El control monopólico del dinero
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El control monopólico del dinero
por Horacio Langlois [1]
Muchos enemigos del laissez-faire han denostado el dinero como una de las principales fuentes de todos los males actuales, ya que el afán de lucro, la búsqueda de ganancias, y el egoísmo que florece de las relaciones comerciales, a las que son “sometidas” las personas bajo el libre mercado, son un resultante de un instrumento “manipulador” como el dinero. El dinero, así, pasa a controlar las vidas de los individuos. Dejando de lado el que esta afirmación sea verdadera o no, el problema parece ser mucho más grave, y es que el dinero mismo es controlado por un pequeño grupo de personas, el Estado.
Aquí analizaremos las falencias del sistema monetario actual —que rige desde hace prácticamente un siglo, aunque ya venía perjudicando a la sociedad desde bastante antes—, demostrando que el control monetario por parte del Estado es uno de los más grandes problemas que exprimen a la sociedad, ya que le provee prácticamente de todo control en la economía, control que habitualmente se le va de las manos. El problema parte desde la ignorancia misma de muchos economistas, al no comprender el papel principal del dinero en una economía de mercado, y por otro lado, el hecho de que muchos economistas defiendan las recetas keynesianas de irresponsabilidad y manejo arbitrario de la oferta monetaria. Y a explicar y clarificar dichos puntos es a lo que apunta este artículo.
Comenzaremos explicando la verdadera naturaleza del dinero y cómo debemos concebirlo para comprender mejor la dinámica del mercado, cómo y porqué los Estados han adquirido el control de la emisión de dinero, la forma en que dicho control conforma el sistema monetario, y por último, las consecuencias que dicha manipulación conlleva.
Contenido |
[editar] I
Si algunos economistas políticos llegan al extremo de considerar el dinero simplemente como una “medida del valor”, esto se debe a que desconocen la auténtica esencia del dinero. Carl Menger
El error señalado por Menger en el año 1871 es un error que se extiende hasta nuestros días. La ciencia económica imperante hoy todavía considera la existencia del dinero como fruto de una convención humana, cuya finalidad era facilitar los intercambios asignándole un precio —“medida de valor”— a los productos. Llama la atención que gran parte de las corrientes económicas todavía no consideren el dinero como lo que realmente es: un producto del mercado.
El austriaco Carl Menger, en su obra fundamental Principios de economía política, de 1871, explicaba cómo las relaciones comerciales mismas, apoyadas en “el poderoso influjo de la costumbre”, había dado origen al dinero. En los primeros pasos de las relaciones de intercambio, los hombres proceden cambiando sus bienes directamente por otros productos bienes, procedimiento llamado comúnmente trueque. A medida que el comercio se desarrolla y los intercambios se realizan más periódicamente, los hombres descubren que algunos bienes poseen mayor liquidez que otros, es decir, que son más valorados y por lo tanto se intercambiaban con mayor facilidad y fluidez. El propio interés de los individuos los lleva a informarse cada vez mejor sobre las condiciones del mercado, por lo que tratan de adquirir cada vez más bienes “líquidos”, con el fin de conservar valor. Así es como ha nacido el dinero, cobrando las más diversas formas —se estima que el dinero más antiguo haya sido el ganado, y avanzando más en la historia, han ocupado su lugar la sal, el té, hasta los metales como la plata y el oro— y la teoría de Menger ha sido abundantemente comprobada en la historia.[1]
La ciencia económica a menudo ha tropezado con el problema de no poder encontrar explicación al origen del dinero, por lo que generalmente se había supuesto que fue un producto del Estado o una mutuo acuerdo entre los hombres, lo cual contradice los hechos, ya que dinero ha existido mucho antes de la aparición de los Estados —incluso antes de los reyes más antiguos—, y de haber sido así, habría quedado evidencia de un hecho de tal magnitud. Hoy en día continúan cometiéndose tales errores, al punto que la única corriente que tiene en cuenta la teoría de Menger, incluso para sus proposiciones prácticas, ha sido, justamente, la escuela de economía fundada por él mismo, la Escuela Austriaca.
[editar] II
El dinero en su origen fue una creación de la economía mercantil; aunque fue la primera de sus creaciones que los gobiernos (hasta los no mercantiles) aprendieron a apropiarse. John Hicks
El profesor inglés Sir John Hicks, en su interesantísima obra Una teoría de la historia económica, publicada en 1969, nos explica que tal control de los gobiernos sobre el dinero probablemente haya surgido en el momento en que en las relaciones comerciales se comenzaba a utilizar el oro o la plata como bien económico más líquido. Por tal motivo y por costumbre, el dinero ha sido tomado por sinónimo moneda acuñada —habitualmente con la imagen del rey sellada en ella—, por lo que ha parecido ser un producto del Estado.
Pero, ¿cuál ha sido la justificación para apropiarse dicha emisión? El hecho de que el gobernante pudiera recibir sus tributos en oro, y no en especie, le servía para poder gastar la recaudación de las maneras más variadas, lo que le rendía mayor utilidad. Otro motivo explícito ha sido el hecho de que al no poder afrontar las deudas contraídas, el gobierno recurría a la disminución del contenido metálico de las monedas de plata u oro emitidas, aduciendo a la población que el valor de la misma no procedía de sus cualidades materiales, sino del sello que le ha impreso el rey. A veces estas medidas impopulares han sido apoyadas con leyes que decretaban el curso forzoso del dinero emitido, incluso bajo penas considerables. Así el gobierno podía pagar a sus deudores en oro.
Los efectos de estas políticas son bien conocidos bajo el nombre de Ley de Gresham, que indica que —gracias a este control irresponsable de los gobiernos— el país perdía la moneda “buena” de contenido real de metal precioso, ya que, al ser cada vez más escasa, era atesorada o se exportaba —ya que fuera de las fronteras de la nación sólo se aceptaban monedas “buenas” y no falsificadas por el gobierno—, mientras que en el comercio interno circulaba la moneda “mala”. Esto se traducía en una pérdida del poder adquisitivo de la población, y un encarecimiento general de los precios por la emisión desmedida de moneda.
El control del gobierno sobre la moneda no ha variado desde entonces. Las motivaciones que lo originaron han sido el interés personal de los gobernantes, de un grupo de privilegiados, en detrimento de la población; y, repetimos, gracias a la costumbre es como tal práctica se ha visto como legítima y normal, al punto de haber sido cuestionada tan sólo por unos pocos. En este asunto, la materia del dinero tiene poco que ver: el control del gobierno ha sido tan generalmente aceptado, que el hecho de que los billetes hayan sido emitidos por el mismo le garantiza aceptación.
[editar] III
En el sistema monetario actual, que venía rigiendo desde principios del siglo XX, pero que consiguió sus últimos retoques hacia los años ’70, el valor los billetes emitidos por el Estado se encuentran sujetos a la ley de la oferta y la demanda, por lo que se considera que se hallan respaldados por el PBI, que es la suma de los bienes y servicios producidos durante un período de tiempo determinado. En el mercado monetario mundial, este dinero, denominado divisa, fluctúa con otras divisas extranjeras. De esta manera, el Estado “Benefactor” puede manipular el poder adquisitivo de la población, controlar precios, encarecer productos y privilegiar a ciertos sectores de la economía con sus políticas.
Gracias a este monopolio injustificado, la economía sufre distintos tipos de inflación y devaluación que sólo sirven para perjudicar algunos sectores en detrimento de otros. Para explicar esto, dividiremos la economía en tres sectores, utilizando como ejemplo la base productiva de Argentina. El primero será el grupo de los trabajadores asalariados; el segundo será el del sector dependiente del mercado interno —generalmente representado por la industria, el comercio, y una pequeña parte del agro—; y el tercer grupo será el sector exportador, dependiente del mercado externo. La forma en que el Estado beneficia a alguno de estos grupos o lo perjudica, dependerá de cómo manipule el dinero.
Supongamos que el Estado, para financiar sus inversiones o gastos, recurre a una expansión monetaria. El efecto inmediato será la inflación, alza general del nivel de precios,[2] particularmente de los productos dependientes del mercado interno. Así, los trabajadores ven disminuido su poder adquisitivo. Otro grupo perjudicado —en realidad, no es perjudicado directamente, sino que queda “rezagado” respecto al sector industrial-comercial— es el sector exportador, ya que los precios de sus productos dependen de los precios internacionales y de los tipos de cambio efectivos exportadores. Este fenómeno es denominado inflación de demanda. El gobierno puede optar por decretar un aumento de salarios, pero dada la estructura oligopólica de nuestro mercado, los mayores costos de las empresas serán trasladados a los precios, con lo cual el rezago del sector exportador será mayor. Esta situación suele denominarse inflación de costos. Nuevamente, ante la presión de este último grupo, el Estado puede corregir los tipos de cambio, con lo cual dicho sector se recuperará, pero si persiste la alta demanda, el sector industrial-comercial volverá a adelantarse, repitiéndose el ciclo. A esta altura, salvo el grupo dependiente del mercado interno, todos se han visto perjudicados, gracias a una medida inicial del gobierno, problema que solo puede ser solucionado perjudicando nuevamente a otros sectores. Este cuadro dramático poco frecuente se dio en la Argentina, por ejemplo, durante los primeros años del primer gobierno peronista.
Pero el problema de la inflación también puede afectar al gobierno mismo. Una vez que el Estado ha iniciado la inflación emitiendo dinero, introduciendo en la economía una nueva masa monetaria, puede producirse déficit fiscal, ya que la recaudación impositiva se realiza según precios pasados, mientras que los gastos e inversiones se realizan con los precios actuales, y por ende, más altos. Aquí el control monetario se vuelve contra el gobierno.
La llamada inflación cambiaria es una de las situaciones más complicadas, ya que conllevan a una serie de encadenamientos difíciles de subsanar. En Argentina, uno de los casos que más se han fijado en la memoria de la población, es durante el dramático gobierno de Raúl Alfonsín, a fines de la década de los ’80. Comienza con un proceso de industrialización. La industria, al crecer, necesita divisas para adquirir materias primas y bienes de capital —ya que son adquiridas por importación—, por lo que la necesidad de divisas es proporcional al crecimiento industrial. Pero como la industria no exporta, el sector agropecuario exportador debe financiarle las divisas, y dado que existe una disparidad entre la magnitud de un sector y otro, no crecen a la misma velocidad, produciéndose una brecha entre la provisión y la necesidad de divisas. Para cubrirlo, el Estado recurre a los préstamos e inversiones extranjeras —típico caso en el que el gobierno se endeuda para que se beneficie uno de los sectores de la economía. Si el déficit comercial persiste, el proceso acabará con la retracción del crédito, la pérdida de la reservas de divisas y caerá en una virtual cesación de pagos.
La reacción usual del Estado es una devaluación, proceso mediante el cual se disminuye el valor de la moneda nacional con respecto a la divisa extranjera, lo cual conlleva una pérdida del poder adquisitivo de dicha moneda, pero es justificado porque “estimula las exportaciones”.[3] Como las exportaciones aumentan, ingresan más divisas, pero como contrapartida, hay un encarecimiento general de los productos del mercado interno, ya que las empresas adquieren materias primas importadas más caras debido a la desvalorización de la moneda. Vuelve a producirse una “transferencias” de costos a los precios, dada la estructura monopólica del mercado. Nuevamente, el sector más perjudicado es el de los asalariados, que ven disminuir dramáticamente su poder adquisitivo. Gracias a este mecanismo, hay mayor iliquidez —disminución del dinero circulante—, la demanda disminuye notablemente, lo cual puede provocar recesión —crecimiento negativo del PBI—, y surgen problemas de recaudación impositiva como mencionamos anteriormente.
Se argumenta que esta situación de iliquidez y recesión se soluciona sola. Ante la deuda externa contraída por el gobierno, existe una necesidad de divisas, la cual es subsanada por la iliquidez, que provoca tasas de interés altas, incentivando a los capitales extranjeros y el ingreso de divisas. A su vez, con la recesión disminuye la producción y la necesidad de insumos importados, lo cual también reduce la necesidad de divisas. A todo esto, el sector asalariado se ha visto perjudicado debido a la fuerte inflación producto de la devaluación, solo que esta vez se suman las tasas de interés altas, que se agregan a los costos; y por otro lado, vuelve a perjudicarse la recaudación impositiva. Esta espiral interminable e innecesaria, llena de desajustes y desequilibrios financieros, es causada por los caprichos del mismo Estado. De todos modos, la entrada de divisas sanea la deuda externa y acaba con el déficit, pero a costa de todos. Y eso no es todo: como los salarios reales han disminuido, no es de esperarse la presión sindical y gremial, con lo que el ciclo vuelve a reanudarse. Este panorama, el más dramático, viene dándose en la Argentina desde el gobierno peronista hasta nuestros días, prácticamente todas las décadas.
[editar] IV
Como vemos, el mercado está enteramente dominado por el Estado. Es él quien decide si se prioriza las exportaciones o las importaciones, si se beneficia a un sector o a otro, si desvaloriza la moneda —y por ende el ahorro de la población—, si fuerza los precios a la suba, etc., y todo mediante la moneda monopolizada. Hay una diferencia categórica entre el dinero natural, producto del mercado, escogido por las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda, y, en última instancia, por la valoración individual, y el papel-moneda emitido coactivamente y controlado arbitrariamente por el Estado. El dinero como bien más líquido, cuya última evolución es el billete de banco respaldado por las reservas del mismo, se caracteriza por conservar el valor de la riqueza propia. El papel-moneda posee valor en tanto el Estado así lo desee, ya que es considerado simplemente como un “medio de pago” o “medida de valor”.
Los problemas de la economía no pueden ser solucionados por el Estado si no es mediante la producción de más problemas. Este problema se encuentra enraizado en la sociedad desde hace tiempo, y hasta ha adquirido legitimación intelectual gracias al auge del keynesianismo y las políticas derrochadoras e imprevisoras que ha impulsado. Básicamente, el Estado desde hace un siglo actúa produciendo desastres económicos tratando de facilitar el desarrollo, y luego emparchándolos sacrificando el desarrollo futuro.
Podríamos concluir el artículo con un análisis de la política monetaria contrapuesta a la monopólica, es decir, la banca libre, pero la extensión del mismo sería demasiada. Es un tema para analizar a fondo, por lo cual será mejor dejarlo para más adelante. No obstante, terminaremos este análisis sobre el control arbitrario de la economía por parte del Estado de Bienestar con una cita del genial economista James M. Buchanan:
Muchas veces he pedido a la audiencia y a los lectores que se ubiquen mentalmente a fines del siglo XVIII, particularmente como lo representaban David Hume, Adam Smith y los padres fundadores de América, especialmente James Madison. Estas y otras figuras importantes del Iluminismo no pensaban en términos de cómo el Estado —la organización colectiva— podía promover el bienestar de los individuos; su principal interés radicaba en evitar que el Estado tiranizara a los individuos. […] El tema principal era: cómo limitar el poder político. A estos filósofos sociales no les interesaba responder a la pregunta: ¿Cómo puede el Estado activamente promover el bienestar de los ciudadanos?
Ese escepticismo del siglo XVIII acerca de la política y los políticos, en realidad acerca de toda la gobernabilidad política, desapareció en el siglo XIX. Podemos identificar varias fuentes que provocaron este cambio. El romanticismo alemán surgió para contraponerse al liberalismo clásico, y este romanticismo estuvo acompañado de la noción hegeliana de que el hombre finalmente se realiza a sí mismo por completo solamente en la experiencia colectiva. Una segunda fuente invoca a lo que he llamado “la falacia electoral”. […] La Revolución Francesa finalmente ocurrió y la soberanía popular adquirió significado genuino en las actitudes del público. Era de esperar que este giro produjera una suavización del escepticismo acerca de la eficacia de la política como así también del comportamiento de los políticos. Si nosotros, el pueblo, podemos deshacernos de los opresores, ¿Por qué nos deberíamos preocuparnos por controlar al nuevo poder?
Finalmente, el genio de Karl Marx nunca debe subestimarse. […] Él, y sus seguidores, inteligentemente se abstuvieron de una definición cuidadosa de la alternativa socialista; de esta manera que la imaginación romántica volara para construir utopías inviables. […]
El siglo XIX se caracteriza por la maduración de las ideas del Estado Benefactor de Bismarck en general, se pasó de transferencias estatales limitadas a transferencias masivas al llegar el final del siglo —un proceso que pudo llevarse adelante sin inhibiciones luego de los desajustes de las dos grandes guerras y de la Gran Depresión entre ocurrida entre ellas. El moderno Estado Benefactor llegó a todo su esplendor sólo después de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que esto haya ocurrido temporalmente junto con la demanda de recursos de la Guerra Fría confirma la popularidad política de los programas de transferencias fiscales y también sugiere el desequilibrio potencial cuando y si los compromisos insostenibles hacen cobrar conciencia al público.[4]
[editar] Notas
- ↑ Ya hemos descrito la teoría de la liquidez de los bienes de Carl Menger en otras publicaciones, ver, por ejemplo Revalorización de las ideas gesellianas o La teoría marxista de la explotación.
- ↑ Se producen muchos errores respecto a la definición de inflación. Se considera generalmente como una suba generalizada de precios, sin tener en cuenta que la inflación conlleva una reestructuración en los precios relativos. Esto dificulta la explicación de sus causas, muchos economistas en la Argentina ni siquiera tocan el tema de la emisión de dinero al tratar el tema de la inflación, es más fácil explicar tal fenómeno mediante un “aumento de la demanda”, o un “aumento en los costos de las empresas oligopólicas que dominan el mercado”. Dichos aumentos, a su vez, son una consecuencia, justamente, de la emisión desmedida de dinero por parte del Estado, y no causa de la inflación. El nuevo dinero emitido no ingresa a la economía de manera homogénea, sino que ingresa por sectores específicos, lo que aumenta el poder adquisitivo de los mismos. De esta manera, los precios aumentan a medida que el nuevo dinero circula por la economía, siendo los más perjudicados por el aumento de precios los últimos sectores a los que llega la masa monetaria.
- ↑ En la Argentina estamos acostumbrados a la devaluación. Las exportaciones aumentan, pero esto conlleva un deterioro en los términos de intercambio: hay que vender más para poder comprar lo mismo que antes o más. La idea de incentivar la exportación es, obviamente, una medida totalmente antieconómica, por más que los precios propios se vuelvan más competitivos. Es sabido que, para alcanzar el bienestar, es necesario aumentar la riqueza propia, lo cual se consigue con mayor poder de compra, y no vendiendo. Las políticas exportadoras e impulsoras de devaluaciones no son más que una excusa para el agotamiento de la riqueza propia.
- ↑ James M. Buchanan, ¿Pueden los “estados benefactores” en democracia sobrevivir a las crisis financieras?, 1997.
