesía  compradora nativa  y las grandes firmas comerciales  europeas. Algunos testimonios  de artesanos propios  de esta nueva fase histórica, evidencian los contornos  de este antagonismo  creciente. Así, por ejemplo, en 1911, en el gremio  de Cigarreros de Valencia  en Venezuela, de manera explícita  impugnó  la industria  moderna  desde  su particular  perspectiva precapitalista: «Amenazados por la codicia  y la ambición engendrada  por la tiranía del capital, ávido  siempre de multiplicarse, aunque  sea a costa de  la miseria  de gran parte del pueblo, nos  hemos  visto forzados  a compactarnos  para protestar  enérgicamente contra la descabellada idea  de una empresa particular  que aspira  a establecer  en esta ciudad  el monopolio  de la fabricación  de cigarrillos, valiéndose para ello del sistema  de máquinas, el cual anularía  por completo  nuestra profesión; desde luego  que no podríamos  competir con los bajos precios  a que  esta empresa  ofreciera  el trabajo a los dueños  de las fabricas  aquí establecidas» 
 
 
A lo anterior  se aunó en algunos  países la conflictividad urbano-industrial  generada por la afluencia de mano de obra extranjera, que coincidió  en al tiempo con  una fuerte  presión  demográfica  en el continente europeo, particularmente en las regiones menos industrializadas del mediterráneo y del Oriente, La contracción  de los índices de mortalidad  en circunstancias  en que se mantuvieron positivas  y estables en las tasa de natalidad  generó un ajuste demográfico, incapaz de ser resuelto  en materia de empleo  y política social  por estas  sociedades en transición  a la modernidad  capitalista. El desembalse demográfico, en lugar de traducirse  en fractura  de la estructura social  se orientó  allende las fronteras. Así, un  flujo importante  de inmigrantes  cruzó  el atlántico con destino de las Américas. No obstante, los países del Nuevo Mundo  carecían de homogéneas  aptitudes  y alicientes para recibir  a las oleadas de anónimos pioneros  que afluyeron  durante  medio siglo.
 
 
Las leyes  inmigratorias de Ecuador (1889), Perú (1893), Venezuela (1894), Costa Rica (1896), Paraguay (1903), Bolivia (1905), Honduras (1906) y Guatemala (1909) se mostraron incapaces  como  factores correctivos de los flujos migratorios, los cuales prefirieron orientarse a los países capitalistas más desarrollados,  y análogos  a su experiencia laboral en Europa.
 
 
Los censos  de población  en los países andinos  y mesoamericanos, evidenciaron que las exiguas cuotas de inmigrantes extranjeros tenían  que ver más  con sus  vetustas  estructuras sociales que con el tenor  de las iniciativas y planes de colonización  de sus respectivos gobiernos.
 
 
Los inmigrantes europeos  tendieron a concentrarse  en el área atlántica sud-oriental: sur de Brasil, Uruguay  y en el litoral argentino. En menor medida afluyeron  a Chile y Cuba. En los demás  países  latinoamericanos  los migrantes europeos constituyeron  pequeñas minorías  urbanas vinculadas al comercio, la industria y la banca, asimilándose  rápidamente  a los estratos de la burguesía media  e incluso de la propia oligárquica.
 
 
A principio del Siglo XX, las ciudades latinoamericanas habían logrado una fisonomía demográfica en el escenario de sus respectivos países. Buenos Aires creció  espectacularmente  al pasar de 678.000 habitantes a en 1895 a 1.576.000 habitantes en 1914. Más espectacularmente  impresionante  fue el despegue  y salto  poblaciones  de Sao Paulo, que pasó  de 40.00 habitantes  en 1880 a 800.00 en 1920, el año  en el que Río de Janeiro  alcanzó el millón de pobladores urbanos. Santiago cuadruplico  su población, al pasar  de  130.000 habitantes en 1875 a  507.000 en 1920. Las  demás ciudades  latinoamericanas  acusaron un crecimiento más modesto, pero no por ello menos  significativo. La ciudad de México  pasó de 230.00 habitantes en 1877 a 471.00 0  en 1910, y la habana, con un crecimiento similar, pasó  de 247.000 habitantes en 1899 a 409.00 en 1919. Otras ciudades  como Lima, que tenía 100.000 habitantes  e 1876, doblo su población en 1920.
 
 
La urbanización  en América Latina  alcanzó su primer clímax  en este periodo cuando ya algunas de sus ciudades  y países precozmente acusaban los primero  síntomas  de macrocefalia  y «sobre-urbanización». La Argentina  en 1914 invierte  el patrón de asentamiento continental al registrar el 58 por 100 de población urbana frente  al 42 por 100 de rural.
 
 
El crecimiento y la diversificación  de las capas medias  y del proletariado urbano en estas ciudades, en acelerado proceso  de modernización, consolidaron los roles de fuerzas perturbadoras  e impugnadoras  de estos sujetos sociales  en los planos de la economía, la política  y la cultura de sus respectivos países. No tardo el movimiento obrero  y popular  en hacer eclosionar las viejas estructuras  políticas e ideológicas  de las sociedades oligárquicas. Las presiones, demandas y expectativas de estos actores sociales urbanos habían conmocionado los diversos ámbitos de la vida citadina.
 
 
En las principales ciudades se instalaron  las sedes de las grandes casas de comercio, dedicadas a los rubros del comercio exterior, las compañías  de seguros, las sucursales  de los importantes  consorcios  bancarios  extranjeros, las casas matrices  de las empresas agrícolas y mineras y, sobre todo, los  centros  productores de la industria  fabril urbana. Este desarrollo de la vida económica de las ciudades latinoamericanas acrecentó el papel  de las clases medias  adscritas a sus diversas unidades administrativas. La propia modernización del Estado  a su vez favoreció  igualmente  el crecimiento  y la especialización  relativa  de la burocracia. Las profesiones liberales  perdieron  cierta autonomía en el curso de este proceso, subordinándose  a cierto grado de demandas  de servicios  diversos  por parte del Estado  o de las empresas privadas.
 
 
Estos cambios propios  de la modernización  urbana tendieron  paulatinamente  a ir barriendo  con las formas tradicionales  de parroquianismo y clientelaje cotidiano. La despersonalización  de las relaciones sociales  marchó  paralela  a la definición  de las relaciones de clase. Las capas medias  presentaron  una peculiaridad  etnosocial  muy relevante, por su condición  de integración  pluriétnica  (criollos, mestizos y mulatos) y de mediación  y bisagra  en la estructura social urbana. Su ubicación  económica en este proceso  regimiento por la oligarquía y el capital extranjero  no hizo  más que  alimentar  sus expectativas  por legar una cierta autonomía  política anta la posibilidad de ser asimilada  bajo nuevos términos  por las  facciones oligárquicas  y la necesidad de marcar  sus distancias sociales  fu3e el radicalismo proletario y campesino. Al final de este período  comenzaría  este sujeto  social ir a dar muestras de voluntad o vanguardismo político  y cultural a favor de la democratización  del Estado y de la búsqueda  de un proyecto social.
 
 
Esta fase de transición  a la modernidad capitalista afectó las propias estructuras estatales  y políticas  de la sociedad latinoamericana. Tres elementos  renovadores que dan cuenta de la significación de este proceso, aluden necesariamente  a la clase obrera como nuevo sujeto histórico. Nos referimos a la aparición de las primeras bases jurídicas de la legislación  social y laboral; a la relativa  permisividad política para la  participación  de los representantes  socialistas  y gremiales en el parlamento y en los municipios; finalmente, a la puesta en práctica  de la novísima  doctrina social de la iglesia  que consideraba como una de sus opciones legítimas  del catolicismo obrero.
 
 
Los primeros atisbos  de legislación social y laboral en América Latina,  fueron logrados a contracorriente  de ala hegemonía  de la oligarquía.  Sus primeros  tópicos  fueron: la reglamentación de la jornada laboral  para mujeres y niños, el descanso dominical, la cuestión de la vivienda obrera, la jubilación y los riesgos y accidentes  de trabajo.
 
 
La regulación del trabajo  para mujeres  y niños fue uno de sus primeros  avances. En la Argentina, el 14 de octubre de 1907, se fijó como edad mínima  para laborar, los doce años, mientras que en el Perú se estableció  el límite laboral  a los catorce años. En lo que respecta a la vivienda  obrera, el 20 de febrero de 1906, se decreto en Chile la inembargabilidad  del hogar obrero y el 5 de octubre de 1915 se dictaminó en la Argentina acerca de la vigilancia sobre las normas ambientales y materiales de construcción de viviendas obreras, eximiendo a los trabajadores de todo cupo empresarial referido a este concepto.
 
 
El descanso dominical  fue reconocido en la Argentina  y Colombia  en 1905, en Cuba y el Uruguay en 1910, en Paraguay  en 1917 y en Perú  a fines de 1918, y en lo que respecta  a la jornada de las ocho horas, ésta fue promulgada por primera vez  en el continente  en 1915 en el Uruguay y un año más tarde en  Ecuador. En 1917 se hizo extensivo este derecho a México  y en 1919  a la Argentina y el Perú.
 
 
Uno de los logros más significativos del derecho laboral fue que por primera vez en el continente alcanzó reconocimiento constitucional. La Constitución Mexicana de 1917 consagró el título VI a los problemas del trabajo y de la previsión social. En lo particular, el artículo 123 sentó las bases para la legislación laboral de ese país.
 
 
Algunos aspectos medulares de la seguridad social para los trabajadores latinoamericanos como la jubilación, tuvieron un desarrollo paralelo pero sectorial. En 1915, a los trabajadores ferroviarios argentinos les fue reconocido este derecho laboral. En 1917 se hizo lo propio con los trabajadores de la Casa de la Moneda en el Brasil, y en lo que concierne a los riesgos y accidentes de trabajo, los primeros países en promulgar leyes al respecto fueron El Salvador y el Perú en 1911, luego se dieron en la Argentina en 1915 y en Cuba en 1916.
 
 
Pero estas leyes fueron promulgadas por la propia necesidad estatal de regular la alta y frecuente conflictividad laboral sobre diversos temas que enfrentaban los intereses adversos del capital y el trabajo. Las medidas disciplinarias -la sinrazón del Estado- frente a las demandas de los trabajadores, no podían seguir operando de forma espontánea. Tampoco bastaban las decisiones paternalistas o draconianas del jefe de gobierno.
 
 
Estas leyes se ubicaron así en el marco de una doble confrontación político-laboral, que oponía por un lado al capital y el trabajo; por el otro, a cada uno de éstos con el Estado según el tenor y los alcances de las leyes promulgadas. La legislación laboral en cualquier caso devino en razón estatal, pero también en instrumento normativo.
 
 
Las corrientes libertarias fueron perdiendo terreno al escapar la conflictividad laboral de los marcos de la espontaneidad y de la disposición y confrontación de fuerzas. En este contexto que se dibuja como tal afines de este período, las contradicciones en el frente laboral si bien no pudieron resolverse en términos legales sí tendieron a ser atenuadas y encauzadas, favoreciendo indirectamente el desarrollo de las variantes legales o semi-legales del sindicalismo obrero y de las acciones de los partidos obreristas o proletarios.
 
 
Las primeras representaciones municipales y parlamentarias de las corrientes obreristas y del movimiento sindical, comenzaron a manifestarse alrededor de los comienzos del siglo XX en Argentina, Chile, Perú y otros países del continente. La intolerancia oligárquica comenzó a ser cuestionada desde la estructura misma del Estado. Las representaciones socialistas de Alfredo Palacios en la Argentina y de Luis Emilio Recabarren en Chile, pronto se convirtieron en ejemplos a imitar en el resto  del continente.
 
 
Veamos, por ejemplo, el caso uruguayo. En 1911 el Partido Socialista de este país, en alianza electoral con el club Liberal logró por vez primera una curul parlamentaria en favor de su líder, Emilio Frugoni. . La reactivación del movimiento obrero coincidió con la abstención electoral del Partido Nacional, abriendo un vacío político que posibilitó la sorpresiva elección del candidato socialista. Esta simbólica representación obrerista se vio favorecida por el inicio del gobierno populista de Batlle Ordóñez, quien sucedió a la administración de José Claudio Williman (1907-1911), caracterizada por su política anti-obrera y por su definida orientación conservadora y oligárquica.
 
 
El obrerismo batllista apareció desmedido ante los ojos de la turbada y escindida oligarquía uruguaya. Al desborde huelguístico de 1911, no le sucedió como en antaño una marea represiva. Muy por el contrario, el batllismo comenzó a discutir una ley del trabajo que regulaba la jornada laboral en ocho horas. La oligarquía, incapaz de comprender estas iniciativas reformistas del régimen batllista como parte de una estrategia de contención obrera, vio encima de sus atormentadas cabezas las temibles y alucinadas picas de la revolución social. La unidad de los grupos de poder fue restaurada por la iniciativa y acción concertada de las corporaciones patronales: La Unión Industrial y la Federación Rural. No obstante la reconquista del poder estatal a través de Feliciano Viera (1915-1919), éste fue ya incapaz de contener con los viejos métodos autoritarios el desborde y tenaz resistencia de las capas medias y del movimiento obrero, durante la huelga general de 1918.
 
 
Frente al avance de las ideas anticlericales, promovidas por diversas corrientes ideológicas en el seno de la clase obrera latinoamericana, la Iglesia Católica reaccionó de su letargo elitista, defensivo e inquisitorial. En el período precedente, las excomuniones no pudieron exorcizar la labor corrosiva ni de la burguesía liberal que abogaba en favor de un Estado laico, ni de la prédica anticlerical de los anarquistas y socialistas del medio siglo.
 
 
La base social que tenía la Iglesia, apoyada en las cofradías y gremios artesanales había sido profundamente erosionada por la modernización capitalista que liquidó la tradición corporativa de los gremios y luego fracturó la economía artesanal. La formación de la clase obrera en América Latina, sus clubes, sociedades y sindicatos acusaron una marcada tendencia hacia la secularización ideológica.
 
 
León XIII, con la publicación de su encíclica Rerum Novarum (1891), abrió una política diferente para la Iglesia. Pero en América Latina la Iglesia Católica, asociada a los intereses más conservadores de las oligarquías nativas, se resistía a oír el llamado papal. Todavía esta institución resentía los efectos de las reformas liberales en Colombia y México, y los diversos intentos liberales en el resto del continente por recortar sus fueros patrimoniales y políticos. El sector más intelectual izado del mediano clero urbano, acorde con los nuevos tiempos y exigencias sociales, decidió recoger por su propia cuenta el mensaje renovador de León XIII. El catolicismo podía, gracias a estos misioneros de nuevo tipo, disputar si no la hegemonía en el interior del movimiento obrero, por lo menos ganar algunos espacios que hasta ese momento le eran más ajenos que vedados.
 
 
La traducción al español y al portugués de la Rerum Novarum, así como su difusión en el continente fue temprana. A sólo un año de su promulgación eclesiástica, circulaba ya una edición mexicana. Poco después aparecía editándose y distribuyéndose en Brasil, Chile, Argentina, Cuba y otros países.
 
 
La encíclica Rerum Novarum reconoció el derecho de los trabajadores al descanso dominical, a fijar límites de tiempo al trabajo de niños y mujeres. Recomendó a los patrones ser más cristianos y practicar la caridad y el amor al prójimo; a los obreros los reconvino a formar sindicatos y sociedades católicas bajo una orientación marcadamente legalista y conciliadora frente al capital.
 
 
Esta encíclica precisaba sus distancias frente al liberalismo y el socialismo. Del primero, criticaba moralmente su individualismo, el cual era traducido como egoísmo. Del segundo, cuestionó, por un lado, su tesis contraria a la propiedad privada, sacralizándola como la forma más positiva del derecho natural, y, por el otro, impugnó la tesis socialista de la igualdad social, porque negaba la existencia de las diferencias individuales que explicarían las diferentes y desiguales ubicaciones y posiciones de clase. La única igualdad existente para la Rerum Novarum, descansaba en la relación humana ante la divinidad. Postulaba que entre las clases debería existir amor, respeto y cooperación, porque ambas se necesitan entre sí.
 
 
En la mayoría de las sociedades latinoamericanas se comenzaron a constituir núcleos de propaganda y organización, de orientación católica, en el seno de la clase obrera de sus respectivos países. La tradición religiosa de este continente mantuvo la hegemonía del catolicismo, pese a que desde fines del siglo XIX, a la acción anticlerical se sumó la evangelización competitiva de las Iglesias protestantes. El catolicismo popular arraigado en el seno de la clase obrera, predisponía a ésta a recibir el mensaje obrerista de la Rerum Novarum, de manera análoga, como a mediados del siglo XIX, los artesanos y jornaleros urbanos asumieron como suyos los mensajes y evangelios neo-saintsimonianos. En la nueva coyuntura, el catolicismo obrero ya no tenía como oponente al socialismo cristiano, sino al anticlericalismo militante de los anarquistas y socialistas. Pero la religiosidad política de estos últimos distaba mucho de poder relevar y ensamblarse con los sedimentos de la cosmovisión popular urbana.
 
 
Entre la tradición colonial de la Iglesia, nos referimos al parroquianismo urbano-popular, a las cofradías de artesanos y el mutualismo y sindicalismo promovido por León XIII, hubo en América Latina algunas iniciativas y proyectos de mediación. En Chile, por ejemplo, hacia 1870 se habían comenzado a crear mutuales católicas, como: la Sociedad Católica de Obreros de la Parroquia de Santa Ana, la Asociación Fraterna de la Unión del Progreso y la Asociación Católica de Obreros. Sin lugar a dudas, la gestión y animación de esta primera avanzada obrerista, se debió a la labor misional del .sacerdote Rafael Angel Jara. Pero ya entrado el período que nos toca abordar en este capítulo, encontramos también otros síntomas de desarrollo del mutualismo católico. Efectivamente, en 1883 se fundó la Sociedad de Obreras Católicas y la Sociedad Orden y Trabajo de Chillán, el mismo año en que Maríano Casanova, a la sazón arzobispo de Santiago, daba a la luz pública la primera pastoral anti-socialista de América Latina.
 
 
En Chile, bordeando ya el siglo XX, los sacerdotes jesuitas Ignacio Vives del Solar y Alberto Hurtado, bajo los criterios de la Rerum Novarum, le dieron un impulso más sostenido e importante al desarrollo del catolicismo obrero, que suscitó la reacción de las derechas. Estas últimas presionaron con éxito para que Vives del Solar fuese obligado por las autoridades eclesiásticas a salir del país.
 
 
En México, el catolicismo obrero logró un sesgo particular durante los años del Porfiriato. En 1905 se fundó la Asociación de Operarios Guadalupanos ya partir de entonces se comenzó a editar el periódico Restauración y Democracia Cristiana. A través de este vocero de prensa se promocionó la formación de una central obrera católica. El obrerismo guadalupano ilustra cabalmente este particular rasgo del catolicismo popular al que hemos venido aludiendo. Al obrerismo guadalupano le tocó espectar las importantes jornadas huelguísticas de Cananea y Río Blanco (1906-1907), y frente a las cuales asumió una posición de condena. La particular concepción mutualista de esta sociedad, no podía dar cabida a acciones destinadas a promover las ideologías pecaminosas del odio entre el trabajo y el capital. En 1908, se constituyó finalmente la Unión Católica Obrera Mexicana, que llegó por estos años a congregar alrededor de veinte mil afiliados. El desarrollo de esta central sindical católica se extendió a todo el país; en 1910, contaba ya con 53 filiales en diversos lugares del territorio nacional
 
 
En la Argentina este tipo de organizaciones católicas comenzaron a actuar en Buenos Aires hacia el año de 1897. Ya para 1903, el clérigo alemán Federico Grote fundó el Círculo de Obreros Católicos de Santa Fe. Bajo esta misma orientación se crearon más tarde sociedades laborales católicas, como la Federación de Asociaciones Católicas de Empleados (FACE), la Juventud Obrera Católica (JOC) y los Círculos Católicos Obreros, que tuvieron como vocero de prensa a partir de 1908 al periódico El Trabajo, de Santa Fe. En 1910, la distancia entre las autoridades eclesiásticas y los trabajadores católicos se ahondaron, abocándose las primeras a boicotear el proyecto de central obrera católica  Al igual que en el ejemplo chileno, el caso argentino revela las tensiones eclesiales que Comenzó a suscitar el surgimiento y desarrollo del obrerismo católico.
 
 
En Brasil, particularmente en Sao Paulo, también se fundaron tempranamente algunas organizaciones adheridas al catolicismo obrero. Entre las sociedades paulistas podemos mencionar al Centro de Obreros Católicos (1906), el Centro Obrero Católico Metropolitano (1907) ya la Confederación Católica de los Círculos Obreros (1917) En los demás países con algunas distancias de tiempo se llevaron a cabo acciones similares, pero nunca llegaron a constituirse en un proyecto orgánico continental, e incluso en la mayoría de los casos ni siquiera de alcance nacional.
 
 
Estos síntomas de renovación del Estado y la Iglesia oligárquicos, así como de las estructuras políticas de las sociedades latinoamericanas tendieron por lo general a enclaustrarse en los marcos estrictamente urbanos. Coadyuvaron a ello los débiles lazos de cohesión del proletariado latinoamericano. Si a nivel urbano el fraccionalismo obrero asumió contornos étnicos y sindicales más o menos definidos, el panorama se hizo más complejo y contradictorio al considerar en su conjunto a los trabajadores del campo y la ciudad. El intervencionismo estatal y eclesial en los medios laborales no pudo penetrar más allá de los espacios urbanos. No por casualidad, en las zonas rurales las corrientes libertarias redescubrieron las armas perdidas de la huelga final y de los diversos métodos de la acción directa.
 
 
Entre los estratos populares del campo y de la ciudad, la segmentaridad de clase comenzó a ser superada paulatinamente por el pujante desarrollo del sindicalismo federativo o centralista, por la agitación, organización y movilización  política de las corrientes de izquierda y reformistas. La segmentaridad de clase  no tenía que ver  únicamente con el aislamiento de las unidades  productivas del campo o de la sociedad, sino principalmente  con el fraccionalismo étnico y con los límites de la división del trabajo por oficios, en el interior  de los centros  laborales. Pero fueron  las líneas  de color  y las identidades  étnicas  o de paisanaje  que más complicaron  el desarrollo de los mecanismos  de cohesión  sindical, de barrio o de clase. Las migraciones étno-campesinas a la ciudad  y los heterogéneos  flujos de inmigrantes Europeos, forjaron  el mosaico  del proletariado mixto latinoamericano  en su fase constructiva y signaron  al faccionalismo  étnico racial como uno de los rasgos distintivos de su existencia social.
 
 
La Formación de barrios  étnicos entre los obreros respondió a las presiones y medidas discriminatorias  al sector empresarial y oligárquico, como a las necesidades  de cohesión étnica, como estrategia de supervivencia  y resistencia. En panamá al impulso  de las obras de construcción  y servició del canal, s formaron importantes barrios étnicos. En la zona del Canal, las viviendas de los obreros norteamericanos estaban distanciadas de las Europeas y éstas, a su vez,  de las barracas o barrios  de casuchas de madera  donde  residían  los negros antillanos de la ciudad de panamá, Como el Chorrillo, Caledonia, Marañón, San –miguel, Aranillo y Malambo.
 
 
En otras ciudades latinoamericanas  fue la formación de barrios en el faccionalismo. Así, por ejemplo, en Buenos Aires se hizo muy conocido el asentamiento  de  italianos llamado La Boca.
 
 
En general, la segmentación  del proletariado  latinoamericano  estaba sustentada en el faccionalismo  étnico y racial, el aislamiento  territorial, la cosmovisión  parroquial  y el sindicalismo oficial. Estos obstáculos  en el proceso  cohesionador  de la clase  obrera fueron  aprovechados  de diversas maneras por el estado oligárquico  y por los grandes inversionistas internacionales  extranjeros. «En los países del plata y en algunas regiones industriales  de Brasil, como Sao Paulo, el aislamiento  se daba sobre  todo por  la nacionalidad y la lengua: Los había  italianos, alemanes,  servocroatas»  En las empresas  imperialistas  que operaban en México  y en otras Partes de América Latina  donde había poblaciones indígenas y negra, los trabajadores calificados y permanentes eran  en buen numero extranjeros. Donde quiera que hubiera  diferencias raciales, éstas eran utilizadas  por las clases dominantes  para dividir a los trabajadores Además, los esclavos mineros y las plantaciones aislaban geográficamente  a núcleos cuantiosos de trabajadores»
 
 
El proceso de urbanización generó  un movimiento  contradictorio entre modernidad arquitectónica y tugurización  del casco colonial. A fines del siglo XX, en la mayoría de los capitales de América Latina  se podía localizar  en la periferia  del casco colonial  urbano  los barrios pobres con calles  estrechas y empedradas, atravesadas por una acequia de aguas  negras. En ambos lados  de sus aceras, contiguas o dispersas, resaltaban  las casas  de vecindad. Viejas  viviendas  de una o dos plantas, de fachada descuidada, casi lúgubre, un zaguán  cuadrado o rectangular  de arcadas carcomidas, piedras y mosaicos  deteriorados, bancos o esquinas  despiadados exhibiendo  un caño  inmundo  y enzolvado. Un pedacito estrecho alumbrado en las noches por la tenue luz  de un farolillo  que desembocaba en el patio  invadido por la ropa recién lavada  y por colchonetas en disposición  de airearse  y asolearse. Una escalera de  peldaños  cortos  de madera o mármol, con barandal  sucio e inseguro  culminan en in corredor desde  donde se desviaban todas las habitaciones-viviendas  casi siempre numeradas. Una puerta  y una ventana con vidrios opacos  o con visillos, con pequeños  agujeros a manera  de miradores para avistar a cobradores o clientes, pero también  para estimular el chisme  vecinal. De quien no pudieron escapar las familias obreras  fue del fantasma  de los alquileres, que llevaban  una parte significativa  de sus  salarios. La  respuesta obrera no tardaría en llegar  a través  de las huelgas inquilinarias.
 
 
En Buenos Aires, en fecha tan temprana  como 1907, circulo un  manifiesto al pueblo convocando  a la primera huelga general de inquilinos. En el texto se mencionaba que la huelga ya se había iniciado  en los conventillos de la calle Itugaingó y se había extendido a famosos  conventillos de elocuentes nombres, como «La cueva negra» entre las calles  de Cochabamba y Garay, y  «Las catorce  provincias» aparte de otros  más. Las razones y divisas  de estos precursores  del parismo  inquilinario fueron transparentes. Hablaba de «La imposibilidad de vivir, dado el  alto precio que propietarios e intermediarios  especuladores cobran por incómodas viviendas, nos impulsa a no pagar alquiler mientras no sean  rebajados  los precios en un 30 por 100… nuestra  divisa contra la avaricia de los propietarios debe ser: No pagar alquiler» . El impacto  de esta agitación  inquilinaria  fue  registrado por  un entusiasta protagonismo anarquista: «De conventillo en conventillo se extendió rápidamente  la idea de no pagar,  y en pocos días la población proletaria en masa  se adhirió a la huelga…. Las grandes casas de inquilinato  se convirtieron  en clubes. Los oradores populares surgían  por todas partes  arengando a los  inquilinos y exaltándolos a no pagar los alquileres y resistir a los desalojos tenazmente »
 
 
En el caso de Buenos Aires,  los conventillos o casas de inquilinos comenzaron a generalizarse  a partir de la década de los ochenta, a raíz  de que los obsoletos  caserones  del sur  iban siendo  abandonados  por los grupos de poder urbano, ansiosos de ubicarse  en la zona residencial  moderna de gusto afrancesado  que comenzó a expandirse  hacia el norte de la ciudad capital. Al iniciarse en 1880, los 1.770 conventillos de Buenos Aires  contaban con  24.023  habitaciones que cobijaban a 51.915 personas  de extracción obrera y popular. En 1892, los conventillos  llegaban  a 2.192, con 34.152 habitaciones ocupadas por 120.847 personas. En doce años, el deterioro de las condiciones de la vida de los conventillos bonaerenses se hizo más visible, al duplicar  el índice  de hacinamiento pasando a cuatro  personas por habitación.
 
 
La especulación  con los alquileres  en los conventillos y viviendas populares fue un foco constante de conflictos obreros  en las principales ciudades latinoamericanas, ya que absorbía  una cuota importante  de la masa salarial. De las protestas ocasionales y aisladas  frente a los desalojos  y alzas de alquileres, se fue pasando a la acción reivindicativa colectiva y organizada.
 
 
Uno de los fenómenos más significativos  de la recomposición social  que trajo  consigo el proceso  de modernización de América Latina, fue  sin duda la creciente incorporación  de la mujer a la fábrica  y en menor medida a los centros académicos, artísticos y políticos. No debe, pues,  extrañar que las primeras manifestaciones  de sindicalismo femenino  y de corrientes feministas, se configuraron en este período.
 
 
Este proceso suscitó  una posición  ambivalente  en el seno de las filas de los trabajadores varones. Ya  que desde el período anterior  se habían registrado  precoses manifestaciones de estas valoraciones  masculinas, entrampada entre las redes de la solidaridad de clase  que involucraban  por ende a las trabajadoras y las inveteradas  tradiciones machistas que confinaban a la mujer al hogar.
 
 
En el primer congreso obrero (1876), en México, hubo voces como la del anarquista Mata Rivera,  que se había  manifestado adversas a la presencia  y participación  de dos delegados, por el solo hecho de ser mujeres.  La defensa  que de ellas hizo el socialista  Muñuzuri terminó por imponerse, luego de acalorado debate  y votación.
 
 
Todavía en agosto  de 1917, en una asamblea general  de la unión de obreros de las fábricas de tejidos de Río de Janeiro, se pueden registrar los ecos del machismo obrero en boca de un dirigente textil, quien  invocó  a sus compañeros de labor: «Nosotros no debemos enseñar (el trabajo) a esa mujeres que mañana nos vendrán a sustituir, pero debemos hacerles comprender que su lugar está en la casa, en tratar  de educar a los hijos… ojalá que ellas sepan comprender su papel de educadora de aquello que mañana serán  nuestros sustitutos en la lucha del pan y en la conquista  del bienestar de la humanidad, pues así  demostrarán a la sociedad ser las verdaderas reinas del hogar»
 
 
Las ideologías  que se fueron  afirmando en la clase obrera latinoamericana  tuvieron  un tenor distinto. No sólo respondieron  a las expectativas de la época  sobre los diversos caminos  acerca del desarrollo  y del cambio social, sino también  a las preocupaciones  más cotidianas  de sobre-vivencia  de la misma clase. En este período  emergió un movimiento político-sindical  que comenzó a estructurar sus propias instituciones culturales de clase (cuadros artísticos, ateneos, bibliotecas, escuelas nocturnas, literatura y periodismo) y a elaborar sus propias reflexiones y programas políticos.
 
 
La convergencia de este sindicalismo  obrero en expansión  y de un movimiento de renovación  universitaria e intelectuales en las capas medias  urbanas, potenció los alcances  de la significación  ideológico-cultural del proletariado industrial-urbano y el naciente feminismo obrero.
 
 
Las ideologías  anarquistas y socialistas  fueron las que mejor  y más rápidamente recogieron las demandas de las mujeres y particularmente  de aquellas que se incorporaron  al trabajo fabril y al movimiento político y sindical. Las emergencias  de un liderazgo  femenino comenzó  a destacar a ciertas ramas de la industria (textil, tabaco, bebidas y alimentos, químico-farmacéuticos) y l trabajo artesanal (costureras).
 
 
En la ciudad de México  aparecieron  grupos feministas obreros, como la sociedad «Estrella de Anahuac» 1988, hijas de Cuahtemoc, 1902,  Hijas de Anahuac, 1906. En pleno auge de la revolución Mexicana se celebró el I Congreso  feminista en Yucatán (1916 y la COM (Casa del Obrero Mundial) de filiación anarcosindicalista llagó a contar con tres batallones de obreras. Entre sus militantes, destacaron: Carmen Huerta, Inés Malváez, Elisa Acuña, Lucrecia Tony, Esther Torres, las hermanas Catalina  y María del Carmen Frías, etc.
 
 
El igual que en México, las demás ciudades  latinoamericanas  fueron sacudidas por la emergencia  del sector  femenino en el movimiento obrero, enarbolando las más de las veces reivindicaciones feministas al lado de sus reivindicaciones laborales (igual trabajo, igual salario,  no al despido por embarazo o parto, derecho de asiento, reducción de la jornada laboral, etc.)
 
 
En Buenos Aires se comenzó a publicar La voz de la Mujer a partir del 2 de enero de 1896. Sus páginas recogían varios artículos de Soledad Bravo, los problemas y precarias condiciones de vida y trabajo de las  mujeres obreras e inmigrantes. Otras editoriales fustigaron  duramente a la sociedad patriarcal y a los milites anarquistas  que transigían  frente a ella, convirtiéndose en cómplices de la opresión femenina. Lemas  como el de «No dios, no jefes,  no maridos» señalaron la virulencia ideológica de este vocero del anarquismo femenino bonaerense. En el primer núcleo de feministas obreras sobresalieron  Pepita Cherra, Virginia Botten, Teresa Marchisio, Irma Ciminaghi y Ana López.
 
 
Las corrientes  internacionalistas  dominantes en el movimiento obrero europeo comenzaron a tener cierta incidencia  en el naciente movimiento obrero latinoamericano. El abanico de corrientes anarquistas,  socialistas y socialcristianos, si bien impacto principalmente  en el plano ideológico a las vanguardias sindicales de América latina, comenzó ya a manifestar algunos intentos organizativos de alcance intencional.
 
 
En esta dirección, incidieron principalmente  los ecos  del I Congreso  internacional anarquista, celebrado en Ámsterdam durante el mes de agosto de 1907, que acordó impulsar la construcción de una internacional Libertaria. Dos años más tarde, la oficina de correspondencia  anarquista a cargo de Enrico Malatesta, Rudolf Rocker,  A Shapiro, J. Tener y J. Wilquit, público el último llamamiento a las organizaciones anarquistas del orbe para que se llevase a cabo que el primero de septiembre  de dicho año del congreso fundacional de la internacional libertaria. Esta circular terminó por despertar inusitado entusiasmo en los nacientes pero activos grupos ácratas de  de América Latina.
 
 
Un grupo anarquista peruano  respondió  a la oficina de correspondencia con una contrapropuesta. Entre otras cosas, argumento a favor  de postergar para 1910 la realización  del evento mencionado con la finalidad de garantizar  su mayor éxito. Asimismo, los anarquistas andinos  demandaron que para efectos  de la elección  de la sede del encuentro  internacional  se debería «elegir un punto más difícil, donde el anarquismo todavía está germinando; y como tal, debe ser en la capital del Perú» Finalmente  concluían este mensaje  diciendo: «Si los compañeros  quieren honrarnos, aceptando la idea  de que se realice  en lima, proponemos que sea en el mes de diciembre, que coincide  con la gran huelga  de Iquique de 1907»
 
 
Esta iniciativa peruana cobró  otra dimensión cuando la FORA le dio nueva significación  a raíz de un encuentro tomado en su VIII congreso, celebrado en Buenos Aires  a fines de abril de 1910, por el que se consideraba  factible la realización de un congreso anarquista sudamericano. La FORA pensaba llevarlo a cabo  en Montevideo y para ello contaba  con la aquiescencia  de los grupos anarquistas de Chile y Perú, así como con la colaboración de la FORU (Federación Obrera Regional Uruguaya), la FORP (Federación Obrera Regional Paraguaya) y finalmente de la CORB (Confederación Operativa Regional Brasileña)
 
 
Hacia 1915, la propuesta  de un congreso anarquista  continental cobró nuevamente actualidad a partir de la iniciativa de las organizaciones  anarcosindicalistas  brasileñas. En su ánimo pesaba  el acuerdo del Congreso anarquista  de Londres (1913), a favor  de la construcción de una Internacional sindical alternativa al reformismo secretariado internacional Sindical. Sin embargo, un evento así necesitaba  algo más que la voluntad e iniciativa brasileña. Al parecer, este nuevo intento también  fue infructuoso. La paradójico del movimiento anarquista fue que  a pesar de que su desarrollo  orgánico alcanzó el mayor apogeo en este período, no fue capaz  de sostener  un proyecto de federalización  a nivel continental, mientras que en los Estados Unidos y las oligarquías de la región habían logrado desde  la reunión Panamericana de 1902-1903, coordinar esfuerzos para llevar adelante  una ofensiva anti-anarquista a gran escala.
 
 
Las primeras huelgas de libraron en América Latina  bajó la forma de huelgas salvajes. No siempre estas acciones de lucha del proletariado iban acompañadas de un pliego de reclamos y de un emplazamiento previo a la patronal. La espontaneidad de la acción directa emergió de la exasperación  de las propias masas, aunque a veces  fue estimulada por las ideas anarquistas. Los huelguistas no conocieron  más límites que los de la correlación de fuerzas frente a sus oponentes del capital y el Estado. Frente a los huelguistas, los gobiernos  oscilaron entre  una especie  de arbitraje  intuitivo y la represión abierta. Excepcionalmente, las autoridades gubernamentales  presionaron a los empresarios al considerar justas las demandas  de los trabajadores que originaron  el conflicto laboral. En todos los casos, el Estado puso como centro de su intervención: la garantía del orden social.
 
 
A lo largo de este capítulo  analizaremos de las primeras acciones huelguísticas ínter gremiales en Cuba, Brasil y argentina. Debemos señalar, sin embargo, que en la memoria del proletariado latinoamericano las huelas heroicas han ocupado un mayor espacio y significación en la subjetividad histórico-política de esta clase subalterna. Las huelgas de Iquique (chile), Cananea (México) son dos  de sus ejemplos relevantes. En junio de 1906, en el mineral Cananea, a la cual aludimos  referencialmente  en el análisis del anarco-magonismo, perdieron la vida cerca de treinta huelguistas asesinados por las fuerzas rurales del Estado  de Arizona, al mando del capitán Tom Ryming, veterano de la guerra hispano-norteamericano. Las tropas estadounidenses  cruzaron la frontera  mexicana para imponer el orden en lo que consideraban  feudo de la Cananea Consolidated Copper, en el Estado de Sonora.
 
 
Las minas de salitre  de Iquique (Chile) concentraban a 24.445 obreros, de los cuales 7.047 eran extranjeros, en su mayoría de nacionalidad boliviana o peruana. Los capitales de la empresa salitrera  eran de precedencia  alemana y de la oligarquía  chilena. La franja salitrera, principalmente  botín de la guerra del pacifico (1879-1882), se convirtió en eje de las exportaciones  chilenas y soporte de las rentas fiscales.
 
 
En este país, los salarios  y las precarias condiciones de vida, aunadas  a la intransigencia de las empresas mineras, hicieron estallar huelga tras huelga en los diversos oficios obreros. La primera fue iniciada  el 4 de diciembre de 1907 por la maestreada del ferrocarril, el día 10 de propagó a los trabajadores de ribera y luego a todas las minas. Los huelguistas  de San Jorge, Carmen  Alto, San Donato, La Iquique, La Perla y la Esmeralda decidieron  movilizarse hacia la ciudad  portuaria del Iquique. Otros contingentes fueron  bloqueados por las fuerzas represoras a la salida de sus campamentos.
 
 
El comité de huelga, presidido por el anarquista  José Briggs estaba integrado además por Luis Olea, Manuel Altamirano, José Santos Morales, Nicolás Rodríguez y Ladislao Córdova. Su primer llamamiento  consignaba  los 10 puntos  de la orientación  anarcosindicalista  que debía guiar al buen obrero salitrero: sindicalizarse, no traicionar a sus compañeros, ser activo y conciente, recurrir a asambleas y conferencias, no dejarse  explotar, estudiar libros y periódicos  obreros, dejar las tabernas y prostíbulos, rebelarse contra los verdugos, atraer a los indiferentes e instruir a los hijos.
 
 
Las negociaciones fueron dificultadas  por la intervención  del gobierno oligárquico de Pedro Montt a favor de las empresas salitreras, al demandar que los obreros retornarse a sus labores mientras corría  un plazo de ocho días para gestionar una respuesta empresarial. La huelga continuó, a pesar  del estado de sitio  y férreo  control militar impuesto por el general Silvia Renard. El 20 de diciembre, el intendente Carlos Eastman emplazó a los huelguistas a someterse voluntariamente o atenerse a las medidas disciplinarias que se pondrían en práctica al día siguiente. Horas después, en la mina Buenaventura, el ejército disparó a mansalva, dejando un saldo de seis muertos  y veinte heridos de bala.
 
 
Varios miles de huelguistas chilenos, bolivianos, peruanos y argentinos, concentrados en la escuela de Santa María, fueron cercados por las tropas de Silve Renard. Infructuosamente  algunos líderes obreros intentaron la mediación, diplomática. Cerca de las cuatro de la tarde Renard ordenó ametrallar la escuela. Hoy, poco importa saber se los muertos fueron 3.600 como registra la Cantata «Santa María de Iquique» o 2.000, como suponen otros historiadores. Las cifras, cualquiera que estas sean, no alteran la calidad  y significación  del genocidio obrero. Las masacres obreras y campesinas en este periodo se presentaron como un atributo  necesario de la lógica  del capital y del orden, impuesto a la clase trabajadora por el pacto neo-colonial  en todos y cada uno de los países  de América Latina.
 
 
 
 
CAPÍTULO I
 
 
CLASE OBRERA Y LUCHA ANTICOLONIAL EN CUBA
 
 
 
Durante los años de 1880 a 1895, con la sola excepción del incidente armado  de 1885, no hubo en la isla de Cuba  ningún conflicto bélico  de carácter  independista  o  revolucionario. Sin embargo, estos años de paz interna no fueron acompañados  de las necesarias reformas  sociales y políticas que el pueblo  cubano ansiaba.
 
 
La reforma política propagandizada por la metrópoli española en 1878 postulaba formalmente el reconocimiento del derecho  del pueblo  de Cuba a elegir representantes ente las cortes de España, así como a la instauración de un sistema de gobierno provisional y municipal. Estas medidas, lejos de paliar las expectativas políticas de los cubanos, las acrecentó y polarizó.
 
 
Los comicios se sustentaron en un sistema elitista de sufragio, ya que sólo podían participar electores  de buena casta y posición Social. La exclusión  de blancos pobres y de negros fue virtualmente  un hecho  de discriminación colonial. La reforma  electoral española  de 1892 no hizo más que reforzar el régimen de opresión  política en la isla, apoyándose  en un típico  argumento racista. Esta ley electoral marginó a Cuba, debido «exclusivamente a la gran dificultas existente allí  donde la raza negra se halla en mayoría y puede ejercer una influencia  decisiva en las elecciones» La política en Cuba quedaba así  escindida  en términos etnoclasistas, invitando a las clases subalternas a expresar  sus intereses políticos por otros medios o adscribirse  a los proyectos de orientación anticolonial.
 
 
Esta situación  política fue aún más  penosa dados los fueros especiales  que mantenían el Capitán  General de la isla de Cuba, que lo facultaban a disolver la Asambleas Provinciales en caso de haber  desacuerdo político con su particular punto de vista. Los delegados liberales  autonomista  infructuosamente  intentaron ser oídos en las Cortes  sobre la importancia de sus tres postulados doctrinarios: Soberanía de España, representación colonial en las Cortes y gobierno  representativo  en Cuba. El año de 1890, el partido Autonomista enjuicio  de manera categórica el fracaso  de su gestión  sobre la cuestión colonial de Cuba: «Tras doce años de penoso batallar contra la acción combinada de la intriga y la violencia…se encontraba el pueblo  cubano en peor condición  que en 1878, con el alma  herida por el desengaño y la paciencia agotada por el sufrimiento»
 
 
En materia social, la cuestión  de la esclavitud  había agregado su cuota  de malestar político. El 5 de noviembre  de 1879, el gobierno español de Martínez Campos presentó a las cortes un proyecto sui genereis de abolición de la esclavitud  en Cuba, por el cual 200.00 esclavos negros de la isla lograrían  su libertad luego de ocho años  de ejercicio de labores y servicios en beneficio  de sus amos. Esta especie de «patronato»  temporal fue una medida  compensatoria  a favor  de los esclavistas, ya que quedaba excluida  la indemnización gubernamental.
 
 
Hacia 1886 quedaban solamente 26.000 esclavos, ya que los amos  optaron por libertaros para desligarse durante lo que ellos llamaban «tiempo muerto»; es decir, el no trabajo de niños y ancianos. Para tal fin  utilizaron  un abanico de formas medidas  pero no siempre  favorables a sus intereses. Bajo  este panorama se expidió un Real Decreto aboliendo la esclavitud, dos años antes  de que concluyese  el «patronato». Pero la liquidación  de la esclavitud no sepultó  la tradición ideológica del racismo; éste siguió pautando las relaciones sociales  y los conflictos que de ella emanaron.
 
 
La economía Cubana, eminentemente azucarera, sufrió por esos años una conmoción sin precedentes. Perdido el mercado europeo por el auge  del azúcar de remolacha, la producción de azúcar de caña  acentuó su dependencia económica  con el respecto al mercado y capital norteamericano. Los precios  mantuvieron una declinación  constante. En Nueva York, el precio del azúcar crudo  cotizado a 10 centavos de dólar la libra en 1870, se deslizo  a 8.6 centavos en 1882 y para el año de 1884 cayó estrepitosamente a 3.2 centavos.
 
 
Los nexos de la industria azucarera  cubana  con la economía norteamericana se iniciaron a mediados  del siglo XIX, a partir del  tráfico  ilegal de esclavos negros controlado  por cuatro  empresas neoyorquinas.
 
 
A éstas  se sumaron un número indeterminado de empresas de navegación norteamericanas que, con sus veloces flotillas de Clippers, monopolizaron hasta el noventa por ciento del comercio negro con las islas de Cuba.
 
 
Más allá del tenor lucrativo del complejo mercantil negrero, la economía azucarera cubana en su ligazón creciente con el mercado norteamericano se vio  beneficiada por la crisis azucarera de Luisiana (1871) y el advenimiento del ferrocarril, que fracturó el circuito naviero del Mississippi.
 
 
De allí en adelante, las ciudades portuarias de las costas atlánticas norteamericanas, Nueva York y Boston, cobraron inusual importancia estratégica apoyándose en la industria de refinación de azúcares crudos procedentes de los ingenios cañeros cubanos.
 
 
Cuba se convirtió así  en una rueda excéntrica en la maquinaria mercantil  colonial hispana de la segunda mitad  del siglo XX. La balanza  del comercio  exterior  acusó  una marcada orientación  en el proceso de modificación  de los términos de dependencia económica. El polo de dominación neo-colonial  norteamericana sobre Cuba  fue haciéndose más precaria  la dominación española. La crisis y la guerra de 1898, que enfrentó con distancias a norteamericanos y patriotas cubanos contra españoles, se había venido incubando  durante toda la segunda mitad del siglo XIX.
 
 
De 1837 a 1873, la economía azucarera cubana  vivió su fase de mayor expansión y bonaza. La construcción de vías férreas permitió  la ampliación de la frontera azucarera  al asimilar las tierras vírgenes del interior de la isla. Las restricciones al tráfico de esclavos forzaron a la sacarocracia cubana a buscar, con el apoyo  español, formas complementarias  de captación de fuerzas de trabajo.
 
 
Diversos mecanismos de enganche y contrata de mano de obra inmigrante complicaron el espectro etnoclasista de los trabajadores de los ingenios, ferrocarriles, manufacturas y servicios urbano-políticos. Llegaron así: irlandeses y canarios para la construcción y servicio de los ferrocarriles; gallegos para trabajar en los ingenios azucareros más modernos y en los talleres semifactureros  urbanos; finalmente, coolíes chinos para la faena del corte de leña. Las líneas del color atravesaron así las  contradicciones  entre el trabajo y el capital, pero también  las existencias  entre jerarquías  ocupacionales o de oficio.
 
 
Las principales ciudades cubanas operaban terminales de los azúcares y mieles procedentes de los ingenios  contaban con un importante mercado de fuerza de trabajo eventual. Esto se  incrementó  grandemente a raíz del despojo de que fueron objeto  los campesino de algunos valles. Como el de Mayabeque, con motivo  de la violenta expansión de la frontera rural del azúcar. Antiguas ciudades  coloniales, como la Habana, resistieron los efectos de esta presión migratoria, construyéndose nuevos barrios a ambos lados  de sus murallas, todos ellos marcados por  la pobreza y las líneas de color de las clases subalternas. La tenaz resistencia del proletariado y lumpenproletario urbano hicieron infructuosas  las medidas  represoras -ley de vigilancia-  que pretendían utilizar la sacarocracia cubana y el régimen colonial hispano, para someterlos aun sistema laboral imperante en los ingenios y en la realización de obras  públicas. Más tarde, importantes contingentes de estos sectores sociales  engrosaron las filas del partido de la revolución Cubana en su lucha por la independencia.
 
 
La tendencia negativa de los precios del azúcar  en el último cuarto del siglo XIX, llevó a los ingenios a una nueva fase de modernización con la finalidad de abaratar costos y mantener competitividad y mejorar sus tasas de ganancia. El régimen esclavista  quedó así  sepultado; la las centrales azucareras; el sistema de colonato y el trabajo asalariado  se acoplaron mejor a estas nuevas exigencias y a las innovaciones  tecnológicas. Pero este proceso tuvo que ser acompañado por un movimiento de concentración  empresarial, de 1.400 ingenios existentes en 1885, pasaron a 400 en el año de 1894. La sacarocracia  estrechó así su círculo de poder económico y político.
 
 
En las últimas  décadas del siglo XIX, el movimiento obrero y artesanal comenzó  a dar un viraje en sus posiciones gremiales y políticas. L cruzada reformista de Saturnino Martínez  de trocar la política de huelgas por la de la formación  de cooperativas de producción y consumo, sólo logró mantener  su hegemonía  hasta mediados  de la década de los ochenta. El fracaso  de los experimentos cooperativos  se hizo frecuente, siendo capitalizado  por el surgimiento de  una corriente anarcosindicalista que tuvo como vocero el diario El productor, dirigido por Enrique Roig Martín, más tarde considerado el principal exponente del anarquismo cubano.
 
 
El grupo de Roig, conocido también  el circulo de los trabajadores, asumió un lema muy claro y contundente «No queremos cooperativismo,  demandamos la revolución social» La prédica corrosiva y anti-reformista  de este grupo anarquista cosechó su mayor éxito en el movimiento obrero con motivo  de la realización del I congreso  obrero  nacional en la Habana  durante el mes de enero de 1892 y que había  sido convocado el 1 de mayo del año anterior.
 
 
En dicho evento, Saturnino Martínez fue repudiado por los congresistas obreros cubanos y españoles. Este congreso tuvo especial  significación  porque implicó la derrota del cooperativismo reformista y otorgo la hegemonía ideológica-política al círculo de los trabajadores, que postulaba la lucha por las demandas de clase y de interés nacional-popular.
 
 
El desarrollo del congreso se trató de  la necesidad de la lucha por la jornada de las ocho horas,  de la organización  de la federación regional Cubana, de la igualad de trabajadores blancos y negros, de la necesidad de la acción política  y del apoyo de la independencia de Cuba  Se reivindicó  al socialismo revolucionario como guía de la emancipación de la clase obrera cubana y complemento de la emancipación  popular. «Que si bien el congreso hace la anterior afirmación en su sentido más absoluto, también declara que la introducción de estas ideas  en la masa trabajadora de Cuba no viene, no puede venir, a ser un obstáculo para el triunfo de las aspiraciones  de emancipación del este pueblo, por cuanto sería absurdo que el hombre que aspira a su libertad individual  se opusiera a la libertad colectiva de un pueblo, aunque la libertad a que ese pueblo aspire sea esa libertad relativa que consiste en emanciparse de la tutela de otro pueblo»
 
 
Si bien el Congreso Obrero  aprobó la moción a la que  aludimos  en párrafo anterior, no por ello dejó  de manifestarse una fuerte y agitada confrontación  de ideas entre las diversas corrientes obreristas; Eduardo Gonzáles  antepuso los intereses de clase  a los de carácter nacional, diciendo, «Soy enemigo del integrista como del  separatista, estrecho su mano  cuando hay que ponerse enfrente del burgués» Más coherente y sólida de la perspectiva asumida por quienes articularon los intereses  de clase y nación. Maximino Fernández, Enrique Creci, Sandalio Romaella, Ramón Villamil, Enrique Messonier y Daniel Rodríguez destacaron entre los adherentes  a la moción del obrerismo nacionalista. Los obreros de nacionalidad española difícilmente  podían acogerse  a un planteamiento  nacional  que cuestionaba a su país e origen. En este sentido, la moción  y acuerdo del congreso  a favor de la independencia de Cuba escindió étnicamente al movimiento obrero.
 
 
La disidencia entre los congresistas  de filiación anarquista se expresó también en la valoración de los medios  para conseguir la jornada de las ocho horas y la emancipación obrera. Los partidarios de la huelga general y de la revolución social profundizaron sus divergencias. Ramón Villamil, poniéndose a la izquierda de la posición de Carlos Marx, dijo que esté en el congreso de Basilea (1959)  había sostenido que los obreros para realizar  sus bienes deberían  asociarse, pero que él  prefería decirles  a sus hermanos  de clase que era mejor asociarse y armarse para hacer la revolución. Francisco Peláez, aunque partidario  también de la revolución,  pensaba que esta vendría de Europa. Europeísta y cubanista pusieron en evidencia  los límites del ideario anarquista. Finalmente, los intereses  más generales del movimiento obrero prevalecieron sobre los fraccionalismos doctrinarios, aprobándose  la huelga general como táctica para conseguir la jornada de las ocho horas, mientras que la revolución social fue reivindicativa simbólicamente como una meta o ideal.
 
 
En lo que respecta a la organización obrera, prevalecieron  los puntos de vista de la corriente organizadora de los anarquistas sobre la corriente espontaneísta. Se aprobó finalmente  la propuesta  de Maximino Fernández  de crear la federación de trabajadores de Cuba. Su estructura orgánica prescribía que en cada localidad se formasen  una sociedad con sus respectivas  secciones por oficio u ocupación; que cada sección contase con autonomía y libertad de acción; que todas las sociedades locales sostuvieron mediante un pacto general  a la Federación  de Trabajadores  de Cuba.
 
 
Este primer congreso no pudo  llegar  a concluir sus sesiones de trabajo. Fue significativo el hecho de que el 20 de enero, el gobernador  civil  de la provincia de la Habana, Francisco Cassa, ordenase la suspensión  del encuentro obrero  y ordénese la detención de los líderes Cristóbal Fuentes, Eduardo Gonzáles, Maximino Fernández y Ramón Villamil. En la orden de aprehensión  quedaba muy claro el motivo  de esta acción  draconiana,  tal era la preocupación  gubernamental rente a los acuerdos «aceptados y aclamados» el día anterior y que revestían  «caracteres  de delitos contra el orden social y político existente» El mismo día de la represión, el congreso iba a discutir un plan sindical contra la discriminación  racial.
 
 
La vanguardia anarquista, principalmente el círculo de los trabajadores, se abocó a la preparación y realización de la defensa  de agitación tuvo éxito, las autoridades se vieron forzadas a decretar la libertad de los congresistas presos. Esta acción represiva  preludió las acciones anti-obreras de los años venideros. 
 
 
El clima ideológico-político de convergencia  de los intereses  de la clase obrera  y la nación no se limitó únicamente  al congreso obrero de la Habana. Algo similar aconteció a los obreros  tabacaleros cubanos residentes en Tampa, Cayo Hueso, Ocala y otras poblaciones norteamericanas. Papel destacado en esta orientación ideológica lo jugó José Martí, que a la sazón había llegado el 25 de diciembre de 1891 a Cayo Hueso,  invitado por un grupo de obreros con la finalidad de discutir una fundación del partido revolucionario y la emancipación de Cuba. A la formación de este partido  en el exilio, prestaron su valiosos  concurso dos de los socialistas más activos y renombrados entre los trabajadores  cubanos, Carlos Baliño y Vicente Tejera.
 
 
Las simpatías obreras de los tabacaleros  inmigrantes se volcaron multitudinariamente a favor de la empresa independencia  de José Martí. Fueron los tabacaleros quienes cotizaron para la compra de armas un día  de su jornal a la semana, que fluctuaba de 0.25 centavos  de dólar a 2 dólares 50 centavos, según sus salarios. En 1893, los obreros cubanos constituían la base social  dominante  de los 71 clubes revolucionarios de Cayo Hueso y de los quince de Tampa. Mientras tanto, en el interior de la isla de Cuba se había constituido la Sociedad  general de trabajadores bajo orientación anarquista, que dos años más tarde, con motivo  del inicio de la guerra independista, actuarían  desde la clandestinidad  difundiendo  las ideas clasistas y nacionales de los obreros cubanos.
 
 
El apoyo económico de los tabacaleros de Ocala (Florida)  llevó a José Martí  a dirigirles un homenaje desde el periódico Patria, órgano del  partido revolucionario un 2 de julio de 1892: «Cuando se cuentan  los años pasados por la migración cubana en esperanzas y  caídas: cuando  se recuerda el sacrificio continuo, y de fin invisible, de las emigraciones;  cuando se conoce, por las penas constantes de la existencia, el valor del dinero ganado con las propias manos; cuando se sabe que el óbolo  que se distrae  de él es un placer menos para los hijos, una medicina menos  para el enfermo, un plato menos  para la mesa  de la casa, No se pueden  leer sin respeto estas frases  de una carta  de Ocola: “Desde  esta fecha  donaremos  de nuestro pobre jornal  la insignificante  cuota de veinticinco  centavos semanales destinados a la revolución  de nuestra patria Cuba…”»
 
 
Las influencias ideológicas en el seno de la clase obrera  cubana variaron de los inmigrantes residentes en los Estado Unidos  a los que radicaban  y trabajaban en la Isla. Los primeros se sintieron más próximos  y sensibles  a la corriente socialista  del venezolano Daniel de León, agrupada en la organización Knigths of the Labor  y más tarde en el partido obrero socialista de los Estados Unidos. En los  segundos predominaba la ideología anarquista  sobre la socialista, promovida principalmente  por los obreros inmigrantes de nacionalidad española.  Sin embargo, tanto los obreros cubanos en los Estado Unidos  como los afincados en la Isla,  se involucraron de manera progresiva y creciente con las preocupaciones nacionales y la lucha de liberación  de su país de origen. Su  blanco inicial fue la dominación colonial hispana;  concluida ésta se  orientó  contra la dominación norteamericana. En una y otra fase de la lucha anticolonial  la participación  obrera se expresó a través de los sindicatos y periódicos  obreros, pero también  a través de formación  de clubes patrióticos  en barrios populares o fábricas.
 
 
En el transcurso  del año de 1893 se sucedieron dos acontecimientitos que mermaron  coyunturalmente al entusiasmo inicial con que los obreros inmigrantes recibieron la fundación del partido revolucionario  de Cuba.  El primero fue el fracaso de la rebelión de los hermanos Sartorius  en la localidad de Holguín, en territorio cubano. El segundo, la recesión de la industria tabacalera  sureña  que condujo al cierre de numerosas empresas industriales en el marco en un gran crisis económica que afecto a los Estados Unidos.
 
 
Miles de obreros fueron despedidos, entre  ellos un gran continente de trabajadores cubanos. La lucha  por la sobrevivencia  que emprendieron estos últimos, les restó fuerza al apoyo que antes le brindaron al partido revolucionario. Tras una breve  mejoría de la economía, sobrevino  una nueva fase de la crisis industrial que asumió en crítica situación a la industrial tabacalera. Los patronos de las tabaquerías de Cayo Hueso rebajaron al mínimo los salarios  y 800 obreros cubano se lanzaron a la huelga. La administración  colonial hispana, entrada de estos sucesos, les ofreció  a los patrones un contingente de tabacaleros españoles como rompehuelgas.
 
 
En diciembre de 1893 llegaron a Cayo Hueso  los rompehuelgas, produciéndose violentos enfrentamientos  con los huelguistas cubanos. A la administración colonial hispana, más que quebrar la huelga, les interesaba aniquilar la base  social de los clubes obreros  del partido Revolucionario cubano. Este último con la finalidad de contrarrestar la medida española, optó por recurrir al gobierno norteamericano, apelando contra los rompehuelgas  españoles en base a las leyes de inmigración y la legislación laboral vigente en el país. La gestión del partido  de José Martí  r5indió sus frutos; los rompehuelgas tuvieron que ser repatriados. Este final, relativamente feliz, volvió a consolidar la base obrera del partido  independista.
 
 
En Enero de 1895 la expedición de desembarco de mil quinientos  combatientes preparada por Martí, sufrió un rudo golpe. Una infidencia  involuntaria llevó a que el gobierno norteamericano  interviniese los barcos «Amadís», «Laconda» y «Baracoa» en vísperas  de su partida  rumbo a Cuba; fueron incautados los materiales de guerra que portaban. Lejos  se amilanarse el partido revolucionario, consiguió redoblar las adhesiones  económicas y políticas de los obreros inmigrantes. Dos meses más tarde y con posteridad  al primer estallido de las acciones anticoloniales  en Cuba, un pequeño contingente al mando de Antonio Maceo, desembarcó cerca de la población de Baracoa, partiendo hacia Guantánamo. Poco después. Logró unirse a las fuerzas rebeldes comandadas por el brigadier  Jesús Rabí. Por su lado José Martí y cinco correligionarios después  de azaroso viaje lograron desembarcar en la Playita, caleta cerca de la localidad  de Cajobabo. La revolución anticolonial se había iniciado y tendería a expandirse.
 
 
La insurrección  anticolonial, que se inicio el 24 de febrero de 1895, pronto devino en heroica y cruenta guerra nacional-revolucionaria, que duró hasta  entrado el año de 1898, con motivo de la salida de la isla  de las autoridades españolas y el ingreso de las tropas norteamericanas. Durante las primeras acciones armadas del partido revolucionario cubano, se produjo un hecho  luctuoso sensible; José Martí fue abatido en una emboscada el 19 de mayo de 1895. A  pesar de ello, el mando y orientación  del movimiento independista no decayó.
 
 
En septiembre de 1895, en una zona liberada del interior de la isla, los patriotas convocaron a una asamblea  constituyente y aprobaron una Constitución provisional, en la que se hacía  constar la independencia como  acto legitimo de la soberanía del pueblo cubano y a la república como la forma política que debería regir sus destinos. El curso de la guerra y la política independista erosionaron la propia cohesión  y legitimidad  del régimen colonial. La metrópoli española relevó de su cargo al capitán  general de la isla de Cuba, Martínez Campos, por Valerio Weyler. Este inauguró una  política  de tierra arrasada  y de formación de zonas  de reconcentración  poblacional con la finalidad de aislar y acercar a las guerrillas patrióticas. A fines de 1896, en una batalla cerca de la Habana, falleció el líder independista Antonio Maceo.
 
 
La guerra independista  pronto repercutió  en las tabaquerías  cubanas gracias a que en los propios talleres y durante la jornada  de trabajo  se siguió  practicando el régimen  de lecturas de libros y periódicos. Esta práctica  se había iniciado con fines educativos  a mediados del siglo  XIX, en la galeras  de los presos que oficiaban de cigarreros en al Arsenal de la Habana. De allí se propagó a las tabacaleras de la misma ciudad. El  año de 1865 el periódico obrero  La Aurora promovió una orientación ideológica clasista para la selección del material  de lectura. A pesar de las restricciones patronales y gubernamentales, las mesas de lectura continuaron funcionando. José Martí  caracterizó certeramente esta práctica  cultural de los tabacaleros  al designar como «tribuna avanzada de la libertad» Pero este medio de agitación ilustrada no tardo en ser  nuevamente reprimido; el 8 de junio de 1896 se expidió un bando gubernamental  prohibiendo  terminantemente toda práctica  de lectura.
 
 
El régimen de lectura fue patrimonio exclusivo de los talleres de las tabaquerías, ya que su modalidad de trabajo así lo permitiría. El procesamiento  del tabaco  lo hacia individualmente y a mano los torcedores  sentados unos juntos a otros en largas mesas. Las operaciones de confeccionar cigarros era una  actividad silenciosa, salvo por las conversaciones y corrillo de los propios operarios. En cambio, la lectura  no pudo practicarse en los ingenios azucareros, en cuya casa de calderas no se podía escuchar  voces humanas.  Los ruidos de la maquinaria  generaban  una ensordecedora  gama de sonidos de rodaje, prensas,  bielas, engranes, émbolos, pistones, válvulas, centrífugas y acarreos con fugas de vapor que ahogaban o distorsionaban toda voz humana.
 
 
Hacia 1898, la guerra anticolonial había  cobrado más de veinte mil  vidas humanas. Las bajas españolas también fueron considerables. La intervención norteamericana  parecía inevitable. Los conflictos bélicos entre Estado Unidos y España habían estallado. El 1 de mayo de 1898  la flota norteamericana  ocupó filipinas  luego de hundir a su símil española. Una semana antes, el consejo de gobierno de las fuerzas patriotas cubanas  habían reconocido a los Estado Unidos como su virtual aliado. A mediados de año, las tropas estadounidenses invadían Cuba. A fines de año el ejército colonial hispano, acosado entre dos fuegos, obligó a las autoridades españolas a preparar retiro y la firma de un tratado de paz con los Estados
 
Unidos.
 
 
La guerra de liberación en Cuba fue motivo de fuerte  represión a las organizaciones  obreras. En marzo de 1898, las autoridades coloniales habían ordenado el cese a toda  actividad Obrera de tipo gremial. Durante  esos últimos meses que precedieron a la derrota española y su ulterior  retiro,  la clase obrera cubana percibió con nitidez  la convergencia  de sus intereses de clase con los de carácter nacional. La opresión de clase se  revelaba  como uno de de los rasgos distintivos  de la opresión  colonial.  A esta escala final de la represión anti-obrera  del régimen colonial sólo sobrevivieron  tres gremios  pertenecientes a la industria tabacalera de la Habana. Estos fueron: la sociedad  de Escogedores de Tabacos, La sociedad de Fileteadores y la Unión de Rezagadotes que tenían como adherentes únicamente a obreros españoles. No  obstante, este balance debe ser relativizado  dado el desarrollo de clubes obreros ligados a la lucha revolucionaria, tanto en el interior como en el exterior del país, que concluida la lucha armada devinieron en poderosas palancas de reconstitución de los gremios  y sindicatos disueltos.
 
 
En el año de 1899 un censo de población realizado  por las fuerzas intervencionistas  norteamericanas  arrojó un total de 1.572.797 habitantes. De esta población, 622.330 fueron considerados trabajadores manuales: 299.197 ligados a las faenas del campo, principalmente a la de las centrales e ingenios azucareros;  141.936 dedicados a las labores domesticas o de productores independientes; 93.034 como obreros fabriles; 79.437 como empleados de comercio y como trabajadores adscritos  al servicio  de transportes; finalmente, 8.736 fueron considerados  artesanos de oficio.
 
 
Además de señalar esta diferencia  ocupacional  de los trabajadores cubano, el censo de 1899 hacía constar su persistencia de raza, consignando la existencia de 403.059 trabajadores blancos  y 219.271 de color. El mérito de la corriente anarquista  fue el haber afirmado  la cohesión de clase frente a las formas tradicionales  de segmentación  interna que ponía énfasis  en las líneas de color, el paisaje, los oficios  y las jerarquías ocupacionales.
 
 
La guerra de independencia  generó  un éxodo rural masivo sobre las ciudades, apresurando su crecimiento. Según datos del Censo de 1899, La Habana contaba con una población de 247.000 y Puerto Príncipe (Camagüey) con 25.000 habitantes. DE todas estas ciudades, La habana constituyo demográficamente el centro urbano por excelencia.
 
 
En la Habana, la presión migratoria generó un nuevo proceso de tugurización y de formación de barrios populares. Las casas vecindad abundaron en los barrios de la Paula, Jesús María sitios, Tacón San Lázaro, Pueblo Nuevo, Cayo Hueso. Este último  fue bautizado así porque allí se afincaron la mayoría de los inmigrantes  damnificados del pavoroso incendio  de Key West en 1886, que fueron transportados a La Habana por gestión solidaria de los tabacaleros de esta ciudad.
 
 
La culminación de la guerra contra la administración colonial española permitió reorientar el desarrollo del movimiento obrero en función de sus reivindicaciones  de clase y reconstituir sus órganos de resistencia. Las vanguardias obreras  se sentían desilusionadas  por la actitud claudicante  de un sector importante  de la burguesía criolla  que hegemonizó el mando de las fuerzas independistas. Este  sector, más preocupado por el orden social  que por la soberanía nacional, opto por hacerse cómplice del desarme del pueblo. Las fuerzas  de ocupación  norteamericanas venían ofreciendo una suma de dinero a quienes  individual o  voluntariamente entregasen las armas de fuego. Es cierto, sin embargo, que muchos combatientes del pueblo cubano, perdida coyunturalmente la dirección revolucionaria del movimiento independistas y acosados por el desempleo y el hambre, se vieron forzados a vender sus armas.
 
 
El licenciamiento  de las tropas del ejército libertador se convirtió  en un problema  político gremial,  de la clase trabajadora del campo  y la ciudad. Los licenciados reclamaban  el pago de los jornales  adeudados  por los servicios  militares prestados, así como  su derecho al trabajo en la nueva coyuntura.
 
 
En este contexto, la compra  de ramas por parte  de las fuerzas  interventoras norteamericanas  tuvo una doble finalidad  frente a la creciente  presión  de  cada una de las más exaltadas tropas populares. Tal adquisición  cumplió, por un lado, una función  paliativa o distractiva frente  a sus necesidades  más apremiantes  de supervivencia, y, por otro lado, asumió una  función disgregadora al debilitar  el movimiento de los licenciados a través de su desarme efectivo.
 
 
La dirección criolla  del movimiento independista desestimó todo compromiso  frente a la cuestión  de los licenciados, delegando la responsabilidad política en manos de la administración  norteamericana, la cual  fue a su  vez  incapaz  de ofrecer  una salida alternativa. Por su lado, el movimiento obrero inició un debate en torno a la salida más viable  al problema de los licenciados.
 
 
De las diversas iniciativas y proyectos  obreros frente al problema en mención destacaron  básicamente dos. El primero de ellos de clara orientación  reformista  mutual fue promovido  por el club Benéfico El sol, por Francisco Cabal, que ene un manifiesto publicado  el 2 de febrero de 1899 convocó a toda la clase obrera  a participar en una gran colecta patriótica para saldar  los haberes  vencidos a los soldados patriotas. Para tal efecto, Cabal llamó  a una reunión  obrera con el fin  de elegir un comité  central que se dedicase a la tarea de recaudar los donativos. El día  fijado para la reunión, luego de prolongados debates, se acordó retrasarlos  hasta la llegada del general patriota Maximino Gómez, para demandarle su  orientación acerca de la mejo salida  a este problema social.
 
 
La otra propuesta de orientación clasista  fue promovida de manera simultánea y alternativa  a la auspiciada por Francisco Cabal. Lideraban esta iniciativa radical José Domingo Navarro y Francisco García, quienes prefirieron convocar a una movilización popular que partiendo de la plazoleta del Arsenal se dirigiera al palacio de gobierno a fin de exigirle al gobernador de la isla de Cuba, mayor general John R. Broocke, del ejército  de ocupación norteamericano, las siguientes demandas: paga de los jornales adecuados al ejército  manbí. Reapertura del arsenal que había dejado sin empleo a una gran cantidad de obreros patriotas y «trabajo para todos»
 
 
El movimiento obrero asumió la iniciativa  de la lucha social y nacional, en el nuevo contexto de dominación neo-colonial  que impusieron las autoridades y capitales estadounidenses. A los problemas  sociales  legados por la guerra, se sumaron otros que tenían más que ver con la nueva administración neo-colonial. Así, a principios de 1899, los estibadores y jornaleros de muelle y almacenes del puerto Cárdenas decidieron suspender sus labores; demandaron que en lo sucesivo  den lugar del peso de oro español por jornal diario, se les abonase la suma de dos dólares norteamericanos.
 
 
La economía cubana se dolarizó muy rápidamente a raíz de la intervención norteamericana, motivando que los jornales pagados en la moneda tradicional, sostenida anteriormente por la administración hispana,  se convirtiese en objeto de  especulación  usuaria por los cambistas particulares e incluso por los propios  bancos.  El desabasto de víveres y manufactura básicos generados por la guerra fue suplido por la llegada de productos norteamericanos, cotizados y vendidos en dólares a la población cubana. Con  a mediación  de las autoridades militares de ocupación, obreros y patronos  de Cárdenas llegaron al acuerdo de que el  jornal diario se comenzara  a cotizar a dólar y medio. En cambio, en las  centrales azucareras e ingenios bismonetarismo llevó a una solución antilaboral, al cotizarse los jornales del proletariado cañero mediante la expedición de vales que sólo  podían cambiarse por mercancías  en las tiendas mixtas  de sus propios centros de trabajo.
 
 
A la acción huelguística de los portuarios de Cárdenas  le sucedieron otras: la huelga de mecánicos y carpinteros y ferroviarios de la misma ciudad por mejoras salariales; un paro general de los jornaleros de la Habana  debido al deterioro de sus condiciones  de existencia; la huelga  de las obreras papeleras de la cigarrería  La Corona por incremento salarial. En estos casos y a diferencia  de los portuarios  de Cárdenas, los aumentos de jornal se pidieron en pesos españoles. La acción huelguística  de estos sectores  de trabajadores precedió  a su reconstitución gremial. Hubo también otros actos  espontáneos  de protesta obrera como los de aquella muchedumbre acéfala que le demandó al gobernador  de puerto príncipe, pan y trabajo, así como  los mítines de protesta de los despidos  del Arsenal de la Habana.
 
 
La clase obrera se sintió y se supo defraudada  bajo el nuevo orden. ¿Qué importaba  nutrir  las filas mambisas  y de expedicionarios en la lucha de independencia  si seguían siendo marginados y la dirección burguesa  negociaba con facilidad la soberanía  frente a los yanquis? ¿Qué importancia tenía haber formado  clubes obreros  dentro y fuera  del país para sostener una guerra con sus ya esmirriados salarios, si los únicos  beneficiados  económicamente eran los capitales norteamericanos y los propios de la burguesía criolla? El movimiento obrero en la lucha  por sus intereses  de clase y los de la nación durante los primeros años de la  administración norteamericana  quedó aislado en su doble confrontación.
 
 
En el año de 1899 surgieron dos organizaciones ligadas  a la clase obrera: el partido socialista cubano y la liga general  de trabajadores cubanos. En la primera participaron intelectuales y líderes tabacaleros procedentes de Tampa y Key West, así como algunos viejos líderes  socialistas que sobrevivieron  a la represión obrera y a la guerra. En la liga general, en cambio convergieron  las diversas corrientes  obreristas, animadas por el deseo y voluntad  de reconstruir  las sociedades  de resistencia obrera y federales en un organismo unitario.
 
 
La cohesión del movimiento obrero a través de los proyectos de  de reconstrucción sindical  padecía  una serie de en trabamientos sociales e ideológicos. Así sucedió con la sociedad general de trabajadores de la Habana, que fracasó en su intento de reorganización; su fracaso se debió a la postura centrista -autonomista-  durante la guerra postulado por su líder anarquista, César García, que la aisló y enfrentó tanto a los obreros  independistas como a los obreros españoles. Mejor suerte tuvo el círculo de trabajadores de la Habana, que logro reabrir su local  y reagrupar sus fuerzas. Sin lugar a dudas, su nítida postura independista  desde el congreso obrero de 1892, le permitió recuperar su papel de vanguardia. La guerra había marcado profundamente a las corrientes  obreristas al punto de influir decisivamente  sobre la nueva fase  de reconstitución y lucha sindical.
 
 
De la vieja guardia anarcosindicalista de los años previos a la guerra  anti-colonial, pocos quedaron con voluntad y posibilidades de reintegrarse  al movimiento obrero cubano. Sandalio  Romaelle, Adolfo Santaya y Sabino Muñiz se quedaron en Tampa vinculados al trabajo sindical cono los tabacaleros inmigrantes. Adrián del Valle  de afincó a Nueva York. Otros líderes, como Eduardo Gonzáles, Maximino Fernández, José Gonzáles y Gervasio  García, quienes habían tenido destacada  participación en el congreso obrero 1893, en la nueva coyuntura se alejaron  del movimiento obrero. No obstante, hubo quienes desde  el exilio  decidieron  retornar  a la isla y volver  a bregar en las tareas de organización, propaganda y agitación libertaria, como José Acosta, Ramón Rivera, Arturo Juvenet, Ángel Cremata, Pedro Merino y el argentino Alejandro Luis Riveiro.
 
 
Los gremios tabacaleros, tipógrafos, panaderos, albañiles, jornaleros y estibadores fueron los primeros en reorganizarse  e instalar  sus locales sindicales. Las veladas artísticos culturales se hicieron más frecuente, exponiéndose en ellas las ideas anarquistas y socialistas, pero también los  resultados del quehacer literario y teatral de la vanguardia obrera. Los actos más importantes y periódicos  se celebraron en los salones de la sociedad El pilar y del centro de cocheros de La Habana. La clase obrera dispuso  su tiempo libre entre las actividades gremiales, las veladas y la asistencia  a las salas de juego (dominó y baraja), y la concurrencia  a los bares, prostíbulos y corridas  de toros.
 
 
La burguesía Cubana comenzó a ejercer una doble presión sobre la clase obrera. La primera para cooptarla a las files de sus partidos recientemente constituidos con fines electorales (El nacional cubano, la liga patriótica y la liga nacional cubana) La otra para enfrentarla empresarial  y corporativamente  a través  del reciente constituido centro  general de comerciantes e industriales, dado  el repunte huelguístico y sindical  del que venía haciendo  gala el movimiento obrero a menos de un año de culminación de la guerra.
 
 
La administración intervencionista  norteamericana  al mando del mayor general  Broock, preocupado por la visible  convergencia y radicalización de los mambises  del ejército libertador y el movimiento obrero,  optó por una medida  más efectiva  de neutralización de los primeros: pagarles los deudos de sus haberes a condición de que retornasen a sus lugares de origen.  Tres millones de dólares  costó esta  operación  de desmovilización, aunque fue motivo de acres pero infructuosos  impugnaciones  por parte de las corrientes y grupos anarquistas y socialistas.
 
 
La presión de los desempleados urbanos paliada por las  obras  de saneamiento  y de construcción civil  que impulsó en la Habana el general  Brooke. En el campo, paulatinamente, los capitales  norteamericanos  reactivaron la producción azucarera y sus centrales e ingenios pronto se convirtieron en centros de cooptación de mano de obra.  Al lado de estas medidas  de contención social, la administración norteamericana en convivencia con el centro gneral de comerciantes e industriales  promovió una política de  discriminación  interétnica en el seno  de la clase obrera. Favorecieron a los obreros españoles, frente a los obreros de color. Esta práctica  lesionó la unidad de la clase obrera y de los propios sindicatos.
 
 
El conformarse en la ciudad de la Habana, la liga general de trabajadores Cubanos por iniciativa de los veteranos  lideres obreros, como Enrique  Messonier, Francisco Cabal, Ramón Rivero,  y Pedro Navarro,  el reformismo sindical  y el nacionalismo obrero  convergieron  como una sola  corriente sindical.  Las bases de esta organización  postulaban que los obreros cubanos  disfrutasen de las mismas ventajas  y garantías que los obreros extranjeros; que deberíase  gestionar el retorno y el empleo  para  los obreros inmigrantes d nacionalidad cubana;  que realizase una campaña cívica a favor de la mujer obrera; demandar la asistencia  pública a los huérfanos pobres,  sean hijos o no de libertadores; y  finalmente, luchar contra todo elemento  nocivo que  obstaculizara  la buena marcha de la república cubana.  Esta plataforma fue impugnada  por los anarquistas porque acentuaba  la división  étnica de la clase obrera  entrabando su unidad y por su orientación  de marcado tinte reformista.
 
 
El reformismo tuvo también  una expresión política. Nos referimos al intento de Diego Vicente Tejera  de formar un partido obrero. El 15 de febrero de 1899, mediante convocatoria general, se llevó a cabo  una asamblea  constitutiva en el teatro José Martí de la ciudad de la Habana,. El nombre definido  que adoptó  esta primera agrupación política de la clase obrera  fue el partido Socialista Cubano. Sin embargo, la dirección de esta organización  rápidamente claudicó pasándose a las filas del Partido nacional cubano.
 
 
Estos esfuerzos  de la corriente reformista distaban mucho de satisfacer las expectativas  del movimiento obrero, que acusaba  una marcada tendencia hacia su radicalización. Con motivo de la huelga  de los obreros  de construcción civil se creó rápidamente una red de solidaridad de clase que llevó a la proposición de un paro general  de apoyo, pero también de reivindicación de la jornada de las ocho  horas.
 
 
El 20 de septiembre de 1899 estalló parcialmente la huelga, al no cumplir los acuerdos de los diversos gremios que convocaron a llevar mediante acción directa su primer pacto de solidaridad. La liga general de trabajadores cubanos de orientación reformista jugó un papel desmovilizador. Por su lado, el gobierno interventor y los patronos desplegaron medidas intimidatorias. El día 21, la capital apareció empapelada con un impreso que reproducía  un manifiesto radical, rotulado  a los trabajadores de la Habana, rubricado  por algunos lideres anarcosindicalistas: Francisco  de Armas López, Serafín Busto, José Fraga, Evaristo Antiroz, Juan Aller y Simón Camacho.
 
 
En dicho manifiesto se reivindica  la unión de los obreros como clase, la jornada de las ocho horas  y la vigencia de los derechos obreros en la república de Cuba de manera análoga  a como regían en el país  de origen de ka fuerza interventora. El mencionada texto reivindicaba  también la señera  figura de José Martí  y declaraban inconcluso el proceso independista: «Tan pronto como finalizo la guerra de Cuba, los trabajadores de esta isla  pensaron que la emancipación era una realidad, y  lo creyeron así porque  tenían en sus mentes  y en sus corazones  las palabras de aquel hombre  a quienes los cubanos llamaron el apóstol  de que fue  maestro de la libertad; y como cada cual debe saber que los trabajadores españoles y cubano continúan siendo únicamente obreros…»
 
 
Nuevos gremios se adhirieron a la huelga, como los fogoneros del ferrocarril urbano, mientras los líderes  reformistas  de la liga general se personaban  en la sede de la Sociedad el Pilar. Estos no buscaban das su adhesión  a la huelga general,  sino que los paristas adhiriesen a las filas del recién creado Partido nacional Cubano, como quería y postulaba el veterano líder obrero, Enrique Meesonier. Esta visita  constituyó un acto de real provocación. Por su lado, los patronos  y las fuerzas del orden redoblaron sus medidas de control represivo  con el fin de drenar la extensión de la huelga.
 
 
Los periódicos obreros  Tierra y Alerta se sumaron  a la propaganda de la primera huelga general en demanda de la jornada de las ocho horas de t5rabajo, y realización del mitin obrero convocado por los autores del manifiesto anarcosindicalista antes aludido. En cambio, el periódico  Memorandum tipográfico, órgano  del gremio de los tipógrafos  adherido a la liga general, se apresuró a condenar la huelga.
 
 
La realización del mitin  obrero marco  de la agitación laboral reinante  en la ciudad de la Habana  se convirtió en el primer acto  multitudinario  de la clase obrera cubana, en una demostración de fuerza  y solidaridad de clase. Efectivamente, durante su desarrollo, nuevas sociedades obreras  manifestaron  su voluntad  de adhesión a la huelga: La sociedad de vendedores ambulantes, el gremio de pintores,  la sociedad de estibadores y la sociedad de lavanderas y planchadoras. En el mismo evento decidió constituirse un comité de huelga integrado por el grupo autor del manifiesto, al que se sumaron los líderes obreros de filiación libertaria José González y César García. Si bien el mitin  logró concluir ordenadamente, grupos de agitación obrera realizaron diversos tumultos en distintos lugares de la Capital. El gobernador de la Habana, general William Ludlow, ante los evidentes síntomas de desborde obrero, precedió a ordenar la detención de los miembros del comité de huelga y reprimir toda manifestación de protesta de los trabajadores de la Habana.
 
 
El día 25, la Habana  amaneció  en estado de sitio, ocupada militarmente. La huelga general estimulada por las acciones  concertadas el día anterior  y a pesar de la represión, comprometió a nuevas fuerzas obreras como los fogoneros y maquinistas de ferrys de la rada  habanera, panaderos, cocineros, jornaleros y empleados de oficinas y almacenes ferroviario etc. En la tarde hubo enfrentamientos  entre los guardianes del  orden y los obreros del matadero, cayendo las primeras víctimas  de este primer paro  ínter-gremial por la jornada de las ocho horas y en solidaridad con los obreros de construcción civil.
 
 
El general Ludow hizo del conocimiento público un agresivo y anti-popular comunicado, en donde trataba  al movimiento huelguístico como un asunto de delincuencia promovido  por lo que «enarbolan la bandera roja de la ANARQUÍA»  y garantizaba  la aplicación de fuertes y ejemplares castigos para los instigadores y responsables del movimiento.
 
 
Ante la represión abierta desplegada sobre los huelguistas, el día 26 de septiembre los tabaqueros de 45 talleres de sumaron al movimiento; las tipógrafos rebasando las posiciones  claudicantes de la liga general, optaron igualmente por plegarse a la huelga general. Por su lado, la liga  general seguía rodando por la pendiente de la capitulación sindical al publicar un infame manifiesto  en el que, entre otras cosas, decía: «El huelguista, en momentos tan difíciles para Cuba  como los actuales, es un enemigo. ¡Abajo la huelga que trae  grandes disturbios! ¡Viva la independencia de Cuba, y firmaba como “Los obreros amigos del orden y de la patria”!»
 
 
Nuevamente la cuestión clase obrera y nación en los marcos de una situación neo-colonial aparecían en el centro de las grandes definiciones  del movimiento  obrero cubano. La apelación a los difíciles momentos que vivía la isla de Cuba en el mensaje  anónimo de la liga central, invertía los términos de la responsabilidad histórica. Exculpada a quienes abandonando  sus  posturas patrióticas frente a la administración  colonial hispana, se hincaban  ante las fuerzas de ocupación  norteamericanas reconociéndolas como aliadas e incluso  con atributos tutelares  supuestamente a favor de la independencia  de Cuba. Los autores  del libelo olvidaban a quienes colaboraron con las fuerzas  interventoras norteamericanas en el desarme del pueblo, la desnacionalización  de la economía y la abdicación de la soberanía nacional. Fue mucho más correcto y certero  desde el ángulo de la clase obrera  cubana el tenor del manifiesto anarcosindicalista, al cuestionar la nueva situación  neo-colonial y la opresión que en ella seguían  padeciendo los obreros cubanos y españoles, así como reivindicar para su clase y mediante la lucha  un lugar en la formación de la república de Cuba.
 
 
El 27 de septiembre de 1899, la huelga general llegó a una situación límite. A pesar de la represión impuesta, los obreros organizaron una gran movilización de protesta. Portaban una enorme bandera blanca  con un ocho pintado en el centro; marcharon así rumbo a la sede del círculo de los trabajadores. En su trayecto  fueron interceptados por la policía y reprimidos; 150 manifestantes fueron apresados. Los obreros se volvieron  a concentrar para nuevamente dirigirse en movilización de protesta hacia el cuartel de la policía, frente al cual hicieron un plantón colectivo en demanda de la libertad de los huelguistas y de los manifestantes detenidos.
 
 
De pronto sucedió algo insólito que sorprendió  a los obreros manifestantes. Dos de los líderes detenidos,  Estenoz y Tenorio, salieron por el balcón  policial  y dirigiéndose a la masa  manifestante allí congregada, les manifestaron su censura  ante tal acto  y les demandaron la suspensión  de la huelga  porque la cuestión  de la jornada de las ocho horas  se encontraba ya en vías de resolución. Los obreros  se dispersaron  presas de la consternación y la cólera; parecía  evidente que  Estenoz y Tenorio habían  sido ablandados por la policía  hasta lograr su claudicación.
 
 
El intento  de reagrupamiento  y reconstitución del comité de huelga que debía ser celebrado esa misma  noche en la sede del círculo  de trabajadores, fue reprimido policialmente. El 28 de septiembre, los actos  de protesta todavía continuaron. En el Paseo del Prado se congregó una nueva manifestación que llevaba una pancarta donde se leía; «Sólo queremos las ocho horas» En su avance  hacia el cuartel  de la policía  fue duramente reprimida, logrando detener, entre otros, a los últimos líderes que permanecían en libertad y que hasta el momento  habían mantenido una actuación consecuente en la huelga: Francisco Armas, Serafín del Busto y Juan Aller.
 
 
El estilo disuasivo  del cuartel policial  no tardó  en someter al comité de huelga. Este, con la sola excepción  de Juan Aller firmo un documento  por el cual declaraban la inmediata  suspensión  de la huelga general  y de otras  medidas de fuerza, así como  su deseo de encauzar por los canales oficiales las peticiones  a las que los obreros creían  tener derecho.
 
 
Desactivada  la huelga general, fueron liberados los huelguistas detenidos. Los esfuerzos aislados de los estibadores  y albañiles  por mantener el para  de labores fueron infructuosos y terminaron en aislamiento y en el fracaso. Las autoridades norteamericanas remitieron por su parte una circular al sector empresarial, demandándoles en razón de las protestas obreras que considerasen la posible reducción de la jornada del trabajo.
 
 
La vanguardia obrera quedó decantada en el propio curso de su primera huelga ínter gremial. Particularmente fue afectada la liga general de trabajadores, que redujo  su membresía  de diez mil miembros  a trescientos adherentes  y su dirigente  Enrique Messonier quedó lapidado domo traidor a la clase obrera. Más adelante, al movimiento  obrero cubano le tocaría  librar  todavía otras batallas  más en la defensa  de sus intereses de clase-nación. Con la huelga de septiembre de 1899 se cerró un capítulo  del proceso  constitutivo de la clase obrera, cuyas raíces se hundían en el congreso obrero de 1892.
 
CAPÍTULO II
 
 
CORRIENTES LIBERTARIAS Y FACCIONALISMO ÉTNICO EN BRASIL
 
 
 
Si bien los antecedentes formativos  de la clase obrera brasileña tienden a remontase a las primeras  décadas del siglo XIX,  su proceso constitutivo  cubre los años  que van de fines de siglo XIX a la primera guerra mundial. Este período  de reordenamiento  económico  y social tuvo como centro la expansión  de la agricultura  cafetera y en su entorno la liquidación de la esclavitud, la modernización urbana y la inmigración europea. Un nuevo tejido de contradicciones económicas, sociales y culturales  moldearon  a su vez las formas diversas de la resistencia y lucha  de las clases sociales y  minorías  étnicas de este país.
 
 
La propia historia  del movimiento obrero  brasileño  aparece asignada por los avatares  y tensiones de la sociedad brasileña  hundiendo sus raíces más profundas en la cultura y tradiciones ideopolíticas  del régimen  de esclavitud, así  como  en el proceso de colonización y expansión cafetera. Las corrientes positivas y social-darwinista, tan moderno en el período estudiado, no hicieron más que encubrir  el paso mismo  de la tradición  y fuerza de costumbre, en el carácter  abigarrado de la nueva problemática  laboral brasileño.
 
 
La modernización  y reorientación productiva de la economía agro-exportadora  en este tiempo fracturó el complejo y contradictorio sistema de clientelajes concéntricos  que se fueron ensanchando  por su vórtice. La articulación entre  el círculo de gobernadores  y el círculo  de «coroneles» (jefes municipales o caciques locales) estuvo mediada tanto por los particularismos regionales como por un complicado y conflictivo abanico de intercambios, alianzas, lealtades y favores.
 
 
La expansión de la frontera agrícola  del café en el estado de Sao  Paulo  fue favorecida por la ley tierra (1850).  Bajo el amparo de esta última, se instituyo un nuevo régimen  latifundista que tendía a sustituir al régimen de  mercedes reales  de tierra (sesmarías), suspendido en juliio de 1822 y a frenar la ocupación de tierras  por parte de los campesinos  nativos e inmigrantes. La ley de Tierra transformó  en los hechos las tierras  baldías  en monopolio estatal, favoreciendo su circulación a través del sistema de clientaje político regional y de las empresas  de coilonización.
 
 
Sao Paulo  y Minas Gerais se convirtieron en los estados cafetaleros  por excelencia. Muy pronto el Brasil  se erigió  en el primer productor  mundial de café. Entre los años de 1870 -1880, la producción  brasileña fue ligeramente inferior a la del resto del mundo. A partir de la década siguiente, la producción  cafetalera de brasil sobrepasó con creces  la media  mundial.
 
 
La expansión  de la economía  cafetalera en el valle  de Paraiba favoreció  al proceso de modernización urbano-industrial  en Río de Janeiro  y más tarde el boom cafetalero en Sao Paulo  estimuló la acelerada afirmación urbana de la capital  de dicho estado. La hacendados paulistas configuró una fracción terrateniente  muy diferente  a la de Paraiba o a la de los plantadores de azúcar de las costas del nordeste. Estos se distinguieron por la combinación de capital y apoyo político para ampliar  la infraestructura  de la economía de exportación. La red ferroviario y el fomento de la inmigración de fuerza de trabajo europea los desvinculó  de los intereses y tradiciones esclavistas. 
 
 
En las principales ciudades comenzó a manifestarse  una fuerte corriente político-social a favor de la modernidad: la abolición de la esclavitud y la constitución de la República aparecieron como sus centros  de interés y convergencia.
 
 
Oficiales militares de extracción popular, ingenieros, profesionales, burócratas,  políticos liberales y  asociaciones populares de tipo mutual  y cultural, presionaron al gobierno imperial para la abolición de la esclavitud. La deserción creciente de fuerzas de trabajo esclava estimulada por la propaganda abolicionista, la demanda de fuerzas de trabajo  en las zonas cafetaleras  y la manumisión de esclavos (1886), llevaron  al derrocamiento del imperio y, al año siguiente, a la proclamación de la república.
 
 
La abolición de la esclavitud  y el nuevo régimen político y económico estimularon la inmigración europea. Unos tres millones de inmigrantes llegaron procedentes del viejo mundo entre 1888 y 1913, que se sumaron  a los esclavos libertos, presionando demográficamente sobre las ciudades. El flujo inmigratorio  al ser mayor que las propias necesidades  de fuerzas de trabajo de la agricultura  cafetalera, provocando un excedente de mano de obra en las ciudades, incapaz de ser absorbido por los otros sectores agro-exportadores.
 
 
Durante la última década del siglo XIX, la mayoría  de las ciudades registraron una tasa de crecimiento  por encima de la media nacional. Sao Paulo  logró la cifra  récord de 14 por 100 anual, Curitiva el 7,2 por 100, Porto Alegre  creció a un ritmo  del 3,6 por 100 y Río a 2,8 por 100.  Las  iniciativas de tipo industrial urbano no sólo  se vieron favorecidas por el crecimiento demográfico y la modernización urbana, sino que a su vez  se convirtieron en la palanca de su retroalimento.
 
 
En 1890, Sao Paulo, con sus 65.000 habitantes,  todavía era la quinta  ciudad de Brasil, detrás de Río de Janeiro, Salvador, Recife y Belem. En diez años  dio el gran salto demográfico, pasando a erigirse en la segunda ciudad del país, con 239.820 habitantes. Hacia 1895 existían 121  establecimientos empresariales  que utilizaban  energía mecánica, de los cuales 152 eran verdaderamente unidades de producción industrial, en su mayoría vinculada con las necesidades de consumo  o vinculadas al sector terciario. Dentro de las once empresas  que empleaban  más  de cien obreros destacaban tres fábricas textiles, tres sombrererías, una fábrica de fósforo, una fundición, una cervecería  y dos oficinas ferroviarias. 
 
 
La ciudad de Sao Paulo, afectada por esta acelerada  dinámica capitalista, pronto se vio exhibiendo una nueva fase arquitectónica. La presencia física de la fábrica con sus rígidos horarios de trabajo  fue imponiendo un nuevo ritmo de vida urbana, al que se sumaron las oficinas públicas,  los establecimientos comerciales  y los transportes colectivos en el interior  de la ciudad. EL parroquianismo de barrio y la relajada rutina de la economía artesanal fueron dejados claramente en el olvido.  La inmigración europea  le dio una distintiva nota cosmopolita  que marcaba principalmente  a los barrios obreros suburbanos de recién creación: Bras, Bom Retiro y Moocá, integrados a la ciudad por la red ferroviaria.
 
 
Por su lado, la burguesía y los terratenientes asentistas  se concentraban en nuevos barrios residenciales, del sur y del este de la ciudad, como Higienópolis. Estas zonas  elitistas se beneficiaron, a su vez, de la inauguración de grandes avenidas, como la Paulista.
 
 
El desarrollo  inusitado de la ciudad de Sao Paulo y el puerto de Santos, fue favorecido por el boom cafetalero, pero éste a su vez  le permitió aprovechar su ubicación estratégica. Desde la colonia, Sao Paulo fue el centro de un tejido caminero que lo unía  a diferentes lugares del interior del país. El desarrollo ferroviario en los umbrales del  siglo XX modernizó  y consolidó su sistema  de comunicaciones, al abrir conexiones con Río de Janeiro, el suroeste de Minas Gerais, con el lejano oeste  y  con todos los estados del sur. Su hinterland rural cafetalero, basado en la explotación de fuerzas de trabajo inmigrante libre, bajo las, formas de aparcería y colonato, generó un mercado  interno creciente. El flujo inmigratorio  procedido principalmente de Italia y estuvo controlado por las mediación monopolista comercial de los grandes floricultores. El mercado interno fue favorecido  a su vez por los patrones de consumo de estos trabajadores  agrícolas que habían sido consolidados  por la expansión industrial  de sus países de procedencia.
 
 
En el contexto rural  el desarrollo del trabajo asalariado fue frenado y sustituido por otras formas contractuales. Los hacendados veían una contradicción  doblemente lesiva a sus intereses: primero entre la temporal9idad laboral del régimen salarial y el correspondiente ciclo agrícola  del café y luego, entre el salario y su necesidad de abaratar los costos de la producción del café.
 
 
Fue directamente el panorama laboral en el medio urbano,  así, por ejemplo. La ciudad de Río de Janeiro durante las dos primeras décadas del siglo XX siguió concentrando la más importante base industrial y, por ende, el mayor volumen de proletariado fabril. Con el inicio del siglo, la fisonomía urbana de Río fue cambiado. El casco  colonial  fue afectado  por la construcción de la avenida Río Blanco el saneamiento de los  pantanos que bordean el perímetro suburbano y quem fueron focos constantes de contaminación de malaria y fiebre amarilla. En estas zonas residenciales se orientaron hacia las playas del sur. También aparecieron las favelas en las colonias de la ciudad y aumentaron los tugurios en las calles antiguas del centro.
 
 
La liberación  de mano de obra impacto de diversas maneras en la estructura laboral de las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. Según datos  censales de 1890, en Sao Paulo  los negros libertos se ubicaron  en el sector  terciario de mínima productividad; en  tanto que en  Río de Janeiro  tuvieron mayor incidencia en el sector manufacturero. La línea del color marcó profundamente la composición del proletariado fabril, alimentada por la demanda  de trabajo de los nativos libertos y de los inmigrantes europeos. LA industria manufacturera de Río de Janeiro  contaba con una fuerza  de trabajo total  de 48.661 personas, de las cuales 5.121 (10,5 por 100)  eran  blancas; 33.941 (69,8 por 100) eran de color y 9.599 (19.7 por cien) eran mestizos. De los trabajadores de raza blanca se consignó que 19.011 eran inmigrantes, es decir, un significativo  39 por 100.  Este perfil se acentuó en Sao Paulo, en donde la industria manufacturera que contaba con 3.667 trabajadores registraba la tasa récord de 2.893 obreros extranjeros, es decir, el 79 por 100 de la fuerza de trabajo.
 
 
La heterogénea  composición étnica de la clase obrera tendió a generar un proceso de segmentación y fricción interclasista, según los paisajes, la línea de color y la manipulación patronal. En 1906, en Río de Janeiro fue evidente  el predominio hispano-portugués sobre el italiano, al contrario de lo que sucedía en Sao Paulo    desde 1890.
 
 
En general. El peso revelante y decisivo  de la inmigración italiana la confirmo una dinámica  particular de proceso  de afirmación de clase, en  la medida en que sus diversas incidencias en el sector manufacturero  de Sao Paulo y Río de Janeiro  fueron marcados por los particularismos  culturales de la sociedad italiana.  En la primera, entre la población italiana dominaba el migrante del norte  ya sensibilizado  por el impacto industrializador  y el apostolado anarquista, en tanto que en la segunda  fue más visible la presencia de italianos del sur, en su mayor parte de la región de Calabria.
 
 
En la mayoría de los obreros  italianos alimentaron sin proponérselo  un prejuicio oligárquico  sobre su predisposición  a la indisciplina y el anarquismo. A diferencia de éstos, los obreros portugueses  fueron considerados  por lo nativos  como obra de mano  dócil y  leal que en ciertas ocasiones engrosó las filas  de los krumiros y los rompehuelgas.  Estos últimos constituían un grupo de trabajadores  no calificados,  tardadamente llegado  a Sao Paulo  y que debió  competir  en desventajosa situación  en un mercado, laboral ya hegemonizado por los trabajadores italianos. Uno y otro estereotipo oligárquico distaba mucho corresponder a la realidad, pero favorecían  las fricciones interclasistas.
 
 
Si bien del seno de los obreros italianos emergieron portavoces de las corrientes anarquistas y socialistas en favor  de la unidad de clase, fue frecuente que muchos otros provocasen  tumultos callejeros que los enfrentaron a sectores populares nativos por la cuestión del denominado protozoo italiano, por lo cual los propietarios  italianos afectados por la secuela  de la revolución federalistas  serían indemnizados.
 
 
Dos años más tarde, grupos italianos, partidarios del nacionalismo burgués, como la Unión Meridional del barrio obrero del Bom Retiro,  se enfrentaron  a aquellos compatriotas  de los grupos anarquistas y socialistas que anteponían los ideales a todo acto  de ingenuo y estéril patioterismo.
 
 
Los obreros portugueses y españoles  que hegemonizaban  numéricamente en el puerto paulista  de Santos, dieron reiteradas pruebas de su espíritu combativo en el terreno del sindicalismo  de clase, contrariando en los hechos  la imagen negativa que fue promovida por la oligarquía  criolla. No obstante, la dinámica entre identidad  de clase e identidad étnica, al igual que en el caso de los italianos, no  fue de fácil solución, manifestándose tendencias contradictorias. Río de Janeiro  fue escenario de un desagradable  acontecimiento donde la identidad étnica jugó un rol dinamizador de contradicciones y antagonismos obrero. La sociedad de resistencia de trabajadores  del Trapiche y del Café, que aglutinaban cerca de  cuatro mil trabajadores,  fue tradicionalmente dirigida  por obreros brasileños de color hasta que en 1908 los obreros portugueses lograron asumir el control  orgánico del sindicato, lo que motivó  una cruenta  batalla de la que resultaron muchos heridos y un muerto.
 
 
El sindicato desgastado por esta lucha  fraticida  vio mermada su membresía, al punto  que a los pocos meses de incidente  ya sólo se registraban doscientos adherentes.
 
 
En perspectiva, la identidad de clase logró afirmarse sobre los particularismos étnicos. Coadyuvaron a ello la voluntad de arraigo y asimilación de los propios migrantes europeos, la propaganda de las ideologías  clasistas como el anarquismo y el socialismo, pero sobre todo el desarrollo de un sindicalismo de clase que buscó la unidad  obrera por encima de las diferencias  de oficio y paisaje  en la lucha reivindicativa y solidaria, así como en los actos conmemorativos del primer de mayo.
 
 
El movimiento obrero  brasileño cumplió su primera fase ascensional entre los años de 1905 y 1908 y un nuevo intento que repunte de 1812 y 1913. El cuadro general  en que se dio  esta dinámica  obrera fue signado por una fase de sostenido desarrollo económico que fue afectada por la crisis comercial  internacional de 1908 y la recesión de 1913, finalmente agravada por la primera guerra mundial.
 
 
Los antecedentes organizativos  de los trabajadores manuales de las ciudades brasileñas, se remonta a las sociedades mutuales de mediados del siglo XIX. En la nueva coyuntura histórica, al lado de los primeros sindicatos emergieron sociedades mixtas donde se conjugaron rasgos mutuales y sindicales que según sus respectivas orientaciones  pueden ser consideradas reformistas o radicales.
 
 
En 1880, los obreros del Arsenal  de la Marina de la Corte fundaron un Cuerpo Colectivo de la Unión Obrera que se denominó «centro representativo de clase» que se abocó a la concretización  del montepío  como la primera forma del seguro social. Esta organización de tipo mixto tendió  a superar la tradición  mutualista al demandar el reconocimiento del montepío gubernamental, lo que logró con la expedición del decreto legislativo 9.601 del 12 de junio de 1886. Por su lado, la Junta Auxiliar de los obreros del Morro Velho fue el ejemplo típico del radicalismo de estas sociedades mixtas.  El año de 1907 comandó una importante huelga obrera.
 
 
La república posibilitó la emergencia  de nuevos patrones de participación política y reivindicativa de los sectores populares urbanos. Fueron instrumentos de esta renovación la formación de una nueva generación intelectual de extracción social mesocrática, así como la propaganda de ideologías obreristas que acompañaron al flujo migratorio procedente de Europa. Rápidamente la acción anarquista desplazó las  iniciativas  y esfuerzos  propagandistas  y orgánicos de los grupos socialistas.
 
 
Las formaciones ideológicas  en el proceso  constitutivo  de la vanguardia de la clase obrera brasileña para la última década del siglo XIX, mostró  una  cierta hegemonía  socialista que al iniciar  el nuevo siglo fue desplazada por el radicalismo anarquista, particularmente por la tendencia preorganización.
 
 
El reformismo socialista fue incapaz  de consolidar su  precaria  hegemonía, el no poder por la vialidad de su programa a favor  de la clase obrera. Los cotidianos y crecientes antagonismos que suscitaban en el marco laboral, aunados a la carencia  de normas jurídicas que regulasen  las relaciones entre el trabajo  y el capital, llevó a la confrontación de fuerzas. La organización  sindical y la acción directa, a pesar  de las frecuentes medidas represivas, se mostró  ante los ojos  de la clase obrera como una vía más terrena y factible de atenuar sus problemas  salariales  y de condición de trabajo.
 
 
Entre los líderes socialistas  de Sao Paulo  destacó la figura  del intelectual italiano Antonio Piccarolo, junto a Vicencio Vacirca, animador de Avanti (1900-1905) el más importante periódico socialista de Sao Paulo  y anivel sindical a Mariano García, Antonio Pinto Machado y Melchair Perreira Cardoso.
 
 
El papel de estos último en la formación de sindicatos  contrastó con sus esfuerzos colaboracionistas y de electorerismo  mesocrático que los hicieron pasar de uno a otro partido socialista u obrerista, montado para las sucesivas contiendas electorales.
 
 
Pocos  fueron los periódicos socialistas dirigidos al movimiento obrero; destacaron entre ellos O Operario (1895) y la Gazeta Operaria (1906) fundados y dirigidos por Pinto Machado.
 
 
Las publicaciones anarquistas y anticlericales  se hicieron más frecuentes en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. No obstante, su diversidad reflejaba la heterogeneidad  de este  novísimo  movimiento  ideológico  de composición obrera.  En Río de Janeiro  comenzó a publicarse Novo Rumo, A guerra Social, Na Barricada y  la revista Kultur, dirigida por Elisio de Carvalho en marzo de 1904  y que fracasó en el tercer número. En octubre del mismo año sale A Libertario bajo la conducción de Carlos Días y Manuel Moscoso, reconocidos líderes obreros. En el mes de noviembre  apareció el primer número de Força Nova. Por las mismas fechas, en Sao Paulo ya eran revelantes los periódicos libertarios y anticlericales: Battaglia, del líder ácrata Oresti Restori; a Lenterna, de Benjamín Mota; Livre Pensador, del tipógrafo Everardo Días, y el periódico feminista Anima a Vita, de Ernestina Lésina. Tierra Livre, de Neno Vasco; o Amigo de Povo, de Luigi Damián, etc.
 
 
La prensa libertaria y anticlerical  no sólo cumplió  una función  de agitación y propaganda, sino que además  ejerció una función cultural estimulando  la educación popular  y la creación artístico-literaria. El movimiento anarquista  promovió una empresa pedagógica  relevante a través de la formación de bibliotecas obreras  y en entidades como la universidad popular o centro de las clases obreras, ambos fundados en 1904.  La critica al sistema educativo oligárquico y a la iglesia, así como a la familia burguesa por su marginación de la mujer, produjo el sedimento de una moral ascética y romántica. También tuvo relevante  papel la formación  de Cuadros Artísticos en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro.
 
 
La crítica  al autoritarismo estatal  y patronal por parte  de las corrientes libertarias  de manera abstracta  aludía  indirectamente al referente más correcto y terrenal del régimen laboral  de la industria moderna, que  dejaba fuera del control  de la fuerza de trabajo  los limites temporales  y ritmos  productivos  que le correspondían. Antes de que  aparecieran  la legislación  laboral  se impuso de hecho un  régimen de disciplina fabril.  La voluntad patronal se adelantaba  así a la razón  jurídica  del estado brasileño. Este régimen de disciplina  fue variable según las diversas ramas productivas y en el interior de éstas, según el tamaño y modernización  técnica del proceso productivo. La fuerza de costumbre y los reglamentos fabriles de los empresarios  fueron el móvil de constante impugnación y luchas obreras.
 
 
La vanguardia sindical y anarquista del movimiento obrero brasileño, a principios de 1906 se abocó a llevar adelante su primer congreso obrero. Intensa labor de propaganda posibilitó la realización de dicho evento el 15 al 22 de abril de ese año, en la ciudad de Río de Janeiro. Organizaciones obreras de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Santos,  Campinas, Niteroi, Rió Grande do Soul, Fortaleza y otras localidades menores,  enviaron a sus  respectivos  representantes gremiales. Los delegados no sólo resaltaron por su diversa  procedencia  geográfica, sino también  por sus categorías ocupacionales. Mineros, Gráficos, ferroviarios y tabaqueros  se diferencian de los artesanos  de oficios  y de los jornaleros rurales.
 
 
Los asistentes fueron  representantes de las más diversas formas orgánicas: sociedades de resistencia,  unión de trabajadores, mutuales y liga de trabajadores.
 
 
El hecho de poder intercambiar puntos  de vista y  buscar acordarse programática y orgánicamente signaba una importante momento  constitutivo del proceso de afirmación  de la identidad  de la clase obrera.
 
 
Los tópicos debatidos en este  congreso reflejaron, más que los intereses y expectativas del proletariado brasileño, las estimativas y exigencias de definición  y hegemonía de las corrientes de vanguardia del movimiento  gremial. Cuatro fueron las temáticas sobre las que se centraron las ponencias y controversias: sobre la orientación, que enfrentó la tesis libertaria del apoliticismo  a la socialista del partidismo; divergieron en torno a la celebración del 1 de mayo como día  de combate o de día de fiesta. Sobre la organización; los puntos centrales opusieron a libertarios  y socialistas  sobre sindicatos de oficio y sindicatos de fábrica,  sindicato o cooperativa, afiliación o no de sindicatos no obreros  y sobre la conveniencia  de una confederación obrera nacional. Hasta aquí  se expresaron  las contradicciones  de las corrientes de vanguardia  sobre su inserción  y función en e seno de la clase obrera organizada.
 
 
El tercer punto, Sobre la acción obrera, llevó a la confrontación  entre libertarios y socialistas en torno a la jerarquización de las reivindicaciones de clase y de las estrategias y medios de lograrlas. El aumento de salario;  la disminución de la jornada de trabajo; la reglamentación del trabajo femenino; la abolición de las multas de oficina y fábricas y de trabajo a destajo o por hora; la educación laica autogestiva  la prevención  e indemnización  por accidente de trabajo así como asistencia a inválidos; la lucha contra el alcoholismo; la construcción  de viviendas obreras. Se planteó también  la lucha contra el militarismo  por su actuación represiva  y patronal  en los conflictos obreros. En cuanto a los medios de acción obrera, se recomendó, atendiendo a las circunstancias de lugar y tiempo: la huelga general o parcial, el boicot, el sabotaje, el mitin etc.
 
 
Al momento de votar mociones, los anarquistas derrotaron  fácilmente a la minoría socialista e impusieron sus puntos de vista, aunque previamente las propias divergencias entre ellos habían suscitado acaloradas contiendas verbales.
 
 
El logro más importantes del primer congreso obrero fue la instalación de la (COB) Confederación Obrera Brasileña  según el modelo de la CGT francesa. La sociedad de resistencia  fue valorada como el tipo de sindicato deseable.
 
 
El anarcosindicalismo se afianzó así, como la corriente dominante del proletariado organizado. Se definieron como fines: la unión de los trabajadores asalariados  para la defensa de sus intereses morales,  materiales, económicos y profesionales; estrechas lazos de solidaridad ínter-gremial entre los obreros para potenciar sus demandas y luchas; estudiar  y propagar  los medios de emancipación del proletariado a través de su órgano periodístico  a Voz do Trabalhador y los medios  de propaganda conocidos y, por último, reunir y  publicar datos estadísticos e informaciones  objetivas sobre el movimiento  obrero de todo Brasil.
 
 
La estructura  confederada estuvo amoldada a las necesidades de conservar la autonomía, libertad e iniciativa obrera de carácter local,  de oficio  y de industria, tal como lo propuso la orientación anarcosindicalista.  El núcleo dirigente de la COB tendría  como residencia la ciudad de Río de Janeiro, pero se estableció estatutariamente que la función  de la denominada «Comisión Confederal» en su gestión bianual, no podía  ser en ningún caso  «de poder o de mando», abocándose  a coordinar la acción  obrera contra el capital, convocar a un referéndum  con agenda precisa durante el mes de febrero de cada año, elaborar informes  y propagar los ideales obreros.
 
 
Las demandas centrales e inmediatas de la COB ponían  como centro la lucha por el establecimiento de la jornada de las ocho horas,  punto demasiado sensible en un país en el que la labor diaria  promedio  seguía siendo de catorce horas. El primero de mayo de 190 fue aprobado como día del combate obrero a favor de esta reivindicación básica. Las demás  reivindicaciones formuladas en el Congreso fueron igualmente asumidas por la COB como suyas, pero sin perder de vista las que  según ellos potenciarían la mayor cohesión de clase.
 
 
El primer núcleo dirigente de la COB  estuvo integrado  por Belisario Pereira do Souza;  de la Asociación de Resistencia de los Trabajadores de Carbón  Minel; por Luis Magrasi, de la liga de las artes gráficas; por Godio de Brito, de la Unión de Artistas Zapateros, todo de Río de Janeiro; Alfredo Vazques, de la Libra Obrera de Campiñas; Caralampio  Trillas, de la Federación Obrera, de Sao Paulo y Antonio Pinto Machado, de la Unión Obrera del Ingenio del Interior.
 
 
La afirmación de la corriente anarcosindicalista sobre los socialistas  no sólo de debió  a las condiciones  de inestabilidad, insalubridad, larga jornada laboral, bajas remuneraciones y hostigamiento disciplinario fabril  que estimulaban  a manera espontánea  la acción directa, sino también por la indiferencia del estado ante la situación laboral  y su política represiva frente al movimiento obrero. La postura reformista de los socialistas acerca del camino legalista y  parlamentario que condicionarían  el papel interventor y gradualmente protector del Estado hacía la clase  obrera, no parecía viable en aquella época.
 
 
El Estado republicano, a manera de tomar distancia frente a la tradición  intervencionistas de la política imperial, asumió una rígida aplicación de los principios de libertad de trabajo y del libre contrato de trabajo. El liberalismo  estatal favorecido de esta manera el proceso de acumulación de capital y de modernización urbana. El Estado brasileño alegaba la imposibilidad de poder atender reivindicaciones obreras, así por ejemplo, en el caso de reducción de la jornada de trabajo, esgrimió  al argumento de que su mediación a gestión afectaría gradualmente la independencia y autonomía  de la libre empresa. Un año antes del congreso obrero, en Río de Janeiro se publicó el ensayo Apuntes del Derecho Obrero de Evaristo Moraes, el que agudamente señaló que en estas condiciones, «la libertad contractual de trabjo viene a ser la organización  pura y simple del más fuerte» y de que  «la libre concurrencia es tan perjudicial  al hombre asalariado como favorable al capitalista»
 
 
La faz privativa de las gestiones económicas  de la industria no fue sin embargo anárquica. La lógica del capital impuso sus propios límites contractuales. Las grandes  tendencias fueron  establecidas bajo ciertas normas de la arquitectura fabril que buscaba que las condiciones de trabajo  no afectaran la productividad, sino que, por el contrario, la estimulara. No sucedía lo mismo en los pequeños y medianos  establecimientos fabriles que buscaban adaptarse  a locales que no fueron construidos para tales funciones y quehacer  y que carecían de condiciones de salubridad ambiental. La remuneración de la mano de  fue estipulada dentro de la coyuntura del mercado de trabajo, según las estimaciones de cada patrono a sector empresarial, sin que existiría una tasa reguladora del salario mínimo. La ley federal  de 1871 que prohibía  el empleo de menores de edad  en la industria del tabaco, no fue tomada en cuenta por los empleadores. El curso agresivo del desarrollo industrial ratificó el aserto anarquista  de concebir al régimen  laboral como  el espacio natural de la guerra entre el capital y el trabajo.
 
 
Por otro lado, la oligarquía brasileña y el Estado no tenían  ningún interés en incorporar al proceso  y al sistema político de  la naciente  república ni a los inmigrantes europeos ni a las masas nativas. En este  panorama, la prédica anarquista  al impugnar la brega política  y acentuar el tenor economicista  de sus luchas como la sancionó el Congreso Obrero y la COB, ejerció una particular atracción sobre los trabajadores inmigrantes, llegados a tierra extraña en búsqueda de mejorar su situación laboral, social y económica. Frustradas  sus expectativas al experimentar las duras y opresivas condiciones de existencia  y trabajo, los inmigrantes constaron en su propia experiencia  la complicidad del Estado  con la arbitrariedad patronal. El discurso  anarquista confirió a estos sentimientos de odio y frustración social,  un contenido de lucha por el camino de la organización de sociedades de resistencia y el ejercicio de la acción directa frente a la cual las ofertas  del catolicismo obrero, el mutualismo y el socialismo reformista resultaron poco convincentes.
 
 
La COB  luego de su primera gran manifestación pública y de propaganda con motivo de la celebración del 1 de mayo  de 1906, se abocó a promover  la propaganda de hecho, es decir, a practicar la acción directa. La Liga de los ferroviarios de Sao Paulo, fracasado el intento de negociación, se lanzó el 15 de mayo a la lucha huelguística, demandando de la compañía paulista el cese de descuentos  obligatorios a favor de la Sociedad de Beneficencia y la vigilancia de la semana laboral de seis días  que había  sido reducida a cinco, sin compensación laboral.
 
 
Se iniciaba así la principal  huelga ferroviaria de la primera República. Desde octubre de 1905, la compañía paulista inició  su proceso de modernización del servicio ferroviario que trajo consigo la reducción salarial al instituir tres días feriados por mes  y el despido de trabajadores. Los 3.800 trabajadores de la compañía paulista  se veían  afectados también por la nueva forma de división de trabajo  que anulaba las jerarquías  ocupacionales y salariales que correspondían  de mayor a menor a maquinistas, foguistas, limpiadores de maquinas, etc. El moderno y eficiente servicio de la compañía Paulista era el orgullo  de la oligarquía cafetalera paulista y del gobierno estatal, el cual se sintió herido en su orgullo filo-empresarial  por el desorden de los paristas, en su mayoría  extranjeros.
 
 
El curso de esta huelga  tradujo  el espíritu de la corriente anarcosindicalista al demandar  en manifiesto público a los trabajadores «La Solidaridad Obrera» porque sin ella estimaban no poder «vengar la más ligera reclamación, el más  humilde pedido» La intransigencia  patronal  fue acompañada de hostigamiento policial contra los huelguistas. La solidaridad obrera no tardó en hacerse presente. A las cuarenta y ocho horas de iniciada  la huelga ferroviaria, se sumaron los tejedores de la fábrica San Benedicto  en Jundíaí  y el tercer día los trabajadores de las dos empresas más importantes de Campinas.
 
 
Para la ultra-montada autoridad eclesiástica el obrero cristiano  debía concentrarse con que su trabajo  le fuera reconocido por Dios, mientras que en la vida  terrena debía «religiosamente obedecer, sufrir y callar» Este tipo de posiciones reforzaron, a su pesar, la orientación  anticlerical de la prédica libertaria.
 
 
El gobierno del estado de Sao Paulo intentó movilizar a los trabajadores  ferroviarios de la Compañía  Sao Paulo Railway con el fin de reinstalar  los servicios, pero éstos rehusaron cumplir las funciones de rompehuelgas y amenazaron, a su vez, con irse a paro. La intención gubernamental apuntaba a hacer fracasar la huelga a como diera lugar. Entonces se apoyó en los maquinistas  de la Armada Nacional  que se sumaron a los ingenieros de la compañía Paulista para restablecer el servicio. Al mismo tiempo desató una cacería de brujas contra todo centro obrero que hubiera dado muestras de simpatía o solidaridad de clase con los paristas.
 
 
La policía apresó a los huelguistas  privándolos del derecho  de habeas corpus, asaltó la sede de la federación obrera de Sao Paulo, la más importantes  base federativa de la COB  en dicho estado y reprimió a los asambleístas allí congregados; allanó las redacciones de los más importantes diarios: Avanti  y la Bataglia y confisco  sus ediciones. En Jundiaí, la represión tomó vistos cruentos con varios obreros muertos y alto número de heridos. La compaña  gubernamental  y patronal a un mismo coro  legitimaron las acciones  de fuerza, aludiendo que se trataba únicamente de someter a unos agitadores extranjeros dirigidos desde Buenos Aires.
 
 
No obstante el clima de vigilancia  gubernamental, la huelga sólo pudo ser quebrantada mediante  acto de fuerza  el 30 de mayo. La policía sustrajo  a los trabajadores  de sus hogares  y los llevó contra su voluntad  a trabajar. Los nuevos brotes  de solidaridad  obrera en Jundiaí  y Sao Paulo también fueron aplastados. La protesta de los estudiantes  universitarios concluyó con la clausura de la Facultad de Derecho. Frente al terrorismo desatado  por el estado, la acción directa de los anarcosindicalistas parecía un  juego propio de pacifistas. El vicario de Jundiaí  legitimó los hechos por que la huelga no era obra del bien, sino del capricho y la pasión. Recordó que «BN hay paz social posible sin obediencia» y que los obreros debían seguir el ejemplo de Cristo, que como hombre «obedeció hasta morir»
 
 
Las campañas de solidaridad  llevadas a cabo por  la COB desde otras ciudades, como Río de Janeiro, Santos y otras, fueron infructuosas. Como dijo el editorial anarquistas de A. Terre Livre del 13 de junio de 1906: «se desprende de esta lección de cosas excelentes y sonoras, un  poco  gracias a la autoridad, que capitalismo y estado, patrón y gobierno, son aliados para la vida y para la muerte, y no se puede combatir  uno sin  combatir al otro, que la luz no es garantía de libertad, únicamente difundida por la unión y energía de los interesados;  que el proletariado dispone de una gran fuerza, pero precisa  ser unido y activo, dejando de lado el exclusivismo de los individuos y de los oficios; que hay posibilidad tanto como la necesidad, de agrupar a los trabajadores como tales, sin distinción de ideas políticas, con base segura de acuerdos en la acción, esto es el sindicalismo» Un movimiento que no ofrece  tales enseñanzas no fue perdido. ¡Muy por el contrario!
 
 
La circularidad de la estructura discursiva de los anarcosindicalistas distaba mucho de haber extraído todas las lecciones de la huelga paulista. Su excesivo entusiasmo en la vigencia del sindicalismo y en la acción directa se evidenciaba  más bien en los límites de la lección  de un maestro que fue rebasado por la significación histórica  de dicho acontecimiento. No obstante, la premisas de sus mensaje libertario sobre el combate franco y  abierto del trabajo frente al capital y al estado fueron refrendados como guías  necesarios en la coyuntura.
 
 
Por su lado la oligarquía brasileña se sentía  distante de toda preocupación social. La abolición de la esclavitud la había dejando extenuada,  siendo incapaz  de descubrir alguna  otra cuestión social. Los problemas de la sociedad brasileña eran, en todo caso, cuestiones de orden público,  generados artificialmente por esas plantas exóticas del anarquismo  y del socialismo que trajeron algunos «peligrosos inmigrantes»
 
 
Fueron aisladas las voces de quienes  como el positivista Demetrio Rivero, ministro de agricultura del gobierno provisional, se referían  a la incorporación  del proletariado como «una cuestión capital para la república» o episódica  aquellas iniciativas como el proyecto solicitado de Benjamín  Constant -1899-  para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera.
 
 
El romanticismo  social con respecto al resto de América Latina fue tardío. Durante el año de 1903 apareció la novela de este corte ideólogo, escrita por el doctor  Fabio Luy, autor también del ensayo La tuberculosis desde el punto de vista social.
 
 
El desarrollo en extensión del gremialismo  anarcosindicalista no fue detenido por la adversa situación política. De  junio a diciembre de 1906 se fundaron: la liga de Resistencia de los Obreros  Metalúrgicos, la Asociación  de Resistencia de Constructores de Vehículos, La Liga Obrera de Chóferes, Asociación de las Costureras de Sacos, El Centro de Obreros Libres y La Laga Obrera. Este desarrollo del anarcosindicalismo en Sao Paulo tuvo  su momento orgánico  más importante en la realización del primer congreso obrero estatal en diciembre de 1906, ratificando la línea  general de la COB.
 
 
En Río de Janeiro y otros lugares de la república, el desarrollo sindical  continuó su curso ascendente. EL régimen de Antonio  Pena desde hace dos años atrás venía preparando la opinión pública  y la del congreso nacional  para promulgar la ley de expulsión de extranjeros  en 1907.  Este instrumento  chovinista primitivo, cristalizaba el prejuicio  oligárquico  de que la cuestión  SOCAL era una cuestión artificial  y extranjera, asunto e última instancia  de los organismos tutelares del orden público.  Poco importó que en  materia jurídica esta ley fuera anticonstitucional. Se detenía al extranjero más de veinticuatro horas;  en el análisis  de las pruebas se trasfirieron al poder  ejecutivo las funciones del poder  judicial.  Además se atribuía a la policía  la facultad de valorar la peligrosidad del extranjero y la ejecución de su expulsión.
 
 
La COB impulsó una activa y enérgica  campaña de protesta obrera a nivel nacional. La Comisión Federal de Protesta del Estado de Sao Paulo en manifiesto público denunció esta ley anti-obrera. Recordó que culpar a los extranjeros de todo acto de resistencia  obrera era un viejo recurso  del capital de todos los países. En Francia  eran los agentes de Alemania. En Alemania, los francos y en el brasil los miserables extranjeros al servicio de los argentinos.
 
 
En mayo de 1907, el movimiento obrero de Sao Paulo, Santos, Campinas y Riberao Prieto volvió al escenario de la lucha de clases al demandar la jornada de ocho horas y un aumento salarial. En ella participaron los trabajaron  de construcción civil, metalúrgicos y textiles, así  como la industria alimentaría. La represión del año anterior  había  debilitado al movimiento obrero que estaba incapacitado  para lanzarse a una lucha huelguística de gran envergadura.
 
 
La acción directa tendió a privilegiar la huelga como la principal forma de resistencia  obrera del siglo XX. Entre 1901 y 1914 se registraron 91 paralizaciones  de labores en la ciudad de Sao Paulo y 38 en varias ciudades menores del interior. La práctica huelguística se generalizó  en todos los sectores ocupacionales y centros urbanos de Brasil.
 
 
Frente a la extensión de la huelga, los empresarios decidieron reunirse bajo la presidencia del conde Álvarez Penteado, para discutir la estrategia patronal a seguir  frente a la demanda y acción obrera. Acordaron la imposibilidad de acceder a una reivindicación que no regía ni siquiera  en los países europeos y que pondrían en desventaja a la industria nacional, propiciando la quiebra. Mientras tanto, la represión estatal se centró en la negación  de permisos para realizar manifestaciones públicas de huelguistas y en la clausura temporal de la sede de la federación obrera.
 
Los empresarios eligieron una comisión para constituir un gremio  patronal y así presionar al estado para que tomara una salida disciplinaria a favor del capital, minimizando las noticias periodísticas  sobre el movimiento huelguístico, pero accediendo a fijar algunas concesiones de tipo salarial y de jornada de trabajo. La estrategia patronal fue exitosa,  lograron dividir al movimiento huelguístico vía la negociación directa y así amagar  la huelga. Solos y aislados, los metalúrgicos  fueron derrotados sin obtener concesión  laboral alguna.
 
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En 1912 se cerró el período  de expansión de la economía brasileña. Un año más tarde se desplomaron en el mercado mundial los precios  de los principales productos de exportación. Bajo esas circunstancias  el haber mantenido la tasa de importaciones no tardó en producir una balaza  deficitaria de comercio exterior para la Primera República. EL inicio de la Primera Guerra Mundial complicó la situación económica  al estimular la recesión productiva.  El  desempleo, la reducción de salarios, la escasez de productos de primera necesidad y la inflación recayeron sobre la clase obrera y los sectores populares.
 
 
Estas situaciones de crisis económica  y malestar obrero, pese a sus esfuerzos, no pudo ser capitalizada por el anarcosindicalismo. Para 1912, la COB registró 57.400 miembros en el estado de Sao Paulo;  15.00 en el estado de Río Grande do Sul y 5.000 en Río de Janeiro. La federación Obrera de Sao Paulo, filial de la COB,  el 1 de mayo de 1912 asumió como lema «organización de los trabajadores y protesta contra la carestía de la vida» Días más tarde se instaló  un comité  de agitación  contra la carestía  del costo de vida  que realizó profusas campañas en fábricas y barrios populares. No obstante, ya se había iniciado una fase de reflujo del movimiento obrero.
 
 
Las tensiones generadas por la Primera Guerra Mundial sobre los migrantes europeos jugaron de alguna manera un rol desmovilizador  de la acción  huelguística  pero que fueron compensadas  por un desarrollo gremial que hacia 1917 signó una nueva fase de ascenso  de las luchas obreras.
 
 
 
 
CAPÍTULO III
 
 
DEL ANARCOPETARDISMO A LA PRIMERA HUELGA GENERAL: LA F. O. R. A.
 
 
 
El ingreso  de la Argentina en el curso de la modernidad capitalista  demandaba  una fase de transición que permite cierta concentración de poder económico  y político para llevar adelante su reordenamiento  social. Este se cristalizaba  en la búsqueda de resolver la cuestión indígena, lograr la definición de la capital federal y la cooptación de mano de obra inmigrante, para compensar el vació demográfico que entrañaba las iniciativas empresariales  de la oligarquía porteña y de los inversionistas británicos.
 
 
Al general Julio A Roca le tocaría  jugar un rol protagonista en la cristalización de un nuevo proyecto oligárquico de desarrollo dependiente y, por ende, de la resolución  de los problemas arriba señalados. Con el primer gobierno de Roca (1880-1886) finalizó el período de guerras civiles ínter-regionales, salvo  la campaña militar contra las poblaciones indígenas que frenaban la frontera agropecuaria de la economía  exportadora, ávida de tierras. El grupo de poder que se aglutinó  tras la figura  de Roca y del Partido Autonomista Nacional, dio origen  a la hegemonía roquista que controló  el poder hasta los primeros años del siglo XIX.
 
 
Particular importancia tuvo la culminación del control estatal hacia la Patagonia  al mando del general Roca, en ese entonces  comandante de  fronteras, que tuvo un acusado carácter mercantil y genocida. La liquidación y  expulsión  de los indios llevó la frontera en su primer momento hasta los márgenes  de los ríos Negro y Neuquén. Se enajenaron  a repartieron entre 1876 y 1903 cuarenta y un millones setecientas mil hectáreas entre 13843 personas, lo que favoreció  a su vez a la expansión de la agricultura de exportación cerealera  pero principalmente la crianza de ganado lanar.
 
 
La concentración de la propiedad agraria  se debió en buena parte a un proceso  especulativo y que la ley de financiamiento de la campaña  del desierto en 1878 otorgó por cada bono de 400 pesos el derecho a 2.500 hectáreas; y la ley  de premios compensó  a los militares, según su grado, su derecho a la tierra. A cada general le correspondió  8.000 hectáreas, mientras que a cada soldado de le dio un bono por 100 hectáreas. El comandante en jefe Julio Roca recibió por su parte 65.000 hectáreas. Los méritos de guerra y su nuevo estatus  de gran terrateniente  le abrieron las puertas del gobierno. Por su lado, los soldados y oficiales  de bajo rango negociaron a bajo precio sus derechos a la tierra conquistada.
 
 
Durante el gobierno de Roca se dieron una serie de medidas que coadyuvaron a modernizar y centralizar la vida  económica y política del país: consolidó a Buenos Aires como capital de la república; suprimió las guardias provinciales, base militar de las élites locales; municipalizó  la Capital federal; reestructuró la deuda pública; creó los bancos hipotecarios  y nacional; promulgó las leyes de unificación monetaria,  de educación común y registro civil. En política  exterior, aproximó  y selló los lazos financieros y comerciales con i9nglaterra y de inmigración con diversos países europeos.
 
 
Buenos Aires se vio beneficiado por las mejoras introducidas en su sistema portuario y por la baratura de los fletes de carga  del complejo ferroviario  que servía a su circuito  mercantil agro exportador. A ello había que agregar el monopolio efectivo sobre la importación  de manufactura extranjeras. En segundo término se benefició  Rosario, población asentada sobre la ribera del río de Paraná, situada a unos 350 kilómetros de la capital federal y que apareció  como puerto natural para la exportación de los excedentes  cerealeros producido  por Córdoba  y Santa Fe,  dado los alcances  de su red ferroviaria y las facilidades de sus aguas profundas, así como de la instalación de montacargas de granos desde 1881.
 
 
El tejido ferroviario aceleró y amplió los espacios económicos del sector agro-exportador, y consolido, por ende, los hinterlands portuarios. Si en 1880 había 2.500 kilómetros de vías férreas, una década más tarde el tendido ferroviario llegaba a los 9.400 kilómetros  y en 1903, doblando esta suma, alcanzaba los 18.400 kilómetros. EL nuevo puerto de la capital federal  en el año de su inauguración (1889), recibió a 6.300 embarcaciones, triplicando el movimiento  naviero del inicio de la década de los ochenta. Las exportaciones laneras lograron un promedio récord para los años 1893-1902 de 196.000 toneladas, y la venta de carne de bovino  al exterior logró cifras récord. No obstante, en la economía de exportación fue variado  la significación  de los saladeros  y del ganado en pie den favor de los frigoríficos que estaban bajo el control del capita británico. En lo que respecta a la producción  de granos para la exportación, las cifras para los años 1900-1901 bordeaban ya los dos millones de toneladas. Hacia 1909, la Argentina  llegó  a convertirse en el principal  exportador  de cereales en el mundo; debe recordarse que todavía en 1874, este país tenía que recurrir  a la importancia de granos y harinas  para satisfacer las demandas de consumo interno.
 
 
El estado oligárquico en materia empresarial tuvo una política dual. Por un lado jugó un rol muy activo en la promoción  de la empresa privada, principalmente extranjera, como sucedió en los casos de los ferrocarriles y frigoríficos. Por otro lado, mantuvo una política de laissez faire frente a la industria local. En general, la  producción industrial  argentina se diferenció en torno a dos grandes renglones; la de artículos de consumo para el mercado interno y la directamente articulada con el sector agropecuario, cuya producción  estaba principalmente orientada hacia el mercado  internacional.
 
 
La industria local pudo  competir con las importaciones extranjeras gracias a la baja composición orgánica del capital necesitado, al carácter limitado de la conversación  de los bienes productivos y afectados para el consumo nacional y a los reducidos costos de la fuerza de trabajo. La industria vinculada al sector agropecuario; saladeros, frigoríficos, ingenieros y molinos harineros demandaron una relativa concentración del capital y una propensión tendencial  de corte monopólico.
 
 
Las condiciones de trabajo, de diferente manera fueron determinadas  por el carácter de estos renglones industriales. A fines del siglo XIX la jornada de trabajo fluctuaba entre diez  y dieciséis horas de labor. Las escalas salariales fueron afectadas dentro de una misma fábrica por las tradicionales jerarquías  ocupacionales, aunque el proceso de modernización técnica tendió a hegemonizarlas, al mismo tiempo que generaba otras nuevas ocupaciones y jerarquías de mayos calificación  laboral. Hacia 1904 todavía  fue frecuente el empleo de menores de edad  (ocho a doce años) en los talleres mecánicos, cervecerías, fábricas de fideos, molinos, tabacaleras. Las diferencias salariales  también tuvieron que ver con el sexo del trabajador, así, por ejemplo, en la refinería argentina de Rosario, pertenecía al grupo financiero Tornquist, donde las mujeres ganaban un jornal diario inferior a la mitad del que percibían  los varones adultos.
 
 
En las huelgas obreras comenzaron a salir a la luz demandas referidas a las penosas condiciones de trabajo fabril. Fuera de la recurrente demanda de reducción de la jornada de laboral, en 1888 los obreros panaderos de  Buenos Aires exigieron el derecho a comer fuera de los establecimientos de trabajo; los trabajadores domésticos y de restaurantes pidieron la abolición de la libreta de conchabo; en 1889, los peluqueros reivindicaron el derecho de una hora y media  de tiempo para comer fuera de las peluquerías, y los tipógrafos exigieron el retiro de las plaquetas de metal  numeradas con que les quiso identificar y controlar a la manera de los presidios. Entre 1901 y 1902, la Federación Obrera Argentina (FOA) demandó la abolición del trabajo nocturno, del sistema de vales y régimen  de destajo, la responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo y la  prohibición del trabajo a menores de catorce años.
 
 
El año de 1895, los datos del segundo Censo Nacional registraron una población total de tres millones novecientos  cincuenta y cinco mil  habitantes. Todavía se mantenía un predominio  relativo del campo (58 por cien) sobre la ciudad (42 por 100), aunque  esta situación traducía el modo de incorporación de la economía argentina  al mercado mundial a través de la exportación de granos, carnes y cueros. El eje más dinámico del desarrollo capitalista de dichos país se afincaba  en el sector agropecuario, a pesar de que contaba con una base industrial  de 23.204 unidades productivas  que, disgregaban  en ramas de actividad, daban 5.000 del sector alimentario, 5.700 del ramo textil y confección, 4.000 del ramo de construcción, 3.000 del sector mecánico, las restantes se repartían en muy diversos renglones productivos. Del total del parque industrial, un 1 por 100 se concentraba en el litoral del Plata, aunque hacia 1914 se notó una relativa descentralización al disminuir en doce  puntos esta privilegiada región. Sumadas las empresas  dedicada a los rubros de alimentación, vestido y tocador, muebles y anexos, y de la  construcción, constituía el 64 por 100 del total, concentrando  el 73.5 por 100 de la fuerza  de trabajo  y el 65 por 100 del capital industrial.
 
 
De un total de 145.650 trabajadores  fabriles en 1895, pasaron a ser 410.204 hacia 1914. el hecho de que entre estas fechas el 55 por 100  de los trabajadores industriales fueron inmigrantes europeos, y del 45 por 100 restante  la mayoría procediese  de la migración rural urbana, indicó la abigarrada  concurrencia  étnica al proceso de formación de la clase obrera argentina. No obstante, hay que señalar que el  importante flujo de inmigración europea distó mucho de ser homogéneo  en el terreno étnico y ocupacional, incidiendo  de manera diversa sobre la composición del proletariado de este país. La migración italiana, que se mantuvo hegemónica  de los años  cincuenta hasta la década del diez  del siglo pasado, fue coyunturalmente desplazada  por la inmigración española. En cuanto a la actividad laboral de los inmigrantes, se produce en el mismo período una variación  significativa: de ser  predominantemente campesina, pasa a ser mayoritariamente  de  jornaleros rurales y urbanos.
 
 
La migración  italiana hacia la Argentina sufrió una modificación relevante. Si entre  1876 y 190, de los 707.000 inmigrantes  italianos el 63 por 100 provenía del norte y el 37 por 100 del sur; para el período de 1901 a 1913, de los  644.000 inmigrantes provenían un 53 por 100 del norte industrial y un 47 por 100 del sur campesino. La distribución de los inmigrantes  y los nativos procedentes de las zonas rurales fue tendencialmente selectiva  según las ramas industriales. Los italianos y europeos en general fueron  la base social  dominante entre los trabajadores metalúrgicos, los textiles, los mecánicos y los ferrocarrileros. En cambio los migrantes nativos tendieron  a engrosar las filas  de los obreros  de los frigoríferos, portando buena cantidad de ellos cierta experiencia  laboral emprendida durante su trabajo anterior en estancias, graserías y saladeros.
 
 
Este acelerado proceso  de desarrollo  capitalista en la ciudad  y el campo, aunado a la reconstrucción étnico-nacional de la poblacional,  modificó la estructura social y el tejido de relaciones y prácticas sociales.  Los estancieros  criollos y extranjeros de Buenos Aires ganaron mayor significación económica  y social gracias a su vínculo creciente con los  comerciantes monopolistas  de la capital federal, que a su vez se beneficiaron  de la modernización  portuaria y del servicio ferroviario. Estos dos sectores, base natural de la oligarquía argentina, mantuvieron ligas financieras y mercantiles con los poderosos y hegemónicos  intereses británicos.
 
 
Hacia fines de siglo XIX, la oligarquía y el capital financiero inglés extendieron sus intereses monopólicos  a la industria de manera directa o asociada, así como a través de entidades mercantiles como el Banco Tornquist. Entre 1895 y 1914 el desarrollo industrial se duplicó; si bien las unidades productivas  aumentaron a 48.700, ya comenzaron a observarse  síntomas evidentes de concentración en algunas ramas  fabriles,  como bebidas y alimentos,  ingenios y frigoríficos. En este lapso también  se desarrolló  la composición orgánica  del capital; así tenemos  que el potencial  de las maquinarias  usadas en la industria se triplicó y el monto de capital se incremento en un 446 por 100; t6ambién la fuerza de trabajo creció en volumen  en un 139 por 100. La composición etnoclasista de esta última tendió a equilibrase  entre nativos  e inmigrantes europeos. En las unidades de producción se observó un incremento en la media de trabajadores adscritos, lo que indicaba una tendencia a dejar atrás  los viejos patrones de transición fabril industrial hegemonizaron los pequeños talleres.
 
 
Los partidos tradicionales tendieron a colapsarse durante esta fase de modernización  e institucionalización  política abriéndose paso  a organizaciones de mediación, como el partido Autonomista Nacional  del Roquismo, pero fundamentalmente  a aquellas más modernas como la Unión Cívica Radical.  Y El Partido Socialista. La formación de organismos patronales  de tipo corporativo, como la sociedad rural  Argentina,  la Unión Industrial Argentina  (UIA), y  poco después, del centro azucarero argentino añadieron nuevos elementos al escenario  político nacional. Los obreros  y artesanos, a su vez se aglutinaron sindicales y federativamente a través de la Federación Obrera Argentina, de filiación libertaria, a la unión general de trabajadores, de filiación socialista o a la minoritaria corporación de círculos obreros católicos.
 
 
La gran masa de inmigrantes  fue marginada y excluida de la participación política tradicional  por parte de la oligarquía  porteña, que siguió los pasos símiles de Brasil. EL no  conferirles  la ciudadanía  a los inmigrantes constituyó un mecanismo de preservación  política del gastado modelo de clientilismo  oligárquico. En 1895 solo el 0,16 por 100  de los extranjeros logró su naturalización; todavía en 1914 solo el 1.4 por 1000 de estos había logrado  con mucho esfuerzo obtener la carta de ciudadanía.  Las reservas oficiales  de los grupos  de poder  se debían  a su ambigüedad  y contradictoria  postura en política migratoria. Por otro lado,  fue  estimulada, mientras por el otro se acentuaba la desconfianza, el chovinismo y el control oligárquico  sobre la masa laboral  extranjera caracterizada  por los estereotipos  de su indocilidad frente a las condiciones de trabajo existentes, y de las ideologías perversas de las que se suponían eran portadores, y que atentaba contra el orden oligárquico.
 
 
Debe tomarse en cuenta que partidos minoritarios  y de oposición, como el socialista y la liga del Sur, que buscaban captar la adhesión política de los inmigrantes, se hubiese beneficiado del voto  de estos pudiendo afectar  la tradicional correlación  de fuerzas por el tradicional sistema electoral. Sin embargo, no está de más recordar que las opiniones  de divergencia  de los socialistas criollos  y partidarios de la ciudadanización  de los extranjeros y de los opositores  socialistas a esta medida, en su mayoría inmigrantes españoles e italianos del Comité  de Barracas Norte de la ciudad de Buenos Aires, los llevó a una decisión  orgánica en 1902.
 
 
El papel de los partidos  entre la poblacional  inmigrante trabajadora lo cumplieron  las organizaciones  de defensa de intereses económicos  y profesionales, como los sindicatos y las sociedades voluntarias de composición y fin social  diversos: mutuales, clubes, logias y cooperativas. La importancia  de este segundo tipo de organizaciones  se explicitaba  al tomar en cuenta  los registros censales de 1914. Para este año existían  1.030 asociaciones voluntarias de extranjeros, el 82,5 por 100 estaban integrados por socios de una sola nacionalidad, como las de tipo cosmopolita sólo representaban  17,5 por 100. En la mayoría de los casos las sociedades de extranjeros cumplieron funciones múltiples; actividades recreativas y culturales, asistenciales y sociales. Algunas veces estas asociaciones  contaron con el apoyo de los gobiernos  de sus países de procedencia. En  general, además de suplir  las carencias de servicios asistenciales que no les otorgaba  ni el estado  ni los  patrones, Las sociedades Voluntarias  cumplieron un papel clave como institución de mediación cultural para la captación gradual  de los inmigrantes. En esta misma dirección actuaron igualmente como mediadores  culturales los sindicatos y periódicos  obreros.
 
 
Los títulos de los periódicos, boletines y hojas informativas eventuales  de los diferentes núcleos ácratas, tendieron  a subrayar  la voluntad heroica  y violenta  de su policitidad subalterna y extralegal, es decir, de  batalla antioligáquica: El Combate, El  Oprimido, La agitación, Escalpelo, Látigo del obrero,  La voz de Rovachol, II Pugnale, Gli Incendiari, Vendeta, Ni diue ni maitre, Los Dinamiteros, El perseguido,la Protesta Humana. Etc.
 
 
Algunas de las afirmaciones de las editoriales o de artículos centrales  de este periodismo  subalterno y violento  pueden expresar mejor los alcances de su radicalismo verbal: Los Dinamiteros, en una circular, A los obreros de Sudamérica (1893) afirmaba: «Es preciso que conquistemos la libertad y para eso es necesario la dinamita, pues la fuerza de está  contrarrestara  la fuerza que emplean  nuestros opresores (…) Viva la dinamita, Viva la revolución Social, Viva la ANARQUÍA» Los editores  de II Pugnale, técnicamente más sofisticados que sus predecesores señalaban que, «con objeto de cambiar el estado social, hay que usar bombas explosivas de nitroglicerina y clorato de potasio» No fue distinto el lenguaje periodístico de El Perseguido, que el 11 de noviembre de 1893, al enterarse de un atentado anarquista en Barcelona, rotuló  el titular del periódico «La dinamita en la acción, la gran noticia» El perseguido (1890-1897) fue  el órgano más relevante de esta orientación  anarcoterrorista, que sin reparos morales o legales justificaban la propaganda del hecho  forma prístina de la acción directa, en los términos más  descarnados: «Nuestra divisa es la de los malhechores; nuestros medios, todos los que la ley condena; nuestro grito: ¡Muera la autoridad! Por esos somos anarquistas»
 
 
Durante los años de 1880 y 1897, la inestabilidad laboral  en el interior  de la clase obrera y fundamentalmente  de los sectores  de inmigrantes propició y el desarrollo de  las corrientes  anarcocomunistas,  reacias  a la organización obrera porque la consideraban autoritaria, una  especie de distracción en la lucha por alcanzar la meta final. Además se  dijo que los que los medios mutuales  y huelguísticos carecían de efectividad en  la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.  Los anarcocomunistas deberían más bien  volcarse a combatir de manera  directa  y propagandística al régimen opresivo existente, mediante la acción individual o de grupos unidos  por afinidades ideológicas. A la larga, estas opciones tácticas llevaron a una escisión  doctrinaria  a los anarquistas  que se manifestó en una doble dirección: en la oposición  entre anarcoterroristas  o anarco revolucionarios, por un lado, y el antagonismo  entre anarco individualistas y anarcocolectivistas. En un plano  más profundo  revelaban su correspondencia con los cambios suscitados por el desarrollo industrial y la propia  recomposición  de la fuerza laboral.
 
 
Empero, no a todos los grupos libertarios de la Argentina de fines de siglo XIX se les puede catalogar de espontaneístas  e inorgánicos frente a la clase obrera. La prédica organizativa del conocido anarquista italiano Errico Malatesta dejó honda huella en la tradición anarquista  argentina. En perspectiva corriente pro-organizativa  tendió a afirmase  por las propias exigencias de su ligazón  con la clase obrera y por su disputa sindical  con los socialistas. Publicaciones de estas últimas corrientes fueron los periódicos El Obrero panadero, L`Avvennire, La Questione Social y El oprimido.  La protesta humana, si bien fue el periódico de mayor trascendencia  ácrata en relación a la organización del movimiento obrero argentino, durante sus primeros años  mantuvo una posición conciliadora frente a las divergencias entre los que propugnaban  círculos afines y los que abogaban  por la constitución de sociedades de resistencia obrera.
 
 
Los comienzos  de la última década del siglo XIX, las relaciones entre socialistas y anarquistas dividieron en conflictividades: la lucha por la hegemonía en el movimiento obrero a partir de sus diferentes  tradiciones ideológicas, estilos de propaganda, tácticas y objetivos de lucha hacía  inevitable desacuerdo y la pugna. Mientras los socialistas se esmeraron por formar sindicatos, la mayoría de los anarquistas  persistieron en su defensa de la espontaneidad  de la clase obrera opuesta a todo sistema orgánico, considerado por ellos como autoritario por definición. Esta confrontación eludía también a los límites  reales que la nueva coyuntura económica había asignado  a una clase obrera más estable  en el empleo, con mayor  disposición y posibilidades de renegociar  la venta de su fuerza de trabajo.
 
 
La crisis económica de los años 1890-1891  fue acompañada de una grave crisis política que culminó con la salida del presidente  Juárez  Celman, acusado de practicar políticas y financieras arbitrarias  y corruptas por sus propias correligionarios roquistas. La gestión gubernamental de Carlos Pellegrini a través de nuevos empréstitos  concertados con la banca europea y el reclutamiento de figuras de oposición, le permitió estabilizar  la situación financiera y política del país.
 
 
Los artesanos y los obreros  que venían gradualmente  adscribiéndose a los patrones de organizaciones  del sindicalismo de oficio, dados los alcances de la crisis gubernamental, vinieron  temporalmente postergados los esfuerzos  de gestación de su primera organización  federativa ínter gremial. Esta iniciativa, sin  lugar a dudas socialista,  venia siendo respaldada por las siguientes sociedades de oficio de Buenos Aires, carpinteros, cigarreros de hojas, zapateros y tipógrafos  alemanes; del interior participaron algunos gremios de Santa Fe y Chascomus. En diciembre de 1890 salió  publicado el primer número de El Obrero, vocero de este primer proyecto federativo. Al año siguiente se libró  una campaña de infundíos más que de polémica entre  socialistas y libertarios a través  de las páginas de El Obrero y El Perseguido.
 
 
La Federación de Trabajadores de la Región de Argentina, promovida  por el club Vorwaerts (Socialista), acentuó  una política  faccional  y pro-partidaria en los sindicatos  bajo su influencia, frenando su desarrollo y preparando el camino propio de la liquidación. En su primer  congreso  de agosto de 1891, esta  entidad acordó  formar una comisión  para formular «un programa análogo  al de los partidos obreros  europeos» pro-pugnar por la jornada de ocho horas  y un descanso dominical  de treinta y seis horas seguidas. Postuló también  por la «abolición  completa de la  propiedad individual en conformidad  con los partidos de todos los países» Poco después  de su segundo congreso en octubre de 1892, esta federación  se disolvió. Bajo esta orientación socialista  no fue difícil  que la hegemonía  en el interior del naciente sindicalismo obrero pasase a manos de la corriente anarquista  pro-organizativa.
 
 
La exclusión política de los inmigrantes y clases  populares  en general, hacía poco atractiva esta orientación socialista de pugnar por politizar y partidizar a los sindicatos. La propia bandera  de la jornada de las ocho horas fue caricaturizada  por la lógica del capital industrial  en el marco de la crisis económica que vivía el país. La lucha cotidiana de los obreros se centró en el pago  de los salarios adeudados por sus empresarios: ferroviarios, peones de la municipalidad  de Buenos Aires, y faroleros de la misma ciudad; en Santa Fe, esta misma lucha era librada por los yeseros, sombrereros, tipógrafos, peluqueros, carboneros, tabacaleros, cigarreros, zapateros y hasta por los músicos de la policía. La lucha contra los despidos masivos y contra la reducción a  la mitad de la jornada remunerada, llevó a la huelga a ferroviarios, albañiles y otros gremios.  El programa  y la propaganda socialista  entes estos contenidos  de la lucha obrera  evidentemente se hallaba  fuera de la coyuntura, por no decir  de la realidad.
 
 
Los militantes libertarios comprendieron intuitivamente las expectativas de los diversos sectores  del proletariado urbano, que venían siendo hostigados económicamente y políticamente por la patronal  y el Estado. Durante varios meses fueron prohibidas y reprimidas las asambleas sindicales y sociedades de voluntarias. El énfasis puesto en la propaganda libertaria  en los aspectos dramáticos  y emocionales de la situación cotidiana en que las familias proletarias  sobrevivían  a la crisis,  más que  expresión del resurgimiento de un tipo de romanticismo  social radicalizado,  expresar el tenor  apocalíptico del régimen  capitalista que solventaba por contraste moral la tipicidad de su ideología radical. El líder socialista Jacinto Odonne no se equivoco  cuando sostuvo que la acción anarquista fue un obstáculo para ellos, toda vez que la prédica y acción libertaria era «más primaria, más simple y más en concordancia con la mentalidad sencilla del pueblo» 
 
 
Hubo otro elemento discursivo de las corrientes libertarias que  permitió su rápida propagación entre los obreros inmigrantes y su convergencia  con los trabajadores nativos; nos referimos al contenido del internacionalismo y universalidad de clase y a las acciones de solidaridad obrera internacional. El proyecto  libertario atenuó el dilema  de  conciencia desdichada del obrero inmigrante que le hizo sentir  su doble condición de explotado y  desarraigado. El propio proceso de diferenciación social llevó  a importantes sectores de los obreros y chacareros inmigrantes a someter a un régimen  de extrema austeridad y ahorro con el fin  de retornar a sus países de origen. Pero el sector  que se quedo en la Argentina adscrito al régimen  fabril tuvo limitadas posibilidades de ascenso    social. La mayoría obrera osciló entre el enclaustramiento cultural de  algunos círculos de paisanaje de neto color chovinista  y su concurrencia la proceso de definición  de la clase obrera nacional.  En este último sector caló el internacionalismo  anarquista y e menor medida el del ala radical socialista, que legitimaba su inserción  en el proceso constitutivo  de una clase  subalterna, sin necesidad de olvidar la renovación  de sus lealtades  de origen a través de las campañas de solidaridad o de ritualización  de las fechas símbolo del obrerismo mundial: el primero de mayo, La comuna de Paris, la revolución rusa de 1905, etc.  Fuera de las fábricas, la Boca, un  típico barrio de obreros italianos, adoptaba paulatinamente uno de los característicos rostros urbano-nacional del Buenos Aires contemporáneo.
 
 
Las fuertes controversias  y contiendas públicas  entre socialistas y anarquistas no impidieron su convergencia en ciertas movilizaciones y campañas anticlericales y antimilitaristas. También unos y otros concurrieron en la lucha por afianzar y extender los sindicatos obreros, así como en la brega contra  el desempleo y por la consecución  de la jornada de las ocho horas.
 
 
Entre los años de 1891 y 1896 se desarrollaron cincuenta y ocho jornadas huelguísticas. Se fue ampliando así la participación y experiencia de la lucha sindical de la clase obrera y de sus grupos de vanguardia. En  1896, los ferroviarios  llevaron adelante la primera huelga general por rama empresarial. En el 50 por 100 de las huelgas, las motivaciones fueron del corte salarial; en un 30 por 100 de los casos la lucha  se libró a favor de la reducción  de la jornada laboral, lo que  indicaba la revaloración de que fue objeto esta importante bandera  de la lucha reivindicativa. Sobre el total de las 58 huelgas  del sexenio aludido, los obreros  triunfaron  en 26, llegaron a concesiones parciales mediante negociación de ocho  casos y fueron derrotados  en 24 oportunidades. Este balance  signa las dificultades  inherentes al propio desarrollo del movimiento sindical, al mismo tiempo que los rasgos tendencialmente  positivos  de los que vendría a ser la más típica  forma de resistencia  obrera del siglo XX; la constitución de 33 nuevas sociedades de resistencias a nivel nacional así lo refrendan.
 
 
Sin embargo, la situación más critica la  atravesaban los inmigrantes obreros que engrosaron  mayoritariamente las filas  de los desocupados y subempleados. Su penosa situación los orillaba a los caminos de la violencia extralegal, la delincuencia  social  y del anarcopetardismo. El diario la protesta, alarmado por esta creciente problemática  de marginalidad urbana, editorializó a favor del traslado  de la fuerza de trabajo excedente a la colonización del agreste  y lejano Chaco. El primero de agosto  de 1897, más de cinco mil obreros desocupados, reunidos bajo iniciativa anarquista en el teatro Doria (luego Marconi) de Buenos Aires,  protestaron por su lamentable situación. Empero, se  resistían  a inmolarse  como pioneros de la colonización  de una región  semi-tropical plagada  de peligros  y enfermedades, así se lo hicieron saber a La Protesta  mediante ruidosa y enervada  manifestación de repudio.
 
 
Este contingente de desocupados, por primera vez intentó cohesionarse  en torno a las  primarias demandas del derecho  al trabajo y al de supervivencia. El excedente  de fuerzas  de trabajo  que generó  principalmente la inmigración  y el limitado desarrollo del capitalismo  dependiente en Argentina operó  no solamente como factor de perturbación social, sino también  a favor del capital industrial al presionar negativamente sobre la estabilidad laboral y las tasa salariales. Esta situación tendió a agravarse hacia 1899, en que se registraron aproximadamente  unos 40.000 desocupados.
 
 
La pauperización    y tugurización se  acentuó en los propios barrios obreros de la capital: La Boca, Los Corrales, Villa Catalina, Constitución, Retiro, Palermo y Barracas. Sólo en la Boca y Barracas se concentraban 6.500 trabajadores eventuales, de los cuales sólo conseguían el contrato al día un promedio  de 1.000 a 1.5000. La sobre oferta  de trabajo  facilitó la discriminación étnica, generalización  y política de la fuerza de trabajo  por parte de la patronal. En un importante depósito  de  madera de la Boca, el capataz  elegía para la faena laboral del día a unos 65 jornaleros de un total de 350 aspirantes.
 
 
Las reivindicaciones cotidianas  de la clase obrera hacia  fines del siglo XIX y principios del XX, jugaron un  papel  predominante cohesionador. La movilidad ocupacional, dada la precaria estabilidad laboral,  facilitó indirectamente el desarrollo de lealtades ínter-gremiales. Sin embargo, el paro forzoso  y la inestabilidad  del empleo favorecieron también  la manipulación patronal de un sector  de desocupados rompehuelgas o krumiros. A partir de 1899  se agravaron las relaciones laborales a raíz  de una reforma monetaria que generó una contracción del salario real  del orden  del 30 al 40 por 100 en el lapso de dos años. El salario en  la industria, servicios públicos  y comercio tuvo como medida 59 pesos, cuatro menos que el salario mínimo  estimado por el diario La Protesta  para el año de 1901. Un 30 por 100 del salario obrero se destinó al pago de alquiler de vivienda. En esa año  se registraron unos 1.300 conventillos  que alquilaban 35.000 habitaciones para la morada de 140.000 inquilinos, es decir, el 17 por 100 de la población total de la ciudad de Buenos Aires. EL hacinamiento, insalubridad y promiscuidad  de los conventillos  hizo más duro aún  el modo de vida de la clase obrera.
 
En este contexto, las nuevas iniciativas  socialistas de federalización sindical de 1896-1900, a pesar de las exigencias  obreras, resultaron infructuosas. El reformismo legalista seguía careciendo de autoridad frente al beligerante  discurso y práctica de los grupos libertarios más acordes  con las exigencias de la coyuntura. El primero de enero de 1901 apareció el periódico ínter-gremial La Organización, con el fin de promover la federalización obrera. Lo importante de este nuevo proyecto radicó en la concurrencia de socialistas  y anarquistas. El 25 de mayo de reunieron en la ciudad de Buenos Aires delegados  de quince sociedades de resistencia  de la localidad y de doce sociedades  obreras de poblaciones del interior.
 
 
Este tipo de sociedades  de oficio aglutinó  a artesanos y obreros de las veintitrés  categorías ocupacionales representadas  a adheridas, catorce  habían participado  en uno o más frustrados encuentros pro-federales  obreras de, los socialistas: albañiles, panaderos, zapateros, talabarteros  y alfombreros. En cuanto a experiencia  de huelga, poco más de la mitad de las sociedades participantes, trece exactamente, habían ejercido  con desigual éxito dicha práctica de resistencia.
 
 
La mayoría anarquista en el congreso fue relativa. Reforzó se espacio privilegiado la  presencia del conocido libertario italiano Pietro Gori  como delegado ferroviario; la acompañaban dirigentes conectados  como Inglán Lagarta, redactor de la protesta humana; Luis Magrasi, Héctor Mattei, Torrens Ros, José Basalo y Adrián Trotiño. Pese  a ello, la delegación socialista logró ocupar cinco de los doce cargos del comité de organización de dicho evento. La convergencia libertaria y socialista fue posible gracias a la moción pluralista y gremialista que presentaron los anarquistas Ros y Magrasi, a la sazón delegados de la sociedad  de Artes Gráficas, por lo que el declaro unitariamente: «Que no tienen compromisos de ninguna clase con el partido socialista  ni anarquista, ni tampoco con partido político alguno, y que su organización desarrollo  y esfera de acción es completamente independiente y autónomo, y que  la organización que este congreso  acuerde  es  pura y exclusivamente la lucha y resistencia»
 
 
La iniciativa  correspondió a este evento a los anarquistas; la moción de Terros Ros  y Luis Magrasi fue clave para el éxito  del primer congreso obrero y de la fundación de la Federación obrera Argentina (FAO). El espíritu de transacción de los anarquistas fue puesto a prueba  en el debate  y votación  sobre el juicio arbitral  en el conflicto entre el capital  y trabajo; punto polémico y tradicional con los socialistas. El libertario Pietro Gori presentó una moción  contemporizadora  en la cual reivindicaba la necesidad de una lucha de los propios obreros para  lograr la «conquista integral» de sus derechos, al mismo tiempo que reconocía que algunos conflictos económicos y tomando las debidas previsiones se podía recurrir al juicio arbitral como medio de resolución. El  resultado de la votación  fue ligeramente favorable a la postura heterodoxa  pero unitaria de Gori: 21 puntos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.
 
 
No obstante, los socialistas, abandonado la tradición faccional de sus anteriores participaciones, hicieron igualmente gala de voluntad transaccional.  En este juego de mutuas concesiones se  impuso tendencialmente la orientación anarcosindicalista. Para los socialistas fue a la larga más penosos y contradictorio acogerse a la tesis de la huelga general, boicot y sabotaje, como medios de lucha obrera contra el capital, moción aprobada  por unanimidad. La distinción formal y poco convincente  que hicieron los socialistas argentinos sobra la huelga general, fue que ellos la concebían  como «Lucha económica»y no a la manera libertaria  como palanca de la Revolución Social. En los hechos, la huelga general estuvo muy distante de la voluntad y tradición de los socialistas revolucionarios.
 
 
El congreso  constitutivo de la FAO signo otros dos elementos  constitutivos del movimiento obrero  argentino al precisar  los límites de la ideología y político del sindicalismo obrero. La lucha por  la hegemonía faccional de socialistas y anarquistas término escindiendo  orgánicamente a la FAO en abril de 1902 con motivo del segundo congreso.
 
 
Este evento se realizó en el local del club  Vorwaerts de Buenos Aires, lo que le dio cierta ventaja  a la corriente del socialismo obrero. Concurrieron 86 delegados en representación de cuarenta  y siete sociedades obreras,  veinticinco de las cuales eran  de la capital federal y el resto precedentes del interior del interior. De las sociedades bonaerenses  asistentes  al primer congreso  sólo estuvieron presentes la mitad. Las nuevas delegaciones  sindicales  en su mayor  parte fueron de filiación socialista, lo que se evidencio  durante el cisma orgánico que aconteció a continuación.
 
 
El incidente  que precipitó la ruptura fue el otorgamiento de una credencial a un prte4ndido delegado  obrero del interior  militante socialista  en la capital federal. El conflicto reveló el celo puesto por una y por otra facción  en la lucha de la hegemonía  orgánica. La representatividad como botín faccional se incorpora roba así a la vida orgánica de4l sindicalismo obrero argentino.
 
 
Los delegados socialistas  promovieron como primer paso escisioncita el desconocimiento de la FAO  y del congreso en su reunión del 19 de mayo de 1902. Luego los socialitas  pasaron z la constitución  de un comité  de propaganda gremial el 22 de junio, que se encargo finalmente de organizar el congreso fundacional  de la UGT (unión general de trabajadores)  para el mes de marzo de 1903.
 
 
La celebración del 1 de mayo de 1902 devino en prueba de de fuerza obrera entre socialistas y anarquistas. La constitución socialista fluctuó entre 4.000 y 5.000 manifestantes, mientras que los anarquistas  tendieron a  triplicar el número. Independientemente del faccionalismo obrero, cabe considerar  que sumados  los asistentes a ambas  manifestaciones  en la ciudad de Buenos Aires, bordearon los veinte mil, cifra elevada para  un todavía naciente sindicalismo obrero.
 
 
Mientras tanto, el movimiento  obrero argentino venía siendo preparado  subjetivamente por la FOA para llevar adelante la primera huelga general. Tal prédica se circunscribía al marco de loa que podríamos llamar el primer auge huelguístico espontáneo. Se durante el sexenio de 1891 a 1896 hubo un índice de nueve huelgas anuales, en breve lapso de mayo de 1901 a agosto de 1902 se registraron a 29 huelgas parciales. Esta oleada de lucha sindicalista coincidió    con el inicio de ciclo de reactivación y expansión de la economía agro-exportadora que se prolongo hasta 1910, y que favorecía a una relativa recuperación del salario real, empujada por  las acciones  de resistencia del movimiento obrero.
 
 
La huelga parcial podía ser tolerada por el estado, siempre y cuando no afectase las arterias estratégicas de la economía  agro-exportadora; en cambio no podía tolerar en ningún caso las prácticas  de boicot  y sabotaje, aprobadas como forma de lucha en l primer congreso de la FAO.  Efectivamente, la represión, la cárcel  cayeron sobre los activistas que lanzaron el boicot contra una  confitería  en Chilcoy  y contra la fábrica de cigarros La Popular y la panadería La Princesa, en buenos Aires.
 
 
Por estos años  el movimiento obrero convergió con la presión política creciente de las capas medias  aglutinadas en torno a la unión cívica  Radical, pero manteniendo sus respectivas autonomías. El gobierno conservador del roquismo recurrió a una trilogía represiva  para restaurar su autoridad y  los intereses de los grupos empresariales; esta consistió en la  frecuente represión policial de las huelgas y boicots obreros, la promulgación de la ley de  residencia  para expulsar del país a los agitadores extranjeros; por último, la declaración del estado de Sitio. A partir de 1902, en ocho años, el gobierno declaro el Estado de Sitio hasta en cinco oportunidades, con la finalidad de conjurar  los movimientos  de disensión  y  protesta económica y política de las clases subalterna.
 
 
La represión  gubernamental tendió a acentuar  a mediados de 1902. La sustitución  de huelguistas por soldados conscriptos, marineros y empleados municipales, les dio un nuevo sesgo a la significación de los rompehuelgas. Los círculos anarcoterroristas  procedieron a manera de escarmiento a liquidar físicamente  a dos rompehuelgas durante el paro de labores decretado por la Sociedad de Panaderos; pero esta acción, lejos de jugar un papel disuasivo, acrecentó la oleada represiva y es que el estado, en esa coyuntura fue el principal rompehuelgas. Los locales sindicales de la FAO  fueron allanados y sus archivos confiscados, particularmente  las relaciones adherentes.
 
 
La movilización obrera en contra de la represión policial aglutino a anarquistas  y socialistas. Estas corrientes, a pesar de mantener sus proyectos faccionales de federalización obrera, supieron  entenderse nuevamente. Cuarenta y dos  sociedades  de resistencia pertenecientes a la FOA y el comité pro-UGT participaron el 17 de agosto de 1902 en importante mitin de repudio antigubernamental. Líderes socialistas como Dickman y Repetto, conocidos anarquistas, como Guaglianone, Montesano y Baterra, en su calidad de oradores prefirieron marcara los puntos  de unidad coyuntural antes que los de su antiguo disenso.
 
 
El mismo mes, con motivo de la realización de la segunda concentración de protesta de los desocupados y subempleados, socialistas y anarquistas volvieron a converger a pesar de los reparos de los segundos para sumarse a la convocatoria  socialistas. El mitin de masas con fines de protesta logró así su incorporación a la tradición de resistencia del movimiento obrero de dicho país.
 
 
La oleada de huelgas en la primera quincena de noviembre de 1902,  devino en huelga general para los días 22 y 24 del mismo mes. Empezó con la lucha reivindicativa  de la Federación de Estibadores de reducir el peso de costal de carga (cereal, tasajo y carbón), a un promedio de 65 a 70 kilos. A esta demanda se sumaron igualmente en acción huelguística los obreros d los depósitos del Mercado Central  de Frutos de la capital federal. El eje de la confrontación puso enfrente a los trabajadores y a la Cámara de Comercio, representante esta  última  de los exportadores  y dueños de depósito. Los grupos anarquistas de la FOA de pronto se vieron  envueltos en un proceso de radicalización  espontánea  de ritmo acelerado y creciente. Cocheros, panaderos,  zapateros, albañiles, sombrereros, fideeros,  fosforeros, tejedores, mecánicos y fundidores habían logrado la más grande paralización huelguística  que hubiese habido en Buenos Aires, pero también en el país. A esta  huelga general se adhirieron  los obreros de otros puertos: Rosario, bahía Blanca, La Plata  y Villa Constitución.
 
 
La Boca y Barracas, barrios de obreros inmigrantes, vivieron un clima de agitación sin precedentes. Las movilizaciones y actos de protestas laboral  involucraron a las familias obreras; hombres y mujeres a los gritos de ¡Viva la ANARQUÍA! Y ¡Viva la Revolución Social! Se enfrentaron a la policía y a los rompehuelgas. El temor  invadió a los barrios residenciales del norte de Buenos Aires; se había expandido el  rumor de que treinta mil obreros armados se aprestaban a tomar casas la Casa de Gobierno. La autorización gubernamental de permitir que los obreros rompehuelgas fuesen armados a los centros de trabajo, así como el registro de algunos hechos cruentos, estimularon de manera desbordante la imaginación de quienes gustaba vivir bajo un sistema político basado  en un orden elitista  y autoritario solventado  a la exclusión de masas y el consenso pasivo.
 
 
Los socialistas intentaron  infructuosamente frenar un movimiento huelguístico que tomaba claros ribetes  políticos  al intervenir el ejército  y la municipalidad en las fábricas en conflicto con el objeto de  quebrar la huelga general. En un manifiesto del 24 de noviembre, los socialistas, al mismo tiempo que señalaron  como justas las demandas de los estibadores huelguistas, peones  del Mercado de Frutos y conductores de carros, condenaron al gobierno por militarizar las fábricas, y a los gremios de la FAO por sumarse solidariamente a la huelga, en lugar de seguir laborando  para apoyar económicamente a los primeros. Fue evidentemente el miedo  de los socialistas de salir del curso legal y de las reformas, para involucrarse en movimientos son potencialidad revolucionaria. No obstante, su pronunciamiento llegó tarde  para inmunizarlos  contra la  escuela de terror estatal que se avecinaba sobre el movimiento obrero en su conjunto.
 
 
Al día siguiente  el gobierno procedió  a instaurara el estado de sitio e implementar la primera y más vasta ofensiva  represiva contra la clase obrera, las sociedades de resistencia, las asociaciones culturales populares y la prensa sindical y obrerista. Cerca de un centenar de líderes libertarios fueron deportados de manera inmediata a sus países de origen. Sin embargo, los arrestos, deportaciones, allanamientos, censuras y arbitrariedades  gubernamental y patronal se prolongaron hasta el mes de febrero de 1903.
 
 
La propaganda libertaria se vio mermada como resultado de esta rigurosa campaña  de profilaxis  antisindical y antianarquista emprendida por el gobierno oligárquico del general Roca. Ya no volvieron a publicarse más los periódicos libertarios: Ciencia Social, El rebelde, L’avvenire, Solidaridad y Nuova Civilitá. Otros voceros de prensa que volvieron a salir, como la Protesta Humana, gracias a una hábil política editorial, aprovechó la diversidad de la coyuntura y pronto subió su tiraje a ocho mil ejemplares. El anarquismo lejos de estar abatido, mostró una sorprendente capacidad de recuperación, la cual fue refrendada  por el exitoso tercer congreso de la FOA (junio de 1903) y la huelga general del puerto de Buenos Aires  en diciembre del mismo año, que si bien sufrió  un importante revés, la voluntad de lucha  y las solidaridades obreras  lograron sostener dos meses  la acción huelguística  bajo un clima política hostil.
 
 
El 1 de mayo de 1904 las manifestaciones de anarquistas y socialistas  evidenciaron un crecimiento notable en su capacidad de convocatoria. La vanguardia obrera, gracias a la horizontalidad federalista de las sociedades de resistencia, pudo rápidamente reconstruirse. Sumados los cincuenta mil manifestantes de la FOA  y los veinte mil de la UGT, arrojaron una cifra  que triplicaba la gran manifestación  del 1 de Mayo de 1903.
 
 
El IV  congreso de la FOA, celebrado del 30 de junio al 2 de agosto de 1904, contó con la asistencia  de representantes de 56 sindicatos. La federación anarquista había logrado un crecimiento orgánico importante, probando más que por el aumento de 42 a 66 sindicatos, por el número de  cotizantes que pasó  de 15.212 en su III congreso a los 32.893 del IV.
 
 
Entre uno y otro evento, los tópicos  debatidos pasaron de las cuestiones orgánicas y propagandistas de la Federación a temas de más vinculados  a la situación de la clase obrera en la nueva coyuntura, como las condiciones de trabajo, el boicot a la policía, la abolición de la ley de residencia y del proyecto de ley de trabajo, la propaganda antimilitarista, la huelga general y la moralización y emancipación de la mujer. Este congreso, en lo orgánico, resolvió modificar el nombre de la agrupación ínter-gremial por el de Federación Obrera  Regional Anarquista (FORA).
 
 
Esta orientación del movimiento obrero en un contexto político adverso exasperó los ánimos de los grupos anarquistas más radicales. El Estado además de asfixiar la vida gremial y propagandística bajo el régimen del estado de sitio, perseguía a los líderes extranjeros.  Ello motivó que el 11 de agosto de 1905 el tipógrafo  y anarquista Catalán  Salvador Planas atentase fallidamente contra el presidente Manuel Quintana. El tiranicidio fue el método más individualista de abolir al estado  que propugnó el anarcopetardismo, pero no el más efectivo.
 
 
La visión abstracta del estado de los libertarios, cedió terreno a favor de una comprensión más concreta de su función social  a partir de su  participación  en el curso de la huelga general y de las ulteriores iniciativas del control obrero. El proyecto  de Ley del Trabajo, luego de acalorados debates  fue impugnado por la FORA y a UGT, así como por la entidad patrona, la Unión Industrial Argentina. La creciente confrontación de fuerzas entre el capital  y el trabajo demandaba la formulación  de una legislación laboral  y de canales institucionales de mediación, pero los sectores protagonistas distaban mucho de querer ajustarse  a leyes  de contemporización de sus diverso y opuestos. Todo o nada parecía ser la consigna  dominante  entre trabajadores y empresarios. Mientras tanto el régimen del general Roca fue reemplazado por el de Manuel Quintana.
 
 
El nuevo gobierno se instaló en medio de un repunte huelguístico  a fines de 1904. El Estado de sitio  volvió a ser declarado entre febrero y mayo de 1905, borrando toda diferencia  entre uno y otro régimen de gobierno frente a la  clase obrera. La atmósfera reinante en el seno de los sindicatos de la UGT y de la FORA tendían a la unidad de la clase obrera fragmentada por los intereses faccionales de anarquistas y socialistas, favoreciendo el desarrollo  de una corriente sindical clasista y unitaria.  Esta situación parecía tender a clausurar  un largo capítulo  de segmentación del movimiento sindical. La unidad de la clase obrera emergía como tema obligado de la nueva coyuntura y de su experiencia de lucha.
 
 
Los debates en el congreso de la  UGT de agosto de 1905 se orientaron en esta dirección, aprobándose  una resolución favorable a  la celebración de un  pacto de solidaridad «tendente a unificar fuerzas y acción de la clase obrera organizada en las siguientes circunstancias: 1) En la oposición a la proyectada Ley Nacional del Trabajo; 2) En la lucha contra la proclamación del estado de sitio; 3)  En la campaña de la ley de residencia El congreso de la  FORA, llevado a cabo pocos días después  que el de la UGT, recusó la necesidad  de un pacto ínter-federacional  y centró el problema  de la unidad obrera sólo en el interior de la FORA, ya que está «no tiene absolutamente nada que ver  con idealismo que pudieran dividir al obrero, acogerá  en su seno a todo obrero  o grupo de obreros  que deseen ingresar en sus filas… la solidaridad  no se decreta, es inherente a la especie»
 
 
El V congreso de la FORA  generó un sindicalismo anárquico  diferente al anarcosindicalismo, en la medida que incorporo  a la base misma de los sindicatos, la adhesión  filosófica  y moral de su credo. El núcleo anarco-comunista de La Protesta se difundió en el seno de la FORA y de la lucha obrera, pero su orientación no satisfizo  las expectativas de la unidad de los militantes de base. Efectivamente, el IV congreso de la FORA (septiembre de 1906) accedió a la aprobación de una resolución votada  a favor de un  Congreso de Unificación.
 
 
En diciembre de 1906 el IV congreso de la UGT ratificó igualmente su voluntad unitaria. El camino aparentemente estaba allanado, pero no era así, la voluntad hegemonista  de las facciones anarquistas y socialistas, aunada a la incomprensión  e indefinición de un sindicalismo clasista y unitario, frustrado el pretendido evento de fusión de 1907. Hubo otro intento que se vio bloqueado igualmente en septiembre de 1909 por la intransigencia doctrinal de los anarco-comunistas que lideraban en la FORA. Más adelante, en junio de 1914, se logró celebrar un congreso unitario gracias a que la FORA pasó a manos de la corriente anarcosindicalista. Se cerraba así una etapa de la historia  del movimiento obrero argentino.
 
 
 
 
CAPÍTULO IV
 
 
ANARCOMAGONISMO EN LOS ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
 
 
 
La historia de las clases subalternas durante la revolución mexicana  tiende a reivindicar a 1906 como el año de su estallido, mientras que la historia oficial de la nación  centra sus comienzos  en el año de 1910.
 
 
A una y otra fecha  le subyacen  dos proyectos ideológicos  claramente escindidos  y enfrentados: el anarquismo  popular regional de Ricardo Flores Magón y el antirreleccionismo nacionalista de Francisco I Madero. En la historia  concreta de la revolución mexicana, una y potra fecha aparecen  entrelazadas por diversos y múltiples acontecimientos y protagonistas, aunque lo medular  de una y otra es que marcan los primeros  cambios de signo de clase de la más grande tempestad histórica  de la América Latina  en este periodo.
 
 
A partir de 1880 se percibe un proceso de consolidación  de los gripos dominantes  como un bloque social relativamente  homogéneo; habían quedado atrás  los años de luchas intestinas que acompañaron al proceso  de acumulación originaria de la sociedad mexicana, durante  los años de la Reforma y de los procesos de desamortización de bienes comunales  y eclesiásticos.
 
 
La constitución de un sistema  concéntrico de clientelaje  políticos  y de un  poder federal eficiente y con injerencia en una economía  nacional  pautada por el crecimiento  capitalista dependiente atenuó temporalmente las contradicciones y entre tradicionalidad y modernidad que ella misma descarnó. Coadyuvó a la consolidación  económica  de los grupos de poder agro-mineros, la inserción y modo de articulación con la creciente inversión  de capitales extranjeros  y el mercado mundial.  La relativa  ampliación del mercado interior  fue además estimulada por el desarrollo del complejo  ferroviario que pasó de 660 kilómetros en 1876 a 19.205 en 1910. La orientación de las líneas férreas  bajo impulso del capital extranjero, articularon más sólidamente  la economía del centro y del norte de la republica, consolidando las relaciones mercantiles con los Estados Unidos. Más subterráneamente, éstas jugaron un papel importante en la ampliación  de la movilidad horizontal de la fuerza de trabajo en la región  norte de México y la región suroeste de los Estados Unidos, así como en el curso de la propaganda de los corrosivos  mensajes  antigubernamentales de los grupos libertarios y liberales.
 
 
El crecimiento demográfico se mantuvo en ascenso al pasar de nueve millones  e 1877 a unos, aproximadamente, catorce millones de habitantes en 1906. No obstante, México seguía siendo un país predominantemente  agrario. Los pobladores urbanos sumaban alrededor  de un treinta por ciento de la población nacional; la mayoría de los habitantes estaban  confinados  ruralmente a un ritmo más lento y diferente de desarrollo  económico y cultural. La tecnificación de las actividades mineras  del Norte y de los ingenios azucareros  de Morelos, así como la industrialización fabril urbana y el uso de nuevas fuentes de energía, le iban dando perfil moderno y de progreso a una sociedad que acentuaba  nuevamente los contrastes  y contradicciones  económicas y sociales  entres sus diversas  regiones y el interior de las mismas.
 
 
Los años de la reforma  en México  abrieron el camino para la expansión  agro-minera exportadora. Las leyes  de desamortización de bienes de las comunidades de indígenas y de la iglesia católica, aunadas a las leyes de represión de la vagancia y de la formación de la guardia rural, posibilitaron un complejo proceso de reestructuración de la tenencia de la tierra al abrir los causes legales para la exposición neo-latifundismo  liberal y la emergencia de la pequeña burguesía rural. Estas y potras medidas  posibilitaron la  reasignación de la fuerza de trabajo rural bajo las modalidades de peones acasillados, jornaleros o medieros adscritos a las grandes haciendas  recién constituidas, so riesgo de ser penalizados por la ley de vagancia  o reprimidos por la guardia rural por engrosar las filas del bandolerismo agrario o de los descontentos sociales.
 
 
Una nueva medida liberal  del Estado, como la ley de Colonización  (1875), permitió  la constitución  de las llamadas compañías  deslindadoras. De 1881 a 1889 se deslindaron  poco más de treinta y dos millones de hectáreas. Catorce de ellas  fueron rematadas a bajo precio  y cerca de trece millones  de hectáreas  fueron donadas a los voraces «pioneros». De  1890 a 1906, años en que las empresas  deslindadoras fueron disueltas,  éstas todavía lograron parcelar y repartir  cerca de diecisiete  millones de hectáreas más. Los casi  cincuenta millones de hectáreas con que se benefició  la economía agro-minera exportadora  no vinieron precisamente de terrenos baldíos, sino de tierras habidas a través de4 los más variados mecanismos expropiatorios (jurídicos,  económicos y militares), que afectaron principalmente  a las comunidades étnicas.  Las expansión  de las fronteras agropecuaria (café, henequén,  ganado vacuno) y minera (plata, cobre, carbón y petróleo), asumió9 a su manera un carácter mercantil y etnocida.  La producción agrícola para la exportación en el lapso de 1877 a 1810 mostró un crecimiento espectacular del 750 por 100.
 
 
No obstante, visto el panorama del  México prerrevolucionario  en sus aristas económicas, políticas y culturales, los antagonismos agrarios tuvieron desigual modo, incidencia y desarrollo en el estallido de un complejo y heterogéneo  proceso revolucionario. Los orígenes de la revolución tienen que ver con la región norte del país. El papel diferencial  de las regiones en el curso de los procesos revolucionarios han sido largamente documentados en las últimas décadas por la nueva historiografía social. Hablar del norte de México  (estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California) implica tomar en cuenta a nivel económico el lugar privilegiado de la producción minera en la economía del profiriato.
 
 
Las leyes mineras promulgada entre 1884 y 1892 y la red ferroviaria Sur-Norte, le abrieron las puertas a las inversiones masivas de capital extranjero, generando en el norte del país un proceso acelerada modernización capitalista. La explotación del  mineral en el sector de extracción  como en el de beneficio  de minerales fue tecnificado rápidamente. La fuerza animal y humana  fue sucesivamente reemplazada por la hidráulica, la máquina de vapor  y la energía hidroeléctrica, en cuya aplicación  las minas fueron pioneras. Entre 1903 y 1907 la fuerza motriz por trabajador minero subió de 0.51 a 1.37 caballos fuerzas. En el sector metalúrgico la amalgamación decayó  frente a la creciente utilización de la cianurización, la fundición y la concentración.
 
 
El antiguo sistema  minero de buscones, gambusinos y minas de baja  composición orgánica de capital, en donde el trabajador minero mantenía vínculos estacionales con la economía campesina, sufrió  un proceso  de contracción a favor de la gran y  moderna minería norteña. El cobre  comenzó a ser explotado  por la compañía  francesa El Boleo, en Baja California, y por una compañía  norteamericana en Cannanea, estado de Sonora. El carbón  empezó  a ser extraído  de las minas de Coahuila (Piedras Negras,  Salinas, Barroterán y Las Esperanzas) Se inauguraron centros  metalúrgicos en Torreón, San Luis Potosí y Monterrey. Las antiguas minas de plata en Chihuahua y otros estados norteños también se modernizaron, presionadas por la baja  de los precios en el mercado  mundial que demandaba  una reducción de costos de producción y un incremento significativo en la productividad.  La expansión minera fomentó el surgimiento de nuevos centros urbanos en el norte, así como  una fuerte presión  migratoria  de otras regiones y países.
 
 
La presencia  de un importante y heterogéneo sector  de extranjeros vinculados a la minería  le dio un perfil particular no sólo a las relaciones entre trabajo y capital, sino a las más cotidianas  que ligaban a las distintas categorías ocupacionales entre sí. Ingleses, franceses, norteamericanos sino ocupaban cargos directivos en las empresas mineras, aparecían ocupando  las plazas  de los trabajos de mayor calificación técnica en las  minas, ferrocarriles, frenando la movilidad ocupacional interna  a la que aspiraban los obreros mexicanos.
 
 
En las ciudades y pueblos mineros,  los extranjeros  sobresalieron de manera  visible en el manejo de ciertos renglones importantes del ramo de servicios y comercio: franceses en la hotelería; japoneses y chinos en el pequeño comercio. Estos últimos también aparecieron como trabajadores mineros pero en constante fricción  con los mexicanos. Finalmente, los españoles ejercieron cierta influencia en los sectores agrícola y comercial. El crecimiento  flujo de extranjeros durante el porfiriato y su ubicación en el desempeño  de roles de alta conflictividad y competitividad económica,  condicionaron el mercado acento nacionalista de la Revolución Mexicana. En ocasiones, estas contradicciones ínter-étnicas  agudizadas por la crisis, asumieron  formas xenofóbicas (antichina, antiespañola, antinorteamericana) distorsionando  los ideales nacionales o antiimperialistas  de las élites políticas y sindicales. Otras veces  el nacionalismo enmarcó las expectativas e intereses de clase de mineros y ferrocarrileros.
 
 
 
El boom minero  metalúrgico  del porfiriato se expresó  en sostenidos índices de crecimiento,  hasta la grave crisis de 1907. A pesar de ella la  producción de plata pasó  de 607  toneladas en 1877-1878 a 2.305  en los años de 1910-1911; el oro ascendió de 1.105 kilos para los años de 1877-1878 a 37.112 kilos en 1910-1911. El grueso de la producción minera se orientó  a partir de la última década del siglo XIX a privilegiar la producción de metales industriales y combustibles en detrimento de la otrora  absorbente producción de metales preciosos. Al inicio del siglo, las minas del Norte aportaron  el 75 por 100 de la producción minera nacional.
 
 
Durante el porfiriato  el crecimiento urbano  fue condicionado por el ritmo expansivo de la economía agro-minera La capital federal logró bordear el medio millón  de habitantes en 1910. Otras ciudades menores doblaron en el lapso  de tres décadas y media  su población;  en vísperas de la revolución maderistas, Guadalajara  contaba con 120.000 pobladores y Monterrey con 80.000. La arquitectura y los servicios urbanos materializaban los trazos de la modernidad y el progreso. Nuevos actores sociales aparecieron en escena, entre ellos una vasta  y heterogénea  legión del proletariado urbano fabril.
 
 
La industria nacional tendió a desarrollarse  en los ramos textiles, de calzado, bebidas y alimentos y tabaco. La producción de telas de algodón se triplicó entre 1877-1911 y la de tabaco se duplicó. El desarrollo urbano  y de las vías de comunicación favoreció  con su demanda  de insumos la apertura  de nuevos  ramos fabriles, como los del cemento y la metalúrgica. Este último aparece en 19041 con la instalación de una planta siderúrgica en Monterrey para la producción de durmientes para ferrocarriles  y tranvías, así como  para la fabricación de diversos productos demandados por mineros  y constructores de viviendas y  puentes.
 
 
La inversión del capital extranjero en la minera, petróleo, agricultura  e industria confirió una particular connotación  a la contradicción que enfrentó  en lucha huelguística  y política  al trabajo contra el capital. El  monto de inversión de capital foráneo  pasó de 100 millones de pesos en 1884 a 3.400 millones de pesos en 1911. La patronal extranjera fue básicamente de procedencia angloamericana. Empresas como la  American Smelting and Refining Company, que tenía plantas en los  estados de Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí; la Cananea  Green Cooper, que se instaló en el Estado de Sonora; la Mexican Eagle  Oil y la Pearson and Son Ltd., que se abocaron a la explotación de los mantos petrolíferos  del Golfo de México, estuvieron muy presentes en la vida  y conciencia de los miles de trabajadores mexicanos que trabajaron para ellas. Las dos primeras compañías fueron de bandera norteamericana, las dos restantes representaban a los capitales británicos. Como estas empresas hubo muchas otras grandes y medianas  en los diferente ramos de la producción controladas por el capital extranjero.
 
 
La distancia social entre los trabajadores rurales y urbanos y las posiciones sociales del bloque oligárquico, al que  se integraban en cierta medida los representantes de las compañías extranjeras, se hizo más  profunda a partir de 1895. La concentración de ka gran propiedad  territorial, la pauperización  de la masa laboral, la emergencia de algunos sectores sociales y la estagnación  y la marginación política y social de las capas medias, fue configurando un clima de ascendente polarización social, aunque marcado por las particularidades regionales.
 
 
La geografía  urbana traducía  a su modo las distancias sociales que oponía  en el campo  a la misérrimas  rancherías y las afrancesadas casas haciendas; a los  sombríos  campamentos mineros  y petroleros a las instalaciones muy modernas y cómodas  que se alojaban  los miembros del staff empresarial extranjero. En la ciudad de México, los espaciosos  y elegantes barrios residenciales con sus grandes avenidas y parques  y edificios públicos monumentales, contrarrestaban abismalmente con los barrios de obreros,  artesanos,  y léperos, que vivían  sumidos en los límites ruinosos o precarios de viviendas alquiladas, la insalubridad  y el hacinamiento  demográfico.
 
 
La oligarquía  sentía  asegurado su dispendiosos modus vivendi gracias a la estabilización  de un régimen  fuertemente presidencial y autoritario que yacía en manos del general Porfirio Díaz  y que se había mostrado eficaz  en amargar todo intento de disenso en sus filas y en eliminar  toda respuesta  alternativa que emergiese  de las comunidades étnicas y clases subalternas. Don Porfirio Díaz monopolizó el poder casi interrumpidamente  entre los años de 1976  y 1910.
 
 
Las élites  y grupos  de poder adormilados por los beneficios de la modernidad  se desplazaban  asiduamente de sus privativos fueros urbanos y empresariales locales  a sus fincas  en Europa, y viceversa. El cosmopolitismo  oligárquico reforzó su creencia  en la viabilidad de la sociedad  mexicana  para ascender  por el camino del progreso material y la ilustración. El darwinismo social y el positivismo sin perder su opción crítica, fundamentaron y legitimaron esta orientación societaria y la convirtieron en razón  estatal y convicción ilustrada del bloque oligárquico  y de las categorías estamentales a su servicio. Este orden acentuó su régimen disciplinario  para con las «incultas y remolonas  masas trabajadoras» matizándola episódicamente con gestos y poses paternalistas y filantrópicas.
 
 
Para los terratenientes, empresarios, burócratas y militares de alto nivel ir al club, la iglesia,  la logia,  el hipódromo o asistir a la fiesta campestre  o jugar al polo, se combinaban  con sus otros quehaceres de la modernidad: viajar en automóvil, ir a los bancos,  participar en reuniones  de negocios o de gestión  política. La vida muelle de esos tiempos  pronto se vería profundamente consternada. La arcadia oligarquía del porfirismo fue románticamente idealizada por Eduardo Iturbide,  así: «No puede haber una vida más agradable y sencilla que la que pasábamos en esa época de mi juventud, luchando con un trabajo muy suave y llevadero, contando con garantías y ayuda del gobierno para todos,  crédito en los bancos  y buen entendimiento entre todas las clases de la sociedad. (…) invitados constantemente a las haciendas de amigos a fiestas campestres y cacerías, pensábamos más en  divertirnos que en ninguna otra cosa  seria,  y las penas naturales de la vida se nos resbalaban de las espaldas con enorme facilidad»
 
 
La  emergente intelectualidad mesocrática que surgió y se engrosó duramente los primeros años del Porfiriato, después de la  crisis de 1895, que deterioró los mitos positivistas sobre el curso ascendente del progreso  y orden social, se sintió más afín y sensible al romanticismo social y a las  ideologías liberal-democráticas y nacionalistas. Esta generación de nuevos intelectuales, polarizó  aún más su actitud a raíz de la marginación social y  política de que fue objeto por parte del bloque del poder.
 
 
El único sector intelectual  que no engrosó sus filas  durante los últimos once años del porfiriato fue el de los maestros. Las matriculas en las escuelas normales descendieron  de 3.689 en 1900 a 2.522 en 1907, aunque las necesidades educacionales siguieron creciendo a ritmo ascendente en el país. Olvidando su interés inicial por la misión civilizadora de la instrucción pública  a causa de la crisis, poco le importaran al régimen de Díaz las recomendaciones de la Comisión de Enseñanza  Elemental obligatoria  acerca de la necesidad de establecer un Sistema Nacional de Educación popular bajo orientación positiva y nacionalista. El censo de 1910 registró un 78.5 por 100 de analfabetos concentrados  en los sectores populares urbanos y rurales de la sociedad mexicana.
 
 
Este crítico panorama educativo, si bien  reforzaba por un lado el sistema  político concéntrico y piramidal de la republica oligárquica, por el  otro abriría nuevas y diferentes demandas y expectativas de educación y politización informal de las masas urbanas.
 
 
La constitución de clubes liberales no se redujo exclusivamente a fines de oposición gubernamental, sino que se convirtieron en auténticos núcleos  de renovación  ideológica y cultural, irradiando  a diversos sectores de las mutualidades y sociedades obreras y artesanales. Entre las funciones de estos clubes se encontraban  las de fundar bibliotecas públicas locales, dar conferencias cobre instrucción cívica, establecer  escuelas primarias para adultos «que sirvan de base a la educación que por medio de la prensa habrá de difundirse» Los clubes  liberales asumieron, pues, una doble función en el terreno de la política y la cultura popular y urbana. Entre los periódicos  de estas entidades político-culturales merecen citarse, regeneración, Diario del Hogar, el Monitor, El universal, El hijo del Ahuizote, etc.
 
 
El 30 de agosto de 1900, Camilo Aririaga lanzó una proclama pública con el fin de reagrupar a los liberales en defensa del legado laico y anticlerical de la Reforma, frente a los más recientes intentos restauradores del clero católico. Esto llamamiento dio resultado, en pocos meses se organizaron 50 clubes  liberales en la capital federal y ciudades de trece estados de la República.
 
 
En febrero de 1901, aprovechando los estrechos márgenes de permisibilidad  política del porfiriato, se llevó a cabo  el Primer Congreso Liberal en el teatro de la Paz  de la ciudad de San Luis Potosí. De los ataques al gobierno de Díaz y al clero, se pasó a probar algunas mociones que buscaban fortalecer el mutualismo  obrero y la formación  de sociedades obreras «en que se  instruya a los  asociados sobre sus derechos naturales y deberes cívicos y políticos» la defensa  de la libertad  de prensa y sufragio, así como un mensaje  de solidaridad con el movimiento de los boers liderando por Paul Kruger en su lucha  independentista  frente al anexionismo  británico.
 
 
La represión constante de que fueron  objeto de los clubes liberales  y sus órganos de prensa, fueron  acelerando el  proceso de radicalización  ideológica  y política de estos sectores hasta hacerlos converger con un movimiento obrero que se desarrollaba de manera espontánea  y autónoma  y que igualmente  ara objeto de represión  gubernamental. Un sector  importante de estos liberales, entre ellos Ricardo Flores Magón, más tarde destacado ideólogo  Anarquista, aportaron por exiliarse  en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos para desde allí volver a relanzar su campaña  antiporfirista hacia el  norte de México y el resto de la república. En 1904, vuelve a editarse  Regeneración en territorio norteamericano,  proyectándose  su circulación clandestinamente hacia el interior de la patria prohibida.
 
 
Uno de los móviles  de la represión porfirista hacia los clubes liberales fue una corrosiva campaña nacionalista, Estos hicieron cada vez más  frecuentes las acusaciones  de extranjerismos al régimen de Díaz, por haber  vendido 50 millones de tierras baldías a inversionistas foráneos; de haber transferido a Louis Huller la mitad del estado de Baja California; otorgado la explotación de los yacimientos cupríferos de Cananea al coronel Green, a los Rockefeller  la región del hule y a Lord Cowdray la región del oro negro.
 
 
El movimiento obrero, concluida  la experiencia de la Social y del Gran Círculo de Obreros, atravesó  por una larga década de dispersión  ideológica, favorecida por la represión  y el inicio de una nueva fase  de desarrollo internacional que aditó nuevos elementos socio-culturales  y demográficos al conjunto de  la fuerza laboral industrial existente, así como a los modos  de expresar su resistencia  de clase frente a los sucesos económicos y mecanismos  patronales que deterioraban su ya precaria  existencia.
 
 
El Estado oligárquico  en materia laboral mantuvo una aparente neutralidad frente a las relaciones conflictivas entre trabajo y capital, justificada bajo los ideales  del liberalismo conservador. En 1892  una organización de mutualismo obrero capitalino que abogaba públicamente  a favor del arbitraje  y proteccionismo estatal, recibió la contundente  respuesta de Matías Romero, a la sazón ministro porfirista «Dadas las instituciones  que nos rigen, lo es imposible limitar la libre contratación, ni  intervenir de manera directa en el mejoramiento de3 la condición del obrero respecto de su principal. No hay texto legal que lo autorice, ni conveniencia alguna que lo obligue, a decretar los salarios, ni precios, ni horas de trabajo: nuestras instituciones, basadas en los altos principios  de la libertad humana  y el respeto a la propiedad, vedad al gobierno  toda ingerencia directa en las relaciones de patrón obrero»
 
 
Lejos estaba la realidad de sostener esta supuesta neutralidad estatal en materia laboral. El código penal del DF  dictaminaba  la sanción penal  de quien «procurara el aumento o la  disminución de salarios o que obstaculizara  el libre ejercicio del trabajo y la industria por medio la violencia  moral o física» La huelga  como forma de resistencia obrera quedaba así prohibida y sancionada  y las más de las veces reprimidas. El supuesto gubernamental  acerca del libre juego de la oferta y la demanda entre el trabajo y el capital, demandaba la participación disciplinada de las primeras. En el campo  la situación laboral era aún más aguda, al punto de que la ficción demo liberal  de la constitución de 1857 quedaba ritualmente  excluida de la cultura política de las clases subalternas  rurales.
 
 
En 1910, las ramas industriales concentraban a 746.559 trabajadores que se descomponían  en las siguientes categorías fabriles: 613.913 operarios de las industrias manufactureras; 104.093 de las  industrias extractivas; 18.000 del trasporte ferroviario y 10.533 adscritos a los trabajos diversos de las empresas de electricidad, gas y combustibles. Su distribución regional asignada tendencialmente a los mineros en la región norte del país, los petroleros a la región del Golfo y los manufactureros al centro del país (México, Puebla y Veracruz). Dentro de estos últimos, los obreros textiles, los tabacaleros y los operarios de la industria de bebidas y alimentos concentraban  el mayor número  de trabajadores fabriles.
 
 
A pesar de  las restricciones gubernamentales, las huelgas durante el porfiriato llegaron a las  250, logrando sus cifras más altas en los años  1881, 1884,1889, 1890-91 y 1895 para disminuir drásticamente  durante los años de 1896-1904. El último repunte se dio  en los años de 1905 a 1908, asociado al clima  de agitación revolucionaria de los clubes liberales cada vez más  influidos por la corriente anarquista. Fueron los sectores obreros más afectados por la modernización (mineros, ferrocarriles, tabacaleros y textiles) los que llevaron adelante las más importantes y frecuentes acciones huelguísticas.
 
 
El análisis de los motivos de huelga  nos presenta  un cuadro general de los problemas  más relevantes que  atravesaban los obreros sindicalizados. La mitad de las huelgas  fue resultado directo de la reducción salarial o de las  demandas de incremento para equilibrar el salario real deprimido por la espiral inflacionaria, que acompaño a las coyunturas de crisis. En el segundo lugar  en orden de importancia  de las motivaciones huelguísticas, aparecen como centro las quejas por maltratos patronales  y por una excesiva jornada laboral (doce a dieciséis horas) En tercer lugar, las acciones huelguísticas  fueron suscitadas por actos de discriminación étnica contra los trabajadores mexicanos, así  como despidos laborales masivos  e injustificados.
 
 
Durante los años de 1906 a 1907, la economía  mexicana sufrió una aguda crisis recesiva. Fue el lapso en que se registraron  grandes y graves rupturas en los ritmos  y volúmenes de producción;  en el que se produjeron fuertes caídas  en los montos y valores de productos de  exportación alzas y escasez de los productos de primera necesidad; desempleo  y polarización social creciente. Estas crisis afectaron principalmente al sector minero. La Plata y el Cobre, que representaban el 65 por 100 de la producción minera, fueron  rudamente golpeados por la drástica caída de los precios en el mercado mundial. Los mineros mexicanos que trabajaban en las minas del sur de los Estados Unidos, unos cien mil aproximadamente, fueron parcialmente afectados por la reducción de personal, sumándole  un nuevo contingente a los que ya se encontraban en paro forzoso en el norte  del país.
 
 
Por estos años los intentos de organización sindical y de lucha huelguística fueron objetos  de represión constante; las escasas organizaciones sindicales tenían como uno de sus destacamentos de vanguardia a la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros. Otras sociedades de resistencia de menor significación  se referían a ciertas  categorías  de oficio en las ramas ferroviarias, minero, metalúrgico y textil. No todas ellas asumieron la clara fisonomía  de un órgano  sindical, sino más bien de aquellas que corresponden  al tipo de sociedades mixtas que  acostumbraban a entrelazar  de manera indiferenciada  funciones mutuales y sindicales; se trataba más que de un  «sindicalismo disfrazado» de un sindicalismo de transición.
 
 
Un sector importante del movimiento liberal-radical, progresivamente se fue aproximado a las ideas anarquistas de la corriente pro-organizadora de Enrique Malatesta, Mijail Bakunin, Eliseo Reclus, Charles Malato y Emma Goldman. La oleada represiva de que fueron objeto estos jóvenes intelectuales  entre 1901 y 1904, los hizo más receptivos  a las ideas antiautoritarias, libertarias  e igualitarias de los anarquistas, así como a la aceptación de sus métodos  violentos para llevar a cabo el reordenamiento social.
 
 
El periódico Regeneración, dirigido por la facción  radical liderada por Ricardo Flores Magón, fue el termómetro para medir la conversión de las ideas liberales en pasiones libertarias. El periódico Regeneración, editado desde el exilio, se convierte, a partir de 1904, en un vínculo  tal de agitación y de organización de círculos cerrados y secretos entre  los ferroviarios, mineros, textiles, pequeños empresarios agrícolas y mineros, así como de las capas  intelectuales socialmente intermedias. Tal fue  el papel propagandístico y organizativo  de Regeneración  que un historiador, forzando la comparación, la registra como un pro-modelo de lo que sería  muy poco después  la Iskrea de los bolchevisques en la lejana Rusia. Las estructuras federativas de los círculos liberales de Regeneración, distaban mucho de adscribirse  a un sistema orgánico de alta centralización  orgánica como el de los comunistas rusos, aparte de que la estructura discursiva del mensaje magonista  fue lo suficientemente laxa  como para poder mantener a sus flancos, un ala liberal y otro  socialista hasta 1906.
 
 
Regeneración portaba  un mensaje de neto  tinte anti-oligárquico  y anti-gubernamental, expresado en lenguaje directo y agitativo  accesible a las masas semi-analfabetas en que pretendían arraigarse. Los magonistas  emplearon  una eficiente red de distribución clandestina  de su órgano de prensa, apoyándose en los pequeños comerciantes ubicados a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana  y en los trabajadores ferrocarrileros  mexicanos. Su otro público lector se situaba entre los mineros mexicanos que laboraban en las minas del sur de los Estados Unidos  y recibían la influencia de la Western  Federation of Miner, y la IWW, importantes fuerzas aliadas de la causa magonistas. La circulación de Regeneració0n aumentó de once a veinte mil ejemplares en septiembre de 1905, tal crecimiento en tan corto tiempo  indicaba de alguna manera su fuerza propagandística creciente. Esta difusión  periodística cobra especial significación política, en la medida en que  siendo previa  a la rebelión magonista  y a la grave crisis  económica y social de 1907, debe haber  dejado honda huella ideológica,  politizando  las hasta entonces difusas expectativas de amplios sectores  populares, bajo consignas anti-patronales, anti-gubernamentales  y anti-yanquis, todas ellas recurrentes.
 
 
En septiembre de 1905 se constituyó en el exilio  la Junta organizadora del Partido  Liberal Mexicano, integrada con los siguientes miembros: Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique, Antonio Villareal, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante. En julio de 1906 se publicó un programa  político de dicha agrupación. De los cincuenta puntos programáticos referidos a capítulos diversos, como las reformas constitucionales, el mejoramiento  y fomento de la instrucción,  los extranjeros, las restricciones  a los abusos  del clero católico, el capital  y el trabajo, los impuestos y puntos generales, destacaron por su contenido social los referentes al capital y al trabajo, la educación y la propiedad  de tierra.
 
 
En dichos  puntos se consideraba la reducción de la jornada de trabajo, la reglamentación de los servicios domésticos y del trabajo a domicilio, la fijación del  salario mínimo, la prohibición del trabajo  a los menores de catorce años, la indemnización por accidentes del trabajo, la supresión de las tiendas  de raya. En materia  de educación, el PLM, postulaba la enseñanza laica y obligatoria. Y en lo que concierne  a la propiedad, demandaba la liquidación de los grandes latifundistas y el reparto de las tierras y la confiscación  de los bienes a  los funcionarios enriquecidos por robo  a la nación.
 
 
El PLM postuló también en su programa  la aplicación de medidas  para reprimir o restringir el agio, el pauperismo y la carestía de los artículos de primera necesidad, así como la reorganización  de los municipios  y el robustecimiento de su poder local. Todas estas medias  y reformas tuvieron que ver más con la tradición moderna  pero avanzada políticamente de los socialistas, que con los postulados revolucionarios del utopismo anarquista.
 
 
En lo que respecta a ciertos aspectos de la cuestión  étnico-nacional el PLM evidenció cierta antinomia programática. Por un lado reivindicaba la protección  de los indígenas, mientras por el otro facultaba a los  propietarios inmigrantes a obtener la carta de ciudadanía, al mismo tiempo que  demandaba la prohibición  de trabajadores inmigrantes de procedencia asiática. El propietario europeo o norteamericano fue  privilegiado  y contra puesto al trabajador asiático. En el fondo, las categorías ideológicas  sobre las relaciones ínter-étnicas empañaban, sin lugar a dudas, la comprensión de los adherentes al PLM sobre la contradicción y antagonismo de clases o de capital y trabajo.
 
 
La prédica y organización de los clubes liberales del PLM fuera de su  labor cultural, se orientó  en la perspectiva de un trabajo nacionalista  y revolucionario, afincado en la cooptación de núcleos de trabajadores obreros (mineros, ferrocarrileros, textiles y tabacaleros) así como miembros de las comunidades étnicas (Yaquis de Sonora y Nahuas y Popolucas del Istmo veracruzano) El programa de 1906 dista mucho de establecer las líneas ideológicas que pautaron su trabajo de masas entre los obreros  y los indígenas. Las mejoras obreras y la protección indígena, disfrazaron las motivaciones y orientaciones con que los magonistas propiciaron huelgas y rebeliones entre estos sectores. La unidad orgánica  y programática evidentemente ocultó los faccionalismos prácticos del PLM.
 
 
El desplazamiento de cuadros magonistas  a las minas mexicanas fue facilitado por su experiencia laboral en las minas estadounidenses  de Colorado, la amplia movilidad de la fuerza laboral entre los propios centros mineros y el apoyo de los simpatizantes ferroviarios. Esta doble  condición de mineros y magonistas itinerantes precisa  los contornos de este tipo peculiar de propagandistas y organizadores revolucionarios en esta región.
 
 
A pesar de que sigue siendo ignorado el destacado papel de los obreros ferrocarrileros  en la ampliación de la base obrerista  del PLM y en el desarrollo de sus planes conspirativos (distribución de Regeneración) se han registrado evidencias de su vinculación con  los núcleos mineros a los cuales se sentían ligados por su propio quehacer laboral, ya que minas y ferrocarriles estaban articulados  umbilicalmente , siendo las estaciones de ferrocarriles y los pequeños comercios adyacentes  a zonas de concurrencia  y convivencia  ínter-laboral. Por esta última  circunstancia, y por el hecho de haberse registrado en  la composición  de algunos clubes del PLM en poblaciones mineras, la  presencia activa y destacada de pequeños comerciantes, puede suponerse que jugaron el papel bisagra para articular  local  y exteriormente el trabajo propagandístico y federativo de los magonistas.
 
 
El caso de los mineros presentaba agudos problemas en su proceso de cohesión y afirmación de clase, provenientes principalmente de la segmentación semi-artesanal  de los oficios  y de los mecanismos imperantes de discriminación étnico-labora. En la compañía minera  del Boleo, que se dedicaba a la explotación cuprífera en el Estado de Sonora, fueron frecuentes las fracciones entre obreros yaquis y mestizos, y de ambos con los obreros franceses que monopolizaban los trabajos de mayor calificación técnica  y por ende de mayor remuneración. La compañía la Esperanza, dedicada a la explotación carbonífera en las minas de Coahuila, recurrió al sistema de enganche de trabajadores inmigrantes  de nacionalidad japonesa. En otras minas importantes del norte de México, como en Cananea, se recurrió igualmente al sistema de enganche de trabajadores inmigrantes de nacionalidad china. Los mineros asiáticos, a veces fueron utilizados  como personas  de relevo de los huelguistas mexicanos friccionando aún más sus relaciones.
 
 
La movilidad laboral de los mineros mestizos  mexicanos y chicanos fue facilitada por la precaria relación contractual y la escasez de fuerza de trabajo para cubrir las crecientes demandas de los diferentes  y numerosos proyectos empresariales  mineros de uno y otro lado de la frontera. Los elevados  salarios de los mineros en esta región binacional, no bastaron para fijar a la fuerza de trabajo  en los campamentos y pueblos mineros. Entre este sector fue configurándose una visión político-cultural heterogénea  en la que se superpusieron  de manera desigual  contenidos ocupacionales, clasistas, nacionalistas y xenófobos. Estos mineros, que coyunturalmente abandonaban  el trabajo para las empresas  extranjeras  para trabajar por su cuenta en los espacios cada vez más reducidos  de lo que  a fines  del siglo  XIX seguía siendo considerado el paraíso  de los productores libres o gambusinos, siguieron resistiendo el cerco especial  y comercial al que los sometió  la expansión  de la frontera minero-mercantil de las grandes compañías foráneas.
 
 
Las contradicciones que emergían de la  desigualdad étnica en el acceso  a las jerarquías  ocupacionales y a los mejores niveles salariales, fueron reselladas por las  contradicciones propias  del modo de vida  y formas de producción  social en los centros y pueblos mineros. La organización  del espacio urbano, los tipos de vivienda, los servicios de salud y educación, los patrones de consumo  y las formas de ocio o descanso,  reproducían  el criterio  discriminatorio etnoclasista  del capital extranjero y oligárquico. La única mediación de estos ejes  de polarización fue la cristalización  de cierto paternalismo empresarial, representado por las figuras de los ingenieros  de minas, jefes de taller o planta.
 
 
El éxito del anarquismo entre esta heterogénea  y segmentada composición etnoclasista de los trabajadores mineros, carente  de tradición  e identidad  obrera, radicó en su  capacidad ideológica, organizativa programática y de  orientación táctica (huelga y rebelión obrera) para afirmar los nexos de clase y de reivindicación  nacional, frente al capital opresor y extranjero. La crisis económica por la que atravesó la economía minera  entre 1906 y 1910 facilitó el arraigamiento del mensaje  anarco-magonista, frente a la agudización  de las condiciones  de la desigualdad,  discriminación, explotación, desempleo y pauperización que padecía los mineros y otras capas populares.
 
 
El mensaje del PLM en 1906 estuvo guiado por una particular  convicción ideológica  sobre la inminente convergencia de los intereses obreros en el seno del movimiento popular-nacional revolucionario  en gestación. Ricardo flores Magón condena  esta visión cuando proclamó como «irreversible un choque entre los que queremos la libertad, derechos políticos, mejores condiciones de trabajo, independencia dentro de nuestra patria, instrucción, moralidad… y los que quieren despotismo, miseria,  vergonzosa sumisión al extranjero, ignorancia popular, empréstitos ruinosos y otras infamias que  sólo benefician  a unos cuantos pillos  encumbrados, mientras que la nación desfallece agobiada por las explotaciones, triturada por la opresión y gangrenada por el oprobio de su esclavitud»
 
 
Más concretamente, hablando en el lenguaje magonista, los enemigos de la nación  y del pueblo son representados por  Porfirio Díaz y sus esbirros (terratenientes, capitalistas, policías y krumiros) y por los capitalistas extranjeros. Fue más elocuente la traducción del ideario magonista  en las minas; así lo refrenda la arenga  del líder del PLM, Estaban Roca,  a los huelguistas  de Cananea en mayo de 1906, al invocarles a demostrarle: «Al capitalista que no sois bestias de carga; a ese capitalista  que en todo  y para todos  nos ha postergado con su legión de hombres blondos y de ojos azules. ¡Que vergüenza!»
 
 
La orientación ideológica  y organizativa de los adherentes del PLM, al mismo tiempo que promovió la formación  de uniones de mineros y ferroviarios, textiles y tabacaleros, subrayó el rol prominente de los clubes liberales locales como entidades aglutinantes  de los diversos sectores populares que deberían sostener el proceso revolucionario. La identidad de clase y de pueblo convergió con la  identidad nacional  en el desarrollo  de las rebeliones y de las huelgas  locales promovidas por los núcleos sindicalistas de los Estados Unidos. A partir de 1905, la convergencia  de los mineros y de los ferroviarios  norteamericanos  en la formación de la Industrial Workers of the World (IWW) le facilitaron  con el tiempo a los magonistas su trabajo de articulación  de los obreros mexicanos adscritos a estos dos importantes  frentes laborales a ambos lados de la frontera. Pronto las secciones de la IWW en las minas y ferrovías fueron  al mismo tiempo entidades influidas por el Play viceversa.
 
 
Hay que señalar  que la discriminación étnica en las jerarquías  ocupacionales  de las empresas mineras y ferroviarias  no fue una práctica exclusiva  de la sociedad  mexicana. En la región fronteriza del suroeste  de los Estados Unidos, unos cien mil mineros mexicanos y un número indeterminado de ferroviarios y peones agrícolas conoció y padeció al régimen de discriminación étnica y fascista imperante que afectaba inclusive al desarrollo del sindicalismo  obrero estadounidense. La American Federation of Labor, la más grande central obrera, por lo general  negaba el derecho de sindicalización de los trabajadores inmigrantes mexicanos  o los relegaba a organizaciones  marginales  del tipo paraguas, como la Unión Obrera Federal núm. 11.953 de Laredo (1905-1907) Los mexicanos y demás inmigrantes de color fueron  aglutinados en La Federal Unión y la Western Federation of Miner. Pero aun estas organizaciones sindicales no fueron tan democráticas  como parecieron.  Habría que recordar que la primera huelga  en las minas de cobre de Arizona,  ocurrida en 1896 en Old Dominion, fue convocado por la Western Federation of Labor en protesta por la contratación de mano de obra mexicana. En cambio, en las minas texanas de Thurber y  Bridgeport, assí como en otras de Colorado, mineros mexicanos y estadounidenses, sobreponiéndose a sus fricciones interétnicas, participaron conjuntamente en diversas acciones de resistencia entre 1900 y 1904.
 
 
Los trabajadores mexicanos, ante la discriminación sindical y en el trabajo de que fueron objeto  en el sureste  norteamericano, optaron  por constituir sus propios organismos d defensa y alegar sus particulares  estrategias y acciones de lucha o, en su defecto, tendieron a vincularse a las corrientes más radicales  del movimiento  obrero en dicho país. Así,  por ejemplo, durante  los años de 1897 y 1902 constatamos que los trabajadores ferroviarios  mexicanos recibieron la influencia  de la IWW a través de la orientación ideológica desarrollada por el sacerdote católico  Thomas Hegerty, rector de los templos texanos de Cleburne y París, quien directamente traducía e imprimía  diversas publicaciones socialistas  para luego hacerlas distribuir  entre sus feligresía mexicana. Más tarde, los ferroviarios mexicanos realizaron importantes acciones huelguísticas en Raymond Ville, Cotulla y Artesia Wels entre 1904 y 1909.
 
 
Esta tradición de lucha sindical de los inmigrantes mexicanos, así como  el legado político antiporfirista dejado por el líder Catarino Garza en las mutuales obreras texanas de Brownsville, Laredo y Corpus Christi, fue aprovechado sin desperdicio el PLM. El apoyo prestado al magonismo por entidades reformistas como la Sociedad de obreros Igualdad y Progreso, La agrupación protectora Mexicana y La Unión Obrera Federal, parece remitirnos a un mismo código  cultural de la política, antes que  una entidad de tipo doctrinario  u orgánico. En este proceso de realineamiento revolucionario pesaron mucho las apelaciones al paisanaje y a la raza, pero más aún la definición política de algunos obreros.  Estos últimos jugaron el papel de verdaderos  agentes  mediadores  en el transitó  del gremialismo defensivo al magonismo  insurreccional; pensamos, por ejemplo en Miguel Pavia y Sara  Estela Ramírez, entre muchos otros.
 
 
El trabajo del PLM entre los mineros  mexicanos en los Estados Unidos  se hizo cada vez más importante. La formación de clubes liberales  entre los mineros mexicanos de Arizona y Nuevo México fue privilegiado. Destacados propagandistas del anarco-magonismo, como Práxedes G  Guerrero, Manuel Sarabia, Lázaro Gutiérrez de Lara, Enrique Bermúdez, Antonio Araujo  y Fernando Palomares, se abocaron  a este trabajo de propaganda y organización con la finalidad de conseguir  el concurso de estos  obreros para llevar  adelante sus iniciativas y planes revolucionarios. La presencia de Bermúdez y palomares durante la huelga de Cananea  en junio de 1906, habla no sólo de sus relaciones con el núcleo de dirección del PLM, sino también  con la Western Federation of Miner.
 
 
En junio de 1906, luego de un período de propaganda y organización  en al campamento minero de Cananea, Sonora, abortó el primer plan conspirativo de los magonistas para convertir  la huelga minera en rebelión  armada y fuente de aprovisionamiento  de armas para extenderla  a otras localidades. La represión marcial y cruenta de que fue objeto tuvo diversas repercusiones en la política interna y externa del régimen  de Porfirio Díaz e incluso en el  de los Estados Unidos. La represión y vigilancia de las sociedades obreras y clubes liberales tendió a acentuarse  de uno y otro lado de la frontera mexicana.
 
 
Es probable que el proyecto insurreccional magonista programado para mediados se septiembre de 1906, buscase aprovisionarse  de armas  para armar núcleos selectos de los cuarenta y tres adheridos al PLM. La labor de infiltración y control de la correspondencia  permitió que los gobiernos mexicano y norteamericano tomasen mayores medidas de control fronterizo y de represión interna en las zonas de influencia magonista. Los primeros días  de septiembre, desarticulado el club  Libertad en el campamento minero de Patagonia, en la localidad de Douglas, estado de Arizona, decidió a los guerrilleros del Club Amantes de la libertad a precipitar acciones; el 26 de septiembre cruzaron la  frontera mexicana y  tomaron por asalto la aduana  de Jiménez, estado de Coahuila. Sin embargo, poco más tarde fueron derrotados por las tropas federales que salieron a su paso. Cuatro Díaz más tarde, en Acayucan, Veracruz, el magonista Hilario Salas se rebeló al mando de un numeroso contingente de indígenas popolucas, nahuas y yaquis mal armados, pero  fueron igualmente derrotados por las fuerzas gubernamentales y perseguidos  los sobrevivientes. Los yaquis que participaron  en la rebelión de Acayucan  procedían de una hacienda  cañera de la región, que al ser liberados optaron por plegarse a la rebelión magonista.
 
 
A partir del fracaso de estas primeras experiencias  insurrecciónales  de 1906, las acciones conspirativas  y violentísimas se desarrollaban de manera dispersa  pero continua hasta se convergencia en 1911 con la insurrección liberal  de Francisco I Madero. Las vías preferidas del PLM contra  el gobierno de Porfirio Díaz, el capital extranjero  y las autoridades locales fueron sin lugar a dudas  el sindicalismo de revuelta, los asaltos guerrilleros, sabotajes e incendios; es decir; todas las formas de acción directa de la corriente anarquista.
 
 
La situación de  crisis económica  y social  que comenzó a vivir el país  permitió que los magonistas intentasen  capitalizar ciertas formas espontáneas de resistencia obrera como aconteció  en enero de 1907 con la rebelión obrera de Río Blanco en Orizaba, Estado de Veracruz, que al ser reprimido por el ejército dejó un saldo  entre muertos y heridos  y presos, de mil  quinientos trabajadores del ramo textil. Fuera de las acciones de Acayucán y Río Blanco en  Veracruz, el escenario  y los protagonistas de la lucha revolucionaria  magonista siguió  siendo el norte, y en él, los mineros. No obstante, el caso de los ferroviarios merece una revisión particular.
 
 
En la región minera del norte de México operaba dos grandes compañías ferroviarias, que partiendo del centro del país llegaban, pasando por los diferentes campamentos mineros, hasta las ciudades norteamericanas  de El Paso y Laredo (Texas) Estas fueron la Nacional Railroad of Mexico y la Mexican Central Railway Co. Limited, que tenía a su  servicios  a mediados de 1906 a 20.201 trabajadores mexicanos y 2.480 trabajadores extranjeros en su mayoría norteamericanos. Los demás fueron registrados como negros antillanos, chinos, alemanes y japoneses.
 
 
Estas dos empresas enfrentaban una fuerte tradición de resistencia gremial por parte de los trabajadores mexicanos. No obstante que la discriminación étnica y el «nacionalismo» de los ferrocarrileros  mexicanos tendían a reforzar la segmentaridad de clase, el segundo de los nombrados se orientaba hacia el ataque  del capital extranjero en el manejo de las condiciones y proceso de trabajo. Esta situación conflictiva no impidió la aproximación de clase entre la vanguardia  ferrocarrilera nativa y la norteamericana. Entre estos últimos destacaron los Knigths of Labor, que se propusieron aglutinar en su seno a trabajadores de todas las razas y quebrar las separaciones de oficio a través  de los sindicatos industriales. También  fue importante el apoyo de la American  Railway Union, que fundase el conocido socialista norteamericano Eugen V Debs. Efectivamente, estas organizaciones  cooperaban en México  para la constitución  de la organización de los ferrocarriles de Nuevo Laredo en 1887, de Monterrey y puebla en 1898 y de Aguascalientes  y la Ciudad de México  en 1900.
 
 
El desarrollo huelguístico de los ferroviarios  cruzó las demandas de clase (salarios, reposición de los despedidos, etc.) con las de carácter  nacional (contra la discriminación, por la nacionalización de las empresas) En 1901 estalló una huelga maquinistas en el norte por demandas salariales; en 1902 los fogoneros del Nacional Railroad  of Mexico hicieron lo mismo en demanda de salarios iguales para mexicanos y extranjeros. En 1905 estalló una hu8elga de de guardagujas  y cargadores de Mexican  Central Railway a causa de despidos de personal; los huelguistas, reunidos en convención gremial, acordaron luchar por la abolición del uso obligatorio  del idioma inglés. En 1906 se formaron nuevo gremio ferrocarrilero a la par que se libraron nuevas jornadas huelguísticas en Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Cárdenas, Silao y Ciudad de México. En la mayoría de los casos los móviles huelguísticos  radicaron en la protesta frente al desigual salario  para mexicanos y extranjeros y los obstáculos puestos a los primeros  para su promoción en el trabajo.
 
 
La huelga de la Unión Mexicana de Mecánicos de 1906 tuvo como centro de agitación y movilización a su sede de Chihuahua; fue denunciada por supuestos vínculos con el movimiento magonista, no obstante que los huelguistas  manifestaron oposición al uso de métodos radicales, como el sabotaje que propugnaba algún núcleo de filiación anarcosindicalistas  probablemente  ligado al PLM. La Unión Mexicana de Mecánicos,  fundada por Teodoro Larray, en agosto de 1900 aparece ligada a una logia Masónica, es probable que haya recibido la influencia del PLM. Durante la lucha huelguística, los mecánicos  lograron la adhesión de los fogoneros y otras categorías, recibiendo incluso el apoyo de algunos trabajadores mineros, como los de Santa Eulalia. El interrogatorio  de que fue objeto el líder sindical Silvino Rodríguez  por parte del propio Porfirio Díaz acerca de las probables influencias magonistas para hacer estallar la huelga como arma política, si bien son descartadas por el propio Rodríguez, y por la lógica  de los acontecimientos, no niega su participación  bajo  otra forma de injerencia. En la perspectiva de hacerla converger con la insurrección  magonista que preparaba para mediados de  septiembre de 1906.
 
 
En Santa Eulalia, donde los mineros  manifestaron su solidaridad  con los ferroviarios, se encontraba uno de los principales núcleos  conspirativos del PLM, liderado por Rafael Valle. En Parral, antiguo pueblo  minero de Chihuahua, los mecánicos Antonio Balboa y José Torres preparaban  el estallido de otro foco revolucionario,  contando para ello con la participación de los ferroviarios mediante acción huelguística. El control gubernamental ejercido sobre la correspondencia permitió incautar  un valioso  material epistolario de los magonistas, que permitió detectar los centros conspirativos  de parral y Santa Eulalia  y proceder  a su represión y desarticulación.
 
 
En 1908  el PLM decía tener comprometidos a 67 clubes liberales en el desarrollo de una nueva ofensiva militar. No obstante, la cohesión del PLM  se vio resentida por pugnas en su interior. Discrepancias  tácticas y programáticas terminaron  por enfrentar al ala  anarquista  y militarista de los hermanos Flores Magón  y Práxedes Guerrero, con el ala socialista de Antonio Villareal  y Manuel Sarabia, al punto de quedar excluidas estos últimos de la campaña militar que se venía preparando bajo iniciativa y  responsabilidad anarquista.
 
 
A partir de 1905 las divergencias  en el interior del PLM se desarrollaron al ritmo del proceso  de su expansión  y lucha contra el régimen porfirista. Al primer disenso con el sector liberal moderado de Camilo Arriaga en torno al programa de 190, le siguió una controversia  mucho más corrosiva entre socialistas y anarquistas por la actividad conspirativa en que ya se hallaban envueltos.  Ciertas acciones  discordantes durante la huelga minera de Cananea, la rebelión obrera en Río Blanco y las huelgas ferrocarrileras de 1906 y 1908 aportan evidencias  de un disenso  práctico que no sólo conmovía la unidad de la Junta Central del PLM, sino que alcanzaba al conjunto federativo de sus clubes locales.
 
 
La ubicación itinerante  de la Junta organizadora del PLM en territorio  norteamericano (San Louis Missouri, El Paso, Arizona, Los Ángeles) fue afectada por las detenciones periódicas de sus cuadros, pero también por las presiones  e influencias diversas de los moderados socialistas norteamericanos liderados por E. Debs y  los  radicales miembros de la IWW, ello coadyuvó  a la escisión práctica, orgánica y política del PLM frente a la nueva coyuntura.
 
 
La captura de un grupo conspirativo  en la localidad de Casas Grandes, Estado de Chihuahua, puso en alerta a los Gobiernos de México y de los Estados Unidos sobre los alcances  de un plan magonista para tomar  por asalto Ciudad Juárez, importante población mexicana de la franja fronteriza, así como algunas  otras poblaciones.
 
 
Ante la inminente  represión gubernamental, los magonistas  decidieron de manera improvisada  proceder al ataque  de las localidades  de Palomas en Chihuahua, Biseca y las  vacas en Coahuila. Luego de golpear fuere y sorpresivamente a las fuerzas gubernamentales, los guerrilleros magonistas  se replegaron dándole  una nueva faz a la revolución en ciernes.
 
 
La nueva coyuntura estaba signada  también  por los alcaldes políticos indirectos de unas declaraciones de Porfirio Díaz  al corresponsal norteamericano Creeman, en mayo de 1908, sobre su deseo de ya no reelegirse  en los próximos comicios  electorales  y de permitir el acceso  al gobierno  a aquel partido de oposición que se formase  e inclinase a su favor  el voto ciudadano. Esta declaración  de Díaz influyó de manera polar en las filas  del PLM ahondando sus diferencias.
 
 
La escisión  del ala moderada del PLM tuvo que ver no sólo con la manera de apreciar  la perspectiva de la nueva coyuntura política en la sociedad mexicana, sino también  con la  manera de evaluar los éxitos electorales logrados recientemente por los socialistas norteamericanos. El ala moderada,  liberada orgánicamente de responsabilidad político-militar en el curso de las acciones del PLM, no podía permanecer al margen de la lucha que habían emprendido  y sostenido  por años; optó por coadyuvar  a la construcción de otro polo de dirección  y práctica anti-gubernamental. Carecía, sin embargo, de líderes carismáticos  y capacidad organizativa, lo que  los llevó a una más rápida subordinación al núcleo político-militar antirreleccionista  de Francisco I Madero.
 
 
El año  de 1909 la campaña antirreleccionista  cobró inusual fuerza propagandista con la publicación de la Sucesión presidencial en 1910, de Francisco I Madero. El general Reyes había iniciado también su campaña preelectoral como aspirante a la sucesión de don Porfirio, respaldado por el mutualismo obrero y artesanal. El reyismo se convirtió  no sólo en el factor  principal de «la crisis en las alturas», sino que a su manera tradujo con su naciente  clientelismo  obrero la crisis de vanguardia que atravesaba  el proletariado mexicano.
 
 
En el transcurso de este año el PLM ya no pudo contrarrestar  la atmósfera ideológica  prevaleciente en el país, carecía de prensa propia e influyente al dejar de publicarse Regeneración. La edición de Revolución  como vocero alternativo fracasó tras haber  sido circunstancial  y quedó  confinada al público mexicano residente en los Estados Unidos. Finalmente, no registro  en ese lapso ninguna acción política o militar sobresaliente. El PLM había terreno político.
 
 
Muy pronto tuvo el PLM un competidor en el terreno militar  en el grupo maderista que respondía así al intolerante régimen porfirista, que  censuraba  toda campaña de oposición política y encarcelaba a desterraba a sus líderes y autores.
 
 
El PLM había perdido base social entre los mineros y otros sectores  obreros y populares; había limitado además  los alcances  de su proyecto  revolucionario al no ampliar su  trabajo de propaganda, organización y combate al medio campesino y de las comunidades indígenas. Si bien Ricardo Flores Magón  venia revalorando  las experiencias de Acayucan y de los yaquis en el plano discursivo, distaba  mucho de tener capacidad para reorientar en términos prácticos al PLM.
 
 
Flores Magón estaba mucho más  preocupado por deslindar las contradicciones  que separaron al PLM del movimiento antireeleccionista  de Madero,; así, afirmó: «La revuelta de Madero no puede llamarse  revolución. ¿Por qué? Es fácil decirlo. Las masas inconscientes que han tomado el fusil  para luchar en las filas maderistas  han sido empujados  por la desesperación. Los compañeros que combaten  en las filas liberales han ido a la lucha convencida de que es un acto de justicia el expropiar la tierra a los ricos para entregárselas a los pobres. La  desesperación podrá formar caudillos y futuros tiranos, pero la convicción ilustrada, la conciencia de una finalidad social de la lucha, la certeza de que  la lucha contra la clase capitalista no puede formar tiranos, no puede encumbrar caciques porque no es para eso que los compañeros liberales  empuñan las armas, sino para liberar a un pueblo  de la cadena capitalista»
 
 
Esa práctica de golpes guerrilleros episódicos distaba mucho de poder ser entendida por los campesinos como una lucha a favor de sus intereses; se trataba de una práctica revolucionaria sin traducción  de masas. Pero esta valoración de Flores Magón  acerca de la oposición maniquea  entre los móviles pasionales  y los racionales que supuestamente escindían  al pueblo mexicano en las direcciones opuestas de antireeleccionistas y liberales, fue más subjetiva que certera.
 
 
La cultura política del movimiento popular  urbano de la región norteña –mineros, ferroviarios, capas medias-  se cohesionaba  evidentemente en torno a la lucha contra las formas autoritarias y represivas que sostenían las formas diversas de su opresión económica, pero también las  de su marginación político-cultural local: prohibición  de clubes liberales, negación de la representación  y autogobierno  municipal democrático,  censura y confiscación de periódicos  y literatura de oposición, etc. El otro eje político-cultural traducía a nivel popular la contradicción nacional/extranjero de su expresión abstracta y general a la más visible y pasional de enfrentar  a extranjeras con nombre y apellido  que real y supuestamente les conculcaba  sus derechos y aspiraciones. El ejercicio de la violencia  magonista en los poblados mineros y fabriles distó por si forma de ataque  y los blancos seleccionados de sujetarse a principios doctrinarios  ilustrados antes que a este código cultural de la política popular y regional.
 
 
La traducción y aplicación de los métodos de rebelión, sabotaje, boicot, manifestación de protesta y huelga propugnados por los magonistas, revelaron un comportamiento conductual  de masas de corte transicional, en el que se entrelazaban patrones pre-políticos rurales y políticos urbanos, así como  móviles pasionales y de conciencia coherentes con el perfil cultural de un proletariado mixto.
 
 
Este comportamiento violento de los obreros  mineros en los  centros mineros (Sierra Mojada, Cananea, Santa Bárbara,  Santa Eulalia, Parral) en sus momentos de desenfreno no apuntaban a la destrucciones de las instalaciones de trabajo, sino de todo  tipo de institución o persona que representase  en su forma más visible y descarnada  su opresión y su odio  (tiendas de crédito, extranjeros represivos y racistas)  No obstante, el motín  y la revuelta, así como el bandolerismo minero, fueron también frecuentes en la región pequeña y mediana minera situada en las faldas y laderas  de la Sierra Madre occidental.
 
 
La desarticulación de clubes del PLM  entre los años de 1906 a 1909 en los principales centros mineros, a consecuencia de la represión gubernamental y patronal, trasladó hacia otro frente de eje  social de la resistencia  anti-gubernamental.  Este último se ubicó en las zonas de contacto entre  las minas  pequeñas, los ranchos y las ciudades fronterizas con las  grandes empresas mineras  y el latifundio, en donde pasaron  más que  los clubes liberales los liderazgos  locales  de orientación popular y nacionalistas, así como las excesivas  presiones mercantiles para adquirir  los excedentes mineros y la fuerza de trabajo a viles precios. El reclutamiento de los mineros  siguió  siendo  importante según  lo demuestra la campaña  de alistamiento maderista  emprendida por José  Agustín Castro en la zona minera del  Estado de Durango (Mapimí, Villa Hidalgo, Indé y Nazos) durante los meses de marzo y abril de 1911.
 
 
Durante los años de 1910 y 1911, el PLM libró sus últimas  grandes acciones en un esfuerzo  por recuperar la hegemonía político-militar. En esas perspectivas volvió a reeditar en septiembre de 1910 regeneración que meses más tarde  asume el nuevo lema de Tierra y Libertad. No obstante, sus esfuerzos heroicos y audaces fueron infructuosos  para sacar adelante  su proyecto  revolucionario, abonando  por el contrario el terreno en favor de otros actores sociales.
 
 
Francisco I Madero  y su núcleo carecían de la iniciativa y capacidad militar  del PLM. Pero supieron  compensar e incluso subvertir esta debilidad, politizando los espacios militares de esta fuerza competidora y radical de la lucha  contra Díaz. La campaña maderista  en los pueblos  mineros,  apoyada  por los socialistas y liberales moderados que abandonaron el PLM, fue a todas luces exitosa.
 
 
Al llegar Madero al mando de sus tropas  a la población de Guadalupe, ocupada militarmente por la guerrilla magonista  de Prisciliano Silva, le mando a este último su subordinación política. Al negarse Silva al reconocer a Madero como presidente provisional, lo hizo aprehender sin  mayor oposición popular. En los meses siguientes, los maderistas siguen copando las tradicionales zonas de influencia magonista; persuasión y represión  selectiva  terminan por minar al PLM.
 
 
El 10 de mayo de 1911 Madero toma Ciudad Juárez  y precipita la firma de un acuerdo  de paz con Porfirio Díaz y su ulterior  dimisión como presidente. El 7 de julio llego triunfante a la ciudad de México. Mientras tanto el PLM  se agotaba políticamente con sus propias disidencias  en su lejano bastión de Baja California, atenazado por el cerco maderista y norteamericano, que lo hostigaban, provocaban y mellaban más políticamente  que militarmente. El PLM, en la fase siguiente de la revolución  mexicana, de tenor agrarista, sólo será  recordado  simbólicamente  a través del lema siguiente de Tierra y Libertad, que guió a Emiliano Zapata  y su ejército campesino.
 

Latest revision as of 11:23, 4 May 2011

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