Conflicto Mapuche

El conflicto mapuche se denomina al resurgimiento y reorganización de las comunidades mapuche por recuperación de tierras desde la vuelta de la democracia en Chile.

Consejo de Todas las Tierras

El conflicto forestal y el papel del Estado de Chile [editar]

Recién comenzada la década de 1990 y vuelta parcialmente la democracia, el Consejo de Todas las Tierras llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno fue el requerimiento de aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictada durante la guerra fría por el presidente Gabriel González Videla, lo que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.

En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. Sin embargo, la nueva institucionalidad que consagraba operó con la coperación de los principales referentes mapuche hasta que en 1997 sobrevino una nueva crisis. La empresa ENDESA España comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Algunos de los mapuche-pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche de una manera totalmente autoritaria.

Al mismo tiempo, en los valles centrales comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura, en predios que habían sido recuperados por los mapuches durante el gobierno de Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de grupos económicos. Los intereses de las grandes empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche; y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivó al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12). Sin embargo este informe ha sido cuestionado ya que contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche. Además el informe no ahonda en las causas del conflicto.

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco - Malleco

=criminalización de la Protesta Social Mapuche

Durante el gobierno de Ricardo Lagos la respuesta estatal al conflicto mapuche, adquirió dos principales vías. Por un lado a través de la represión policial de las acciones de los activistas mapuches, cuyo momento más critico ocurrió en 2002, durante una ocupación ilegal de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra perdió la vida por la acción de Carabineros de Chile, quienes hicieron uso de escopetas antimotines cargada con balines de plomo. Por otro lado, mediante una operación de inteligencia llamada "Operación Paciencia" dirigida desde la Sub Secretaría del Interior presidida por Jorge Correa Sutil se sindicó a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, como una organización de carácter terrorista y fue perseguida como tal, encarcelándose a sus dirigentes. Ejemplos paradigmáticos de estos cuestionados juicios fueron el llamado "Caso Loncos" -donde los Lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por "amenaza de incendio terrorista" y el "Caso Puluco-Pidenco" -donde cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista".

Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los denuncian como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano decretó la admisibilidad de la denuncia[30]

Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que el Estado chileno debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas. También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto.[31] El 2004 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.[32]

En marzo de 2006, 4 de los 9 presos mapuches condenados por ley antiterrorista iniciaron una huelga de hambre indefinida, que alcanzó más de 62 días sin lograr que el gobierno de Michelle Bachelet acceda a revisar el polémico juicio llevado a cabo bajo el gobierno de su antecesor.

En 2007 muchos grupos mapuches no han renunciado a sus demandas territoriales y muchas de sus organizaciones exigen autonomía para sus territorios, devolución de sus tierras y más oportunidades de representación política. En octubre de 2007 año se inició una nueva huelga de hambre; al finalizar el año se continuaba sin que el gobierno chileno haya dispuesto la mesa de negociación demandada por los huelguistas.

Reclamo del derecho de autodeterminación

Varias organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho a la autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblos, según reconoce la Carta de Naciones Unidas.[33] Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007[34] la comunidad internacional ha reconocido expresamente el caracter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el Relator Especial de Naciones Unidas Miguel Alfonso Martínez quien en su estudio encargado por la ONU sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”.[35]

Si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuche, muchas de las organizaciones mapuches que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990; o como los beneficios obtenidos por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales). Además organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (similar caso al reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).